El Gobierno enviará al Congreso un nuevo régimen de inversión denominado “Súper RIGI”, un esquema que contempla beneficios impositivos con el objetivo de acelerar el desembarco de capitales en sectores puntuales e incentivar la generación de empleo. Según expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, el régimen promoverá una mayor industrialización de los recursos naturales y el desarrollo de nuevas cadenas de valor. De esta manera, el “Súper RIGI” apunta a actividades —litio, proyectos de hidrógeno verde, autos eléctricos, producción de paneles solares y turbinas eólicas, entre otros— que hoy no se desarrollan en Argentina. El objetivo no solo es impulsar inversiones y fomentar la creación de puestos de trabajo, sino también nutrir los recursos del Estado —vía recaudación— mediante la llegada de industrias de alto valor agregado. Al respecto, Caputo informó que el esquema prevé una alícuota del impuesto a las Ganancias del 15%. También incorpora la amortización acelerada, que permite computar el 60% de las inversiones durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años posteriores. El esquema, que estará sujeto a la adhesión de provincias y municipios, incluirá una alícuota de Ingresos Brutos inferior al 0,5%. A su vez, las respectivas jurisdicciones deberán aceptar tasas municipales que no estén vinculadas al nivel de ventas. El régimen contempla, además, la exención de derechos de exportación desde el inicio del proyecto y la exención de aranceles para las importaciones destinadas a la puesta en marcha de esos proyectos. En definitiva, el “Súper RIGI” es una propuesta novedosa desde el punto de vista industrial. Al no haber margen fiscal —la recaudación nacional encadena nueve meses de caída real interanual y la coparticipación, cuatro— ni la posibilidad de entablar un diálogo entre los distintos niveles de gobierno para simplificar el sistema tributario, el nuevo esquema apunta a sectores donde la baja de impuestos puede atraer inversiones e incrementar el flujo de dólares. La Ley de Economía del Conocimiento —enfocada en software, biotecnología, industria aeroespacial, satelital y nuclear, robótica y nanotecnología, entre otras—, impulsada durante la gestión de Mauricio Macri, guarda una similitud con el “Súper RIGI”. Ambas iniciativas parten de una misma base: promueven una reconversión productiva en sectores clave en un contexto donde no hay consenso para reducir o eliminar gravámenes. “En general, los regímenes de promoción buscan incentivar inversiones para promover el desarrollo económico de una zona del país o sector económico. Se busca incrementar exportaciones y fomentar la creación de empleos. La llegada de nuevas actividades económicas generaría ingresos tributarios que hoy no existen, lo que parece razonable si la causa es la carga tributaria y la falta de seguridad jurídica”, explicó Diego Mastrogostino, contador y gerente del Departamento Tributario en Bertazza, Nicolini, Corti y Asociados. El “Súper RIGI” no resuelve el drama fiscal de la economía. Tampoco lo hicieron el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —busca atraer proyectos de más de u$s 200 millones a cambio de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, y estabilidad jurídica por 30 años— ni el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) —apunta a estimular la inversión de pymes mediante beneficios fiscales para montos de hasta u$s 9.000.000—. Si bien se trata de herramientas atractivas para promover actividades estratégicas o regiones específicas, los beneficios fiscales operan solo como un parche de competitividad. Surge entonces el interrogante central: ¿estos regímenes son una solución genuina o nacen de la imposibilidad política de encarar una reforma tributaria integral y un nuevo pacto fiscal? Desde IDESA advierten que la principal debilidad de estos esquemas es que generan “asimetrías desventajosas para las inversiones que no acceden a los beneficios especiales”. En otras palabras, se crean islas de competitividad en un océano de alta presión tributaria. Para los especialistas, el camino no es la segmentación, sino aprovechar la actual pax financiera para eliminar el cepo —se levantaron las restricciones a personas humanas, pero no a las empresas que quieren girar dividendos— y avanzar hacia un ordenamiento integral del sistema tributario. “Es mejor crear condiciones amigables para todos los proyectos de inversión”, sostienen, a la vez que reiteran la necesidad de avanzar en la creación de un “Súper IVA” que absorba Ingresos Brutos y las tasas municipales sobre las ventas, simplificando de raíz la estructura impositiva argentina. A pesar de que el presidente Javier Milei anticipó el envío de un proyecto para modificar el esquema impositivo, el Gobierno no planea, por ahora, una reforma tributaria integral. Entonces, ¿es posible un nuevo pacto fiscal? En la reciente ExpoEFI, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza) coincidieron en la urgencia de reformar el sistema y reclamaron una mayor coordinación con la Nación. “Es imperativo un nuevo acuerdo fiscal; hay que reflotar la idea de 2017. Es fundamental eliminar los impuestos extorsivos, y deben hacerlo la Nación, las provincias y los municipios”, sentenció Frigerio. Sin embargo, hoy no parece viable un consenso de tal magnitud que apunte, simultáneamente, a limitar el gasto público y a eliminar gravámenes de alta incidencia en la recaudación y el PBI. El caso de Ingresos Brutos es el más crítico: este tributo provincial representa, en promedio, el 80% de los ingresos de los fiscos locales y tiene un peso del 4% del PBI. Una situación similar ocurre con Ganancias, un impuesto coparticipable cuya alícuota la actual administración intentó reducir recientemente —del 35% al 31,5% (tramo máximo) y del 30% al 27% (tramo intermedio)— mediante un artículo de la reforma laboral que no prosperó. “Hay varios factores que explican el surgimiento de estas ‘reformas fiscales sectoriales’ tales como el RIGI, el RIMI y ahora el Súper RIGI: por un lado, la falta de consensos interjurisdiccionales torna inviable una reforma integral que exigiría rediscutir la coparticipación, armonizar tributos como IVA e Ingresos Brutos, y revisar regímenes nacionales como Ganancias o Bienes Personales, algo políticamente bloqueado en el escenario actual”, sintetizó Alejandra Sarni, contadora y socia de Impuestos de BDO Argentina. No obstante, la especialista recordó que el debate sobre una reforma tributaria integral, que incluya la rediscusión de la Ley de Coparticipación Federal, lleva al menos 30 años sin resolución efectiva. “La alta litigiosidad tributaria estructural —con más de 170 tributos distorsivos y superpuestos entre Nación, provincias y municipios— desalienta cualquier intento de simplificación sistémica, por lo que este tipo de regímenes especiales permiten ‘saltar’ ese entramado y ofrecer al inversor un perímetro o ‘microclima’ fiscal simple, estable y controlado“, agregó. De esta manera, el Ejecutivo nacional encontró en el “Súper RIGI” una nueva ventana de oportunidades. El objetivo es claro: esta propuesta configura una “segunda generación del RIGI”, enfocada en atraer inversiones de alto impacto territorial vinculadas a proyectos tecnológicos e industriales con una elevada proyección exportadora y de empleo. “Se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que multiplicarán la cantidad de empleos”, señaló Milei al anunciar el proyecto. Aún falta conocer la letra del proyecto oficial, aunque, a priori, será una herramienta que se aplicará a sectores que nunca existieron en Argentina.