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El exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, presentó un proyecto para crear una Policía Militar en el conurbano bonaerense. La iniciativa busca transformar el esquema de seguridad actual ante la mayor complejidad que registran los delitos en la región.
La propuesta responde al deterioro de la seguridad en los distritos del Gran Buenos Aires durante los últimos años. Pese a que la Policía Bonaerense duplicó su personal desde 2010, los índices delictivos no mostraron reducciones en la provincia.
Cómo funcionará la Policía Militar impulsada por Joaquín de la Torre
La nueva fuerza federal mantendrá un entrenamiento militar permanente con base operativa en el predio de Campo de Mayo. De la Torre detalló que esta institución dependerá en forma directa del Gobierno nacional y no de las autoridades provinciales.
El cuerpo especializado centrará sus tareas en el combate contra el narcotráfico, las labores de inteligencia y los operativos tácticos. El legislador que impulsa la iniciativa remarcó que la medida creará una fuerza propia para la región en lugar de desplegar un refuerzo temporal de Gendarmería.
El esquema proyectado convivirá con las patrullas municipales destinadas a las labores cotidianas de prevención y control urbano. Según el impulsor, el Gobierno provincial carece de la capacidad operativa suficiente para supervisar comisarías en municipios con alta densidad poblacional.
La propuesta de Joaquín de la Torre para federalizar el conurbano
La iniciativa de De la Torre incluye también la federalización de los 27 municipios que integran el conurbano bonaerense. De acordarse el traspaso, cada partido abandonará la jurisdicción provincial para convertirse en un distrito federal bajo mando nacional.
Los habitantes de la región mantendrán la elección directa de sus intendentes, pero no votarán por autoridades legislativas ni ejecutivas provinciales. El propulsor fundamentó que los servicios públicos principales y la infraestructura ya reciben financiamiento directo del Estado nacional o municipal.
La aplicación de la reforma requiere la sanción de leyes ordinarias en el Congreso de la Nación y en la Legislatura bonaerense. De esta forma, la tramitación parlamentaria no exigiría modificaciones en el texto de la Constitución Nacional, según los autores de la idea.
