Tras la media sanción a la Reforma Laboral que le dio el Senado este jueves por la madrugada, ya se conocieron los puntos principales del proyecto que fue elevado al Congreso y podría ser aprobado como ley si la cámara de Diputados también le da la mayoría. El pliego recibió distintas modificaciones respecto del texto original y ahora deberá ser tratada por la la cámara baja para completar el proceso parlamentario. En esta línea, la nueva normativa incluye cambios en vacaciones, despidos, horas extra, indemnizaciones y aportes. Entre los ejes centrales de la nueva Reforma Laboral se encuentran la reducción de contribuciones patronales y la incorporación de mecanismos de flexibilización en la organización de la jornada y en la estructura salarial. La reforma modifica la base para el cálculo de las indemnizaciones por despido. El texto establece que ya no se tomarán en cuenta determinados conceptos como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. La normativa también fija un tope salarial como referencia para calcular la liquidación final. La base remuneratoria no podrá superar tres veces el salario promedio mensual previsto en el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. En cuanto a la actualización de los montos, se dispone que las indemnizaciones se ajustarán por inflación y se agregará un incremento adicional del 3% anual. Para pequeñas y medianas empresas se habilita la posibilidad de realizar el pago en cuotas. Respecto a las vacaciones, el empleador deberá conceder el período de descanso anual entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes podrán acordar fechas diferentes por mutuo acuerdo. Sobre la jornada laboral, se autoriza ampliar la carga diaria de ocho a doce horas, con la condición de respetar un descanso mínimo de doce horas entre jornadas. Para las horas extra, empleador y trabajador podrán pactar un régimen de compensación mediante un banco de horas o a través de francos compensatorios. Además, se incorporan contratos a tiempo parcial por períodos inferiores a la jornada legal. El texto incluye un conjunto de medidas enfocadas a mejorar el registro en blanco de trabajadores y a la incorporación de empleo formal. Para este avance, se creará el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER). Esta nueva iniciativa busca regularizar las relaciones laborales no registradas o con deficiencias en su inscripción. De esta forma, se contemplará la extinción de sanciones, deudas y acciones penales vinculadas al incumplimiento de aportes y contribuciones a la seguridad social. La reglamentación quedará a cargo del Poder Ejecutivo. Por otro lado, se establece la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses originadas en la falta de pago de aportes. También prevé la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de acciones penales previstas en el Régimen Penal Tributario. El proyecto introduce modificaciones en la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo. Entre los objetivos de la nueva normativa, se encuentra acelerar el traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de los aparatos judiciales de la localidad competente. También se establecen medidas orientadas a reducir la duración de los procesos judiciales. Los acuerdos firmados entre trabajadores y empleadores ante la Justicia o una autoridad laboral, una vez homologados, tendrán el mismo valor que una sentencia firme y no podrán ser reabiertos posteriormente. Por último, la reforma anunció la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que tendrá vigencia por dos años y estará destinado a pequeñas y medianas empresas. El esquema permite aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para bienes muebles nuevos (excepto vehículos) y para obras vinculadas a actividades productivas realizadas en el país. También se habilita la devolución anticipada de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de hasta tres períodos fiscales. El monto mínimo de inversión requerido para ingresar al RIMI varía según el tamaño de la empresa y oscila entre 150.000 y 9 millones de dólares. Con la media sanción del Senado, el proyecto de reforma laboral deberá ser tratado en la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva o la introducción de nuevos cambios que lleven a que el proyecto se vote nuevamente en la cámara alta.