Millonaria multa a un country por no dar información sobre empleadas domésticas: qué datos pidieron y quién pagará la sanción

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires aplicó una multa de más de tres millones y medio de pesos a un country del partido bonaerense de Pilar por obstruir un operativo de inspección en el que se buscaba verificar el registro de las y los trabajadores de casas particulares.

En un comunicado se indicó que, si bien las y los empleadores en cuestión son los propietarios de las viviendas, la multa recaerá sobre la administración del country "por obstruirse el acceso a la información requerida".

En este sentido, se precisó que la multa asciende a los 3.554.025 de pesos.

Desde 2021, la cartera laboral bonaerense despliega diferentes estrategias para "erradicar la informalidad en el sector y lograr la regularización de las y los trabajadores", informaron.

En ese marco, se desarrollaron inspecciones en los countries donde se requirió a las administraciones presentar los registros de ingreso y egreso de personas con el objetivo de determinar cantidad de trabajadoras y trabajadores que prestan servicio en esos lugares, número de días y horas de su jornada laboral y su situación registral.

Desde el Ministerio se destacó que si bien se ha querido objetar las facultades de la Subsecretaría para esas tareas, el área puede "requerir toda la información necesaria para el cumplimiento de su función y realizar cualquier experiencia, investigación o examen", según lo establecido por artículo 7° del Anexo II del Pacto Federal del Trabajo.

Al tiempo se especificó que "para el tratamiento de datos personales no será necesario el consentimiento del titular cuando se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal", según lo establece la Ley Nº25.326.

El Ministerio de Trabajo resaltó que "registrar a las y los trabajadores de casas particulares es una obligación de todo empleador".

En este sentido, instó a quienes aún tengan trabajadoras o trabajadores en situación de informalidad que deben inscribirlos en la AFIP, con su clave fiscal, para comenzar a abonar su sueldo y las contribuciones de la seguridad social.