A menos de una semana de la presentación del Presupuesto 2027, el foco ya no está puesto en la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores en un año electoral. Dos trabajos con enfoques distintos repasaron esa relación y llegan a una conclusión parecida: la mejora de los recursos que las provincias reciben por ley convive con un achicamiento de los que dependen de la decisión del Ejecutivo.

El primer informe, es “Las provincias en el Presupuesto”, de la consultora Politikon Chaco, un análisis técnico de las transferencias a los distritos.

El segundo es “El látigo y la billetera. Presupuesto 2027: los números de las provincias (en un año electoral)”, elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel, con una lectura política explícita del mismo proyecto.

Según Politikon, las transferencias automáticas a provincias y CABA alcanzarían los $104,03 billones en 2027, equivalentes al 7,3% del PIB, con un alza real de 7,5% frente a 2026.

En cambio, las no automáticas sumarían $2,59 billones: 1,8% menos en términos reales que el cierre estimado del año en curso y 35,5% menos que en 2025.

Dentro de ese universo, las de capital pasarían de $158.556 millones a $153.342 millones, una baja de 3,3% nominal y de 20% real, con la inflación que supone el propio proyecto. La consultora aclaró que no es posible determinar cómo se distribuyen las no automáticas por jurisdicción, porque el nivel de apertura de los datos no lo permite.

En este sentido, Politikon advierte que la mejora de la coparticipación no alcanza para todos los distritos si se la compara con 2023.

El consolidado de provincias y CABA quedaría 0,2% por debajo de aquel año en términos reales: solo ocho jurisdicciones lo superarían (Buenos Aires, Chubut, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego), mientras que las otras dieciséis seguirían con caídas. Santa Fe (-1,9%) y Córdoba (-1,8%) son las que más rezago acumulan.

Además, la consultora recoge además la proyección oficial para las cuentas subnacionales: un superávit primario de 0,20% del PBI, contra un resultado equilibrado en 2026, y un déficit financiero que bajaría de 0,29% a 0,04%. Según el informe, los ingresos provinciales crecerían 4% real y el gasto 2,3%.

Es sobre esa estructura que Michel monta su análisis. Su informe pone el foco en la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 a $14,8 billones. Dentro de ella, el Programa 99, “Otras Asistencias Financieras”, concentra $7,7 billones.

Según el relevamiento del diputado, ningún artículo del proyecto lo crea ni fija criterio de reparto, y su única descripción es “diversas asistencias financieras para la atención de distintos sectores económicos y sociales”.

Los artículos 5 y 10 habilitan a la Jefatura de Gabinete o al Poder Ejecutivo a reasignar partidas. Michel la define como una “caja para negociar” con las provincias.

De los $7,7 billones, $3,66 billones corresponden a “Seguridad Social”: $2,0 billones figuran repartidos por provincia y $1,63 billones aparecen como “Nacional”, sin destino declarado.

Además, en la clasificación por destino, el grueso figura como transferencia al sector privado y no a gobiernos provinciales.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el fondo históricamente asociado a la negociación política con los gobernadores, son el punto donde ambos trabajos se tocan.

El proyecto prevé $300.994 millones para 2027. Politikon recuerda que en 2026 el crédito original fue de $569.426 millones, pero en mayo sufrió un recorte de $320.671 millones y quedó en $248.755 millones. Con ese piso, calcula que el monto de 2027 se mantendría estable en términos reales (+0,1%) y quedaría 9,3% por debajo de lo ejecutado en 2025.

La consultora marca, además, una paradoja: mientras los recursos automáticos crecerían 7,5% y el fondo que alimenta los ATN lo haría a un ritmo similar, su distribución correría muy por detrás, por lo que prevé una considerable subejecución.

Michel llega a la misma zona con otro número: $1,9 billones de ATN acumulados sin repartir al 31 de mayo de 2026, y lo presupuestado equivale, según su cálculo, a un cuarto de lo que recauda el fondo.

Algo similar observan ambos con las cajas previsionales provinciales no transferidas.

El artículo 60 asigna $503.326 millones a través de ANSES, contra $409.343 millones del crédito vigente en 2026, que originalmente era de $122.763 millones y se amplió en julio a medida que se firmaron convenios.

Desde Politikon subrayaron que, aunque exista el crédito, será ANSES la que determine si corresponden las transferencias y con quién se firman los convenios.

Michel agrega que solo podrán requerir anticipos las provincias con un déficit reconocido en un acuerdo de 2021 o posterior, que el Ejecutivo puede ampliar ese límite y que la cifra queda lejos de los cerca de $2,5 billones que ANSES debería girar a las trece cajas.

En la obra pública, el diputado aporta el dato más gráfico. Los proyectos de inversión nacionales localizados en provincias suman $1,06 billones, apenas el 1% de lo que los distritos reciben por coparticipación y 0,07% del PBI.

Córdoba recibe $0,18 por cada $100, San Luis $0,19 y Chaco $0,21, mientras que Santa Cruz encabeza el ranking con $6,26, seguida por Salta con $3,29.

Michel advirtió que el Mensaje proyecta que las provincias aumenten su gasto de capital 46,1% (unos $8,0 billones) mientras Nación les gira menos fondos para obras.

En este sentido, el diputado señala que el esquema descansa en supuestos sensibles. Si IVA y Ganancias crecieran al ritmo del PIB nominal y no con las elasticidades de 1,4 y 1,9 que asume el proyecto, la coparticipación llegaría $3,4 billones corta.

A eso suma el riesgo cambiario: más del 80% de la deuda provincial está en moneda extranjera y en 2027 los distritos deberán afrontar $13,16 billones de servicios, con un dólar presupuestado en $1.847,6 a diciembre, 8% debajo de lo que proyecta el REM.

En el articulado, el capítulo dedicado a las relaciones con las provincias tiene tres artículos, del 60 al 62, y los tres refieren a deuda.

El artículo 62 habilita al Ministerio de Economía a acordar “quitas, espera, compensaciones” provincia por provincia. Y según el relevamiento de Michel, el proyecto no incluye una distribución automática de los ATN ni define el destino del stock de $1,9 billones acumulado. A esto último, el diputado lo definió como la “caja de negociación” de Caputo.