La reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió al centro de la escena política con una modificación técnica que ha generado consenso en algunos sectores empresariales y preocupación en los sindicatos. No está en los titulares sobre despidos o convenios colectivos, sino en cómo se pagarán las sentencias laborales, un punto que emergió como foco de disputa apenas horas después de que se firmara el dictamen en el Senado.
Ese dictamen, obtenido el 18 de diciembre, fue rubricado con el compromiso explícito de que quedaría “abierto a modificaciones” mientras se trabajaba por consensos más amplios antes del tratamiento en el recinto.
Así lo explicó Patricia Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo en el Senado: “Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero… este dictamen va a seguir vivo, para seguir modificándolo”.
Entre los primeros ajustes introducidos está un cambio en el régimen de pago de condenas laborales. El texto original habilitaba al juez a autorizar el pago de una sentencia “en hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas” sin distinción según el tamaño de la empresa.
El dictamen mantiene esa regla general, pero agrega una excepción explícita para las micro y pequeñas empresas, que podrán disponer el pago en hasta dieciocho (18) cuotas.
Más allá de su apariencia técnica, ese matiz tiene una lectura política y económica concreta. Las grandes empresas celebran la consolidación de un esquema claro de pago en cuotas, que reduce incertidumbre financiera tras un fallo adverso.
Por su parte, las Pymes ven con beneplácito la extensión del plazo, ya que les brinda mayor margen para cumplir con obligaciones sin comprometer su liquidez ni su capacidad de sostener empleo.
El Gobierno, por su parte, ha señalado que esta modificación atiende a una preocupación real de las firmas de menor tamaño, que suelen tener menor espalda financiera y menor acceso al crédito.
En un contexto de inflación y costos crecientes, el argumento oficial es que una sentencia judicial no debería empujar a una empresa viable a cerrar o perder puestos de trabajo por un plazo corto de cumplimiento.
Sin embargo, los sindicatos observaron con recelo la modificación. Para las centrales obreras, alargando los plazos de pago se corre el momento en que el trabajador efectivamente recibe lo que dictó la justicia, lo que puede diluir la función reparadora y disuasiva de las sentencias laborales.
En su acto de diciembre y en las conversaciones con legisladores provinciales, dirigentes gremiales de la Confederación General del Trabajo han advertido que este tipo de cambios puede ser parte de un paquete más amplio de rebajas de costos para las empresas que, en su opinión, erosionan derechos laborales.
Esa tensión se inscribe en un clima político más amplio: tras no haber logrado que la reforma laboral se debata y se vote en diciembre, el Gobierno decidió posponer la discusión para el 10 de febrero, con la intención de incorporar ajustes que faciliten consensos.
La introducción del cambio en los pagos de sentencias no hace más que asegurar el apoyo de empresarios que ya han mostrado su beneplácito por la iniciativa, pero aleja aún más el diálogo con los representantes de los trabajadores.
En ese sentido, la CGT ya trabaja en su plan de presión, que según fuentes sindicales, apunta a dificultar el trámite político en ese nuevo intento.
En la negociación política que empieza en enero, ese punto específico podría ser objeto de nuevos ajustes.
El hecho de que el dictamen esté abierto a cambios, como enfatizó Bullrich, implica que aún no es un texto cerrado irrevocablemente, sino un borrador con consensos parciales que deberá transitar múltiples instancias antes de convertirse en ley.
En definitiva, ese ajuste técnico del esquema de pago de sentencias se volvió un símbolo de la disputa más amplia: cómo equilibrar las cargas entre empresas y trabajadores en un ordenamiento laboral renovado, y quién define ese equilibrio político en el Congreso.
