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Una de las medidas que Javier Milei anunció esta noche por cadena nacional consta de la modificación o endurecimiento de la Ley 26.659, la norma que desde 2011 regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y que sanciona a quienes operen en esas áreas sin autorización del Estado nacional.
La ley volvió a la agenda tras la advertencia de Milei por el proyecto Sea Lion, la iniciativa de explotación petrolera “offshore” que llevan adelante Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en aguas próximas a las Islas Malvinas y que, según adelantó el Presidente, tiene fecha de inicio en los próximos meses. El Gobierno argentino consideró esa operación ilegítima porque no tiene el permiso de las autoridades argentinas.
Qué dice la Ley 26.659
La Ley 26.659 fue sancionada el 16 de marzo de 2011 y promulgada de hecho el 12 de abril de ese año. Se la conoce también como “Ley Pino Solanas” y fue aprobada durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de tensión por la exploración hidrocarburífera alrededor del archipiélago.
El artículo 1° fija el principio general: la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina solo puede hacerse bajo las condiciones que establece la propia ley y la normativa vigente. El artículo 2° es el que concentra las prohibiciones centrales e impide a cualquier persona física o jurídica, argentina o extranjera, desarrollar actividades hidrocarburíferas en esa plataforma sin la habilitación correspondiente emitida por la autoridad competente argentina.
La norma alcanza a la empresa y a quienes tengan participación directa o indirecta en compañías que operen sin autorización, y a quienes contraten o presten servicios comerciales, financieros, logísticos, técnicos, de consultoría o asesoría vinculados con esas actividades. Es decir, el radio de alcance incluye a toda la cadena de proveedores y socios de un proyecto no autorizado.
Las consecuencias para quien incumpla están dadas en el artículo 3°, que prevé inhabilitaciones de entre cinco y 20 años, y la reversión al Estado nacional o provincial de las concesiones que se posean. El artículo 4° suma el cese inmediato de exenciones impositivas o previsionales, y el artículo 5° extiende la prohibición al propio Estado, que no puede contratar con empresas que operen en esas condiciones.
El régimen penal se incorporó recién en 2013, durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner, a través de la Ley 26.915. Desde entonces, el artículo 7° establece penas de cinco a diez años de prisión para quien explore hidrocarburos sin autorización en el lecho o subsuelo marino, con multas de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo WTI a valor de mercado. Para quien extraiga, transporte o almacene hidrocarburos de esos yacimientos sin permiso, la pena sube a entre diez y 15 años de prisión, con multas de entre 150.000 y 1.500.000 barriles.
La ley también prevé el decomiso de equipos y de lo extraído, la caducidad de todo permiso o concesión vinculado, y extiende la responsabilidad penal a directores, gerentes, síndicos y representantes cuando el hecho se cometa a través de una persona jurídica. Para esas entidades, el artículo 9° habilita sanciones adicionales como la suspensión de actividades por hasta diez años, la exclusión de licitaciones estatales por el mismo plazo y la cancelación de la personería jurídica. La instrucción y el juzgamiento de estas causas quedan en manos de la Justicia Federal.
Qué busca cambiar el Gobierno sobre la Ley 26.659 (Ley Pino Solanas)
Milei confirmó que enviará al Congreso, con carácter urgente, un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones vigentes. El objetivo declarado, según explicó el propio Presidente, es agilizar los procedimientos sancionatorios que ya prevé la norma.
El proyecto podría ampliar el universo de conductas alcanzadas e incluir de forma más explícita a empresas argentinas que brinden servicios, asistencia o apoyo logístico a compañías que operen en las Islas sin autorización argentina. Eso apunta directamente a la cadena de proveedores locales que podrían quedar comprendidos, un punto sensible para el sector de servicios petroleros y logísticos que opera en la Patagonia y en el Atlántico Sur.
En paralelo al proyecto de ley, el Gobierno dictará un decreto reglamentario para incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el objetivo de garantizar que quienes accedan a esos beneficios no tengan vínculos con explotaciones no autorizadas en las Islas.
El DNU firmado esta noche, por su parte, amplía los recursos del Ministerio de Defensa para construir una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y reforzar las capacidades de telecomunicaciones, con el objetivo declarado de convertir al país en un polo logístico del Atlántico Sur.
El paquete contempla, por último, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, al que el Gobierno buscará dotar de facultades económicas y diplomáticas para responder ante actores estatales o no estatales que, a su criterio, amenacen la soberanía sobre los recursos del Atlántico Sur.
El contexto geopolítico detrás del anuncio de Milei
La cadena nacional se produjo en medio de un cambio de tono en la posición de Estados Unidos frente al conflicto. Donald Trump había abierto la puerta esta semana a revisar la neutralidad histórica sobre la disputa de soberanía, y este jueves reiteró en declaraciones a la prensa británica su reclamo al Reino Unido por no haber respaldado a Washington en el Estrecho de Ormuz.
La Cancillería argentina, ya había enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos en las Islas, en el marco de la estrategia diplomática previa a este anuncio.
El diario británico The Telegraph había advertido horas antes que una medida de este tipo podía “desencadenar una nueva polémica con Gran Bretaña”, en momentos en que el secretario de Coordinación de Minería y Energía, Daniel González Casartelli, mantenía reuniones en Washington con petroleras y funcionarios de la administración Trump.
