El microcentro porteño será escenario este miércoles de una masiva movilización sindical que pondrá a prueba la tensión acumulada entre el Gobierno, los gremios y el sector industrial. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), con el respaldo orgánico de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el acompañamiento activo de la Asociación Bancaria, marchará hacia la Secretaría de Trabajo en repudio al sorpresivo cierre de la planta de FATE y a la pérdida generalizada de puestos de empleo en el sector privado. La logística de la protesta anticipa una mañana de fuertes complicaciones para el tránsito en la zona del bajo. Según la convocatoria oficial, las columnas comenzarán a concentrarse a las 10.30 en la sede del gremio bancario, ubicada en Sarmiento 337, para luego movilizarse hasta el edificio de la cartera laboral en Leandro N. Alem 650. Este desplazamiento impactará de lleno en arterias clave de la city porteña y calles transversales como Reconquista, 25 de Mayo y San Martín, afectando tanto la circulación de vehículos particulares como el recorrido de diversas líneas de colectivos. La participación de La Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, le aporta un volumen político adicional al reclamo y amplía el pliego de demandas a los servicios. A través de un duro comunicado, el sindicato justificó su adhesión advirtiendo sobre el cierre de sucursales y la proliferación de retiros voluntarios impulsados por las entidades bancarias. En el texto, la conducción gremial cruzó directamente al presidente Javier Milei, a quien acusó de celebrar un “crecimiento inexistente” mientras la economía real sufre un “verdadero industricidio”, estimando la pérdida de más de 327.000 empleos registrados en los primeros dos años de la actual gestión. El epicentro del conflicto que catalizó la marcha es la crisis abierta en FATE, cuya histórica fábrica en San Fernando bajó la persiana dejando a 920 operarios en la calle. La escalada derivó en el dictado de una conciliación obligatoria por parte de las autoridades laborales, que buscan encauzar un diálogo de partes hasta ahora nulo. Tras una primera audiencia que culminó sin ningún tipo de acercamiento comercial ni gremial, las partes están citadas a un nuevo encuentro clave este mismo miércoles a las 11, en coincidencia con el arribo de los manifestantes a las puertas de la dependencia gubernamental. La disputa laboral sumó en las últimas horas un frente judicial directo, luego de que se impulsara una denuncia penal contra la compañía y su principal accionista, el empresario Javier Madanes Quintanilla. La acusación apunta contra las motivaciones y el momento elegido para el cierre, sembrando sospechas sobre una presunta maniobra deliberada por parte de la cúpula directiva. Mientras desde el SUTNA sostienen que las maquinarias están en condiciones operativas y exigen retomar la producción, la firma retrucó alegando que sufrió una ocupación ilegal del predio que le impidió mantener su funcionamiento habitual y garantizar la seguridad. Este cortocircuito fabril no puede separarse del trasfondo político que atraviesa la relación entre la Casa Rosada y el establishment productivo. Durante su reciente discurso en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional, Milei cargó con dureza contra los industriales locales, a los que tildó de beneficiarios de “prebendas” estatales. Las declaraciones presidenciales encendieron de inmediato las alarmas en la Unión Industrial Argentina (UIA), que salió al cruce institucional para blindar al sector manufacturero. Mediante un comunicado oficial, la central fabril reclamó “respeto como condición básica del desarrollo” y aclaró que el empresariado no es el responsable de las distorsiones macroeconómicas que el país acumuló durante décadas. Asimismo, la entidad fabril alertó sobre la situación de asfixia que atraviesan múltiples compañías por el desplome del consumo, recordando que la industria representa el 19% del PBI nacional, aporta más de un cuarto de la recaudación y sostiene 3,6 millones de empleos entre directos e indirectos. Mientras el equipo económico se mantiene inamovible en su premisa de no subsidiar “ineficiencias corporativas” ni sostener regímenes especiales a costa de los precios que paga el mercado interno, el frente sindical comienza a endurecer sus planes de lucha en las calles para frenar la sangría de cesantías.