La regularización de inmigrantes en España volvió a instalarse en el centro del debate político tras la aprobación de un real decreto que busca dar papeles a cientos de miles de personas en situación irregular. La medida, impulsada por el Gobierno, generó una inmediata reacción de la oposición, que cuestiona tanto su alcance como sus condiciones. El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, elevó el tono al advertir sobre lo que considera un riesgo en la aplicación de la norma. Sus declaraciones abrieron un cruce directo con el Ejecutivo, que niega de forma tajante las acusaciones y defiende que el proceso mantiene requisitos estrictos en materia de seguridad. El presidente del PP sostuvo que el decreto podría permitir la regularización de inmigrantes con antecedentes policiales, una afirmación que marcó el eje de su crítica. En los pasillos del Congreso, aseguró que el Ejecutivo pretende dar papeles a personas que han cometido delitos. “El Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar al inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o ha robado a un ciudadano”, afirmó Feijóo ante los medios. El dirigente popular también cuestionó la falta de cifras oficiales sobre el alcance de la medida. Según sus palabras, el Ejecutivo “sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos”, lo que, a su juicio, impide evaluar el impacto real de la decisión. Desde el Ejecutivo, la respuesta fue inmediata. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, rechazó las afirmaciones de Feijóo y defendió que la normativa mantiene condiciones claras para acceder a la regularización. “Carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería”, afirmó la ministra, que acusó al líder del PP de actuar por “desconocimiento o mala fe”. El decreto, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece que los solicitantes deben no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público. Además, se exige acreditar residencia previa en España y cumplir con otros requisitos administrativos. Las estimaciones del propio Gobierno sitúan el número de beneficiarios en torno a 500000 personas, aunque recalca que se trata de cálculos y no de cifras definitivas. El impacto de la medida no se limita al enfrentamiento entre Gobierno y oposición. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ya anunció que prepara un recurso ante el Tribunal Supremo al considerar que el decreto afecta a los servicios públicos sin prever financiación suficiente. Desde el Ejecutivo autonómico se advierte que la regularización podría generar “saturación” en áreas clave y un posible “riesgo de quiebra de la convivencia”, en línea con las críticas sobre un supuesto efecto llamada. En paralelo, el Congreso también reflejó la división política; una iniciativa del PP, apoyada por Vox, para frenar el proceso fue rechazada en comisión. Durante el debate, los partidos evidenciaron posiciones opuestas sobre la política migratoria en España, con acusaciones de endurecimiento del discurso por parte de la oposición y de falta de control por parte del Gobierno. El cruce de declaraciones y la judicialización anunciada anticipan un recorrido largo para una medida que ya impacta en el tablero político. Mientras el Gobierno defiende la regularización como una herramienta necesaria, la oposición insiste en que el debate no está cerrado y que sus efectos aún están lejos de resolverse.