La disputa diplomática y judicial por la soberanía y los recursos del Atlántico Sur sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación penal contra un grupo de corporaciones por realizar tareas de exploración de hidrocarburos cerca de las Islas Malvinas sin contar con la autorización del Gobierno argentino.
La medida recayó sobre la firma Rockhopper Exploration PLC, dos de sus subsidiarias y la empresa Navitas Petroleum, que ahora se suman a Desire Petroleum, la primera imputada en este expediente impulsado originalmente por la Cancillería.
En el marco de esta causa, que se encuentra bajo la órbita del juzgado federal subrogado por Ariel Lijo, el Ministerio Público solicitó el envío de exhortos diplomáticos al Reino Unido y a Israel.
El objetivo de estas diligencias es conocer en detalle la composición societaria de las firmas acusadas y rastrear posibles lazos comerciales directos con intereses británicos para desentramar el esquema de negocios detrás de las exploraciones.
Stornelli busca determinar si estas operaciones configuran severas infracciones a la Ley 26.659, que pena la exploración y extracción no autorizada en la plataforma continental. Las condenas previstas para directivos y representantes legales van de cinco a quince años de prisión, sumado a multas millonarias calculadas en barriles de crudo WTI e inhabilitaciones comerciales de largo plazo.
Además, la fiscalía dejó asentado que investigará posibles delitos ambientales, contrabando aduanero y maniobras de lavado de activos.
Esta ofensiva en los tribunales de Comodoro Py va en línea con el reciente endurecimiento de la política exterior de la administración libertaria frente a la cuestión territorial. A principios de septiembre, el presidente Javier Milei había anticipado durante una cadena nacional que el país desplegaría un abanico de acciones diplomáticas, económicas y legales para penalizar la explotación unilateral de recursos naturales en la zona en disputa.
La embestida judicial no tardó en generar eco en Europa, donde el Gobierno británico salió a respaldar a las petroleras y elevó el tono de la confrontación al calificar de “inaceptables” y carentes de justificación legal las advertencias argentinas.
A través de una declaración oficial del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, apoyó plenamente a quienes hacen negocios en el archipiélago y cuestionó lo que describió como reiteradas “amenazas” provenientes de Buenos Aires contra empresas y particulares.
La postura de Londres se apoya férreamente en el principio de autodeterminación, un punto que la Casa Rosada rechaza de plano al tratarse de una población implantada. “
“El Reino Unido es claro: las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, sentenció Kumaran en el comunicado.
Desde la óptica británica, las decisiones sobre la industria de hidrocarburos conciernen exclusivamente a los isleños y a las corporaciones involucradas, cerrando así la puerta, por el momento, a cualquier intento de negociación bilateral.
