ESTRATEGIA DIPLOMATICA

Boliviagate: la unidad antilavado pidió investigar a Macri por contrabando de armas

La UIF presentó un escrito en la Justicia para avanzar en la causa por presunto lavado y contrabando en el supuesto envío de armas para apoyar el golpe a Evo Morales

En una nueva embestida que apunta a poner a Mauricio Macri en mayores complicaciones judiciales por el denominado "Boliviagate", la Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un escrito en la causa que se tramita la denuncia judicial elevada por el gobierno de Alberto Fernández para que se investiguen los presuntos delitos de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y eventuales delitos precedentes de lavado de activos por el supuesto contrabando de armamentos para apoyar el golpe de Estado contra el ex presidente Evo Morales.

Según consignaron a El Cronista fuentes de la UIF que lidera el kirchnerista Carlos Cruz, la unidad antilavado se presentó en la causa CPE 722/21 que tramita en el Juzgado Penal Económico 9, Secretaría 17, solicitando se le autorice investigar que las maniobras desplegadas tras el Golpe de Estado realizado contra el gobierno constitucional de Evo Morales y aconsejaron investigar la "falta de control por parte de empleados y empleadas de la Aduana" con la participación de funcionarios y funcionarias que ostentaban, al momento de los hechos, las máximas responsabilidades institucionales en la Administración de los bienes del Estado.

En el escrito que elevó la UIF a la justicia todos los hechos que son investigados por el supuesto envío de pertrechos militares para apoyar el accionar represivo de la policía contra los manifestantes socialistas de Evo Morales, darían pie para investigar también la traza del equipamiento, su destino final, y su eventual introducción en el mercado ilegal de armas.

Allegados a Cruz destacaron que la presentación que hizo la UIF se realizó "a los efectos de solicitar tomar vista de las actuaciones de modo de contar con información que permita, en su caso, promover querella penal contra los imputados". 

A la vez, detallaron que entre los presuntos delitos que investigará la unidad antilavado para aportar a la causa judicial aparecen claramente el de contrabando agravado de armamento bélico, malversación de caudales públicos y eventuales delitos precedentes del lavado de activos como contrabando.

La intención de la UIF es dar un paso más en la investigación judicial que pidió el gobierno donde Mauricio Macri y casi un decena de sus ex funcionarios aparecen en el expediente por el envío de municiones a Bolivia.

La decisión de avanzar con el escrito de la UIF a la Justicia fue avalada por el presidente Alberto Fernández al igual que la denuncia que presentaron la semana pasada el ministro de Justicia, Martín Soria, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP. Allí se denunció penalmente a Macri por el "contrabando ilegal de armamento y municiones" que, según la acusación, la gestión anterior envió a Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

Desde la Casa Rosada y en el Instituto Patria que lidera Cristina Kirchner están convencidos de que esta causa judicial se convertirá en un verdadero problema para Macri, mucho más incluso que la causa por la quiebra del Correo Argentino. En la oposición no piensan lo mismo y creen que se trata de una maniobra de distracción. 

Por otra parte, el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, presentará el lunes con autoridades de Bolivia parte del material bélico que supuestamente se envió a La Paz para apoyar a la policía que reprimió a los manifestantes de Evo Morales.

Según expresó Basteiro, "a Bolivia llegaron armas en forma clandestina. Hubo contrabando" y remarcó: "los pertrechos con la que llegaron los gendarmes a Bolivia fueron tramitados por la embajada argentina. En ningún lado figuran los 70 mil cartuchos de balas de goma o los gases lacrimógenos".

A la vez, desde Bolivia fueron informados al gobierno argentino que en los próximos días el presidente Arce elevará una denuncia por todos estos hechos a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas para encuadrar este caso en un delito internacional.  

Toda esta movida judicial encarada por el gobierno se da después de la denuncia del gobierno de Bolivia que se presentó la semana pasada.

Para la administración de Luis Arce, en coincidencia con la la de Alberto Fernández, el objetivo de la maniobra de Macri al enviar material militar a Bolivia fue apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales y además del ex presidente fueron señalados Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurié (ex Canciller), Normando Álvarez García (ex embajador Argentino en Bolivia, cuya aparición en una carta de agradecimiento por el material bélico destapó el escándanlo), Jorge Dávila (ex director general de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados); y tres integrantes de Gendarmería: Gerardo José Otero, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde.


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Comentarios

  • CA

    Claudia Analía

    18/07/21

    ¿Justo ahora?... No se por qué pero me recuerdan a la falsa denuncia contra Enrique Olivera antes de las elecciones.... (Porota, siempre hacés lo mismo)

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