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El fiscal federal Carlos Stornelli imputó este martes a directivos y accionistas de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, las dos compañías vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, y pidió ampliar la investigación hacia personas físicas y jurídicas que pudieran colaborar directa o indirectamente con las actividades hidrocarburíferas en aguas próximas a las Islas Malvinas.
El requerimiento contempla posibles violaciones a la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, además de eventuales delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
Stornelli también solicitó al Gobierno nacional que remita toda la documentación respaldatoria de la denuncia presentada la semana pasada por el canciller Pablo Quirno y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, para incorporarla al expediente que tramita ante el juez federal Julián Ercolini.
La investigación no quedará limitada a las empresas operadoras. El fiscal pidió avanzar sobre la composición accionaria, los directorios, las estructuras societarias y también sobre quienes pudieran brindar asistencia, logística o financiamiento a la explotación. La intención es reconstruir el entramado empresario que sostiene el proyecto y determinar responsabilidades individuales.
Según fuentes judiciales citadas en la información que dio origen al expediente, algunos de los delitos que podrían ser analizados contemplan penas que, combinadas, podrían alcanzar los 20 años de prisión, además de sanciones económicas. La eventual responsabilidad penal, de todos modos, deberá determinarse durante la investigación.
Qué quiere determinar Stornelli
En su dictamen, el fiscal precisó que el objeto de la causa será establecer la eventual existencia de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de las autoridades nacionales.
Stornelli citó expresamente la denuncia formulada por Quirno y señaló que se investigarán operaciones atribuidas a Desire Petroleum Limited —antes Desire Petroleum Public Limited Company— desde al menos 2012.
“Conforme la denuncia formulada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Lic. Pablo Quirno Magrane”, sostuvo el fiscal, deberá determinarse “la posible existencia de actividades hidrocarburíferas de exploración y/o explotación en la Plataforma Continental Argentina, concretamente en áreas próximas a las Islas Malvinas, por parte de la empresa Desire Petroleum Limited —antes, Desire Petroleum Public Limited Company—, sin contar con la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, ello al menos a partir del año 2012”.
El requerimiento recupera como antecedente la Resolución 130/2012 de la Secretaría de Energía, mediante la cual el Estado argentino declaró ilegales las actividades de Desire Petroleum Public Limited Company en la Plataforma Continental Argentina. Un año después, mediante la Resolución 457/2013, la compañía fue inhabilitada por 20 años para desarrollar actividades en el país por operar sin autorización argentina y amparada, según la posición oficial, en licencias otorgadas por las autoridades británicas de las Islas.
Sobre esa base, Stornelli sostuvo que “las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incisos 1 y 2, y bajo las circunstancias contempladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 26.659, sin perjuicio de toda otra calificación legal que pudiera determinarse de la instrucción sumarial”.
El fiscal dejó abierta además la posibilidad de ampliar la calificación penal. Mencionó expresamente eventuales delitos ambientales, infracciones aduaneras y maniobras de lavado de activos vinculadas con las operaciones investigadas.
La Justicia busca llegar a accionistas, bancos y proveedores
Una de las principales novedades del requerimiento es la decisión de avanzar sobre toda la estructura que pudiera hacer posible la explotación petrolera, y no únicamente sobre las compañías que aparecen formalmente vinculadas con Sea Lion.
Para eso, pidió a Cancillería toda la información y documentación mencionada en la presentación realizada por el Gobierno el 14 de septiembre. También solicitó librar un exhorto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mediante los mecanismos de cooperación penal internacional.
El pedido busca obtener la información societaria completa de Desire Petroleum Limited y Desire Petroleum Public Limited Company, incluida la composición de sus directorios y órganos de representación desde 2012, además de la documentación relacionada con eventuales licencias hidrocarburíferas concedidas para operar en el área. Stornelli solicitó que se avance con un requerimiento equivalente respecto del denominado grupo Rockhopper.
En una etapa posterior, el fiscal pretende reclamar también información bancaria vinculada con la explotación comercial y con las personas físicas que hayan actuado en nombre o beneficio de las empresas investigadas.
La ofensiva judicial del Gobierno por Malvinas
La denuncia había sido presentada la semana pasada por Quirno y Amerio y quedó radicada en los tribunales federales de Comodoro Py. El planteo apunta a las personas físicas y jurídicas vinculadas con Sea Lion bajo la hipótesis de la existencia de un entramado empresarial cuya composición definitiva deberá determinar la investigación.
La presentación se produjo después de la cadena nacional de Javier Milei y de la publicación del Decreto 868/2026, que introdujo cambios relacionados con la aplicación de la Ley 26.659. Esa norma, sancionada en 2011 por impulso del entonces legislador Fernando “Pino” Solanas, regula la actividad hidrocarburífera sobre la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para quienes operen sin autorización nacional.
Con el dictamen de Stornelli, la ofensiva judicial entra ahora en una nueva fase: la investigación buscará determinar no sólo qué empresas participan de Sea Lion, sino quiénes las controlan, quiénes las asisten y de qué manera se financia y organiza la operación. El objetivo será establecer si detrás del proyecto existió además una estructura destinada a eludir las restricciones impuestas por la legislación argentina.
