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“Podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa, que hagamos nuestras armas de lado y mostremos un frente unido”, dijo el presidente Javier Milei en cadena nacional anoche, al presentar el paquete de medidas por la soberanía de las Islas Malvinas. Se trató del primer llamado a la unidad que podrá o no ser efectivo a la hora de reunir mayorías, pero dejó asentado un nuevo principio de revelación que marcó la agenda.
“Estamos muy optimistas, nadie habla de otra cosa”, aseguró una voz de La Libertad Avanza en diálogo con El Cronista. En redes mostraron el mismo entusiasmo, incluso reapareció el “brazo armado” en redes sociales; la militancia que responde al asesor Santiago Caputo, quien por caso se llevó los laureles en el Gobierno por haber sido el cerebro detrás del discurso que coordinaron junto con Cancillería, la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y Presidencia.
El rol de Inteligencia, área dirigida por Cristian Auguadra, no pasó desapercibida durante el anuncio. El propio subsecretario, José Lago Rodríguez, hizo una publicación con la foto de las Islas: “La SIDE trabaja todos los días para anticipar, identificar, reconocer, monitorear y analizar acciones y dinámicas de actores estratégicos en el Atlántico Sur y de aquellos vinculados con la ocupación ilegitima del territorio nacional de las Islas Malvinas. Un sistema de Inteligencia moderno y profesional permite defender la soberanía”, expresó.
Según pudo saber este medio, el informe que elaboró la secretaría, con los detalles sobre las operaciones de extracción de petróleo que orquestan las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, fue presentado a mitad de año. Lo que activó las alarmas definitivas fue la expansión agresiva de la presencia de Navitas en el archipiélago en enero de este año, tras haberle comprado un 65% del bloque exploratorio adyacente PL-001 a la compañía JHI Associates, un área de recursos proyectados de 3.000 millones de barriles.
La oposición había sido en ese entonces la primera en saltar en advertencia. “Ojalá el Presidente se haga eco de lo que venimos pidiendo dese marzo y anuncie fuertes sanciones ante la ilegal explotación petrolera Sea Lion”, había anticipado el diputado socialista y opositor, Esteban Paulón, antes de la cadena nacional.
Fue exactamente lo que después hizo Milei en el mensaje, y es solo un ejemplo de muchos legisladores que, si bien salieron a marcar contradicciones o reclamos, ninguno se impuso en contra de la iniciativa.
¿En qué consisten las medidas y cuál es el alcance de su operatividad? Por un lado están los decretos ya publicados este viernes en el Boletín Oficial: el DNU 867/2026 reasigna partidas de $521.558 millones para lo que resta de 2026 hacia el Ministerio de Defensa y los tres Estados Mayores -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- además del Estado Mayor Conjunto.
Buena parte de esos fondos se destina a “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, una modalidad típica de las compras de equipamiento militar mayor. Parte del financiamiento sale de la venta de edificios e instalaciones del Estado; el resto, de otras partidas del Tesoro.
Por otra parte, el decreto 868/2026 designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que prohíbe explotar hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación argentina.
La reglamentación crea un procedimiento sumarial más ágil, con plazos acotados -diez días hábiles- para que el presunto infractor presente su descargo antes de que se resuelva la sanción, que puede incluir la inhabilitación por varios años y la reversión de las concesiones al Estado. También obliga a todo organismo público a informar a la Cancillería, dentro de los cinco días, cualquier hecho que pueda configurar una infracción.
El decreto suma, además, un requisito para las empresas que pidan adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): deberán presentar una declaración jurada de que no incurren en las conductas prohibidas por la ley, con intervención obligatoria de la Cancillería antes de aprobar la adhesión.
La misma exigencia rige para quien solicite permisos o concesiones bajo la Ley 17.319 de hidrocarburos. Es la vía por la que el Gobierno busca bloquear el acceso a los beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios del RIGI a cualquier actor vinculado con el proyecto Sea Lion. “Es Vaca Muerta o Malvinas”, definió anoche el canciller Pablo Quirno.
Lo que todavía necesita el visto bueno del Congreso es el proyecto de ley. Y ahí aparece el verdadero desafío político para la Casa Rosada: encolumnar los votos necesarios una época preelectoral, con un peronismo que viene de intentar marcar la agenda con el endeudamiento familiar sin ponerse de acuerdo con el proyecto.
Antecedentes K y Menem
La ley a la que se invoca fue impulsada en 2011, durante la gestión de Cristina Kirchner, por los entonces diputados Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo y Mario Cafiero, y se aprobó por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso. Pararse sobre una norma de origen kirchnerista, que ya cuenta con el aval histórico de todo el arco político, le deja a la oposición un margen muy estrecho para rechazar de plano su modificación sin quedar expuesta.
“No vamos a reconocerle ningún derecho a esas empresas que reciban adjudicaciones de exploración o explotación de hidrocarburos, tienen que reconocer el derecho de la República Argentina sobre esos territorio. Si no, están celebrando contratos que son factibles de impugnación sin perjuicio de las sanciones que nosotros hemos propuesto que se les apliquen en el caso de que exploten petróleo de esa forma. Esperemos que la Cámara de Diputados sancione rápidamente esa ley que hemos sancionado por unanimidad en la Cámara de Senadores”: la cita corresponde, por otro lado, a Eduardo Menem en 1998, cuando un sector del menemismo también llevaba adelante este tipo de iniciativa.
El margen de posturas desde diferentes arcos políticos es, por caso, otro de los ejes que marcarán el debate: en el Gobierno interpretan que la unificación en torno a un enemigo común juega a favor del oficialismo. La apuesta es a un principio de revelación: obligar a cada bloque a mostrar sus cartas ante una causa que, históricamente, generó consensos amplios, y dejar en offside a quien decida cuestionar la iniciativa por motivos ajenos a la letra del proyecto.
Todavía no está definido por qué Cámara ingresará el proyecto, aunque sí informaron desde la Casa Rosada que será remitido al Congreso la semana que viene.
Hasta el momento, ningún referente de la oposición se mostró en contra de la iniciativa en sí. Las críticas apuntaron, en cambio, al timing del anuncio -“es puro oportunismo”, dicen en la oposición- y a las contradicciones del propio Gobierno. “Lo vamos analizar en el momento. Pero el Gobierno no necesita DNU o nuevas leyes para defender nuestra soberanía”, anticipó un legislador del peronismo en diálogo con El Cronista.
El jefe del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, consideró que “si su discurso reciente expresa un cambio de rumbo debe ir más allá de la retórica y tiene que accionar en un sentido distinto”, y reclamó convocar a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores para discutir el proyecto en los ámbitos institucionales.
En la misma línea, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi ironizó sobre el viraje presidencial y recordó que la ley que Milei promete aplicar fue sancionada en 2011 y que la construcción de la base naval en Ushuaia había sido iniciada en 2022. El diputado nacional Santiago Cafiero, excanciller, sostuvo que el Presidente “retomó el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023”.
En off the record, de todos modos, asumen con cautela que esperarán a tener el texto antes de comprometer posiciones. El capítulo que más fricción podría generar es, justamente, el de las facultades especiales que recibiría el Consejo de Seguridad Nacional -integrado por la Cancillería, los Ministerios de Defensa y Economía y la SIDE- para responder con rapidez ante infracciones detectadas en las islas. Ese punto, más que la modificación de la ley de hidrocarburos, es el que anticipa mayor debate en comisión.
La Base Naval y el rol de EE.UU.
“Malvinas no puede ser moneda de cambio entre Donald Trump y el Reino Unido”, fue la frase que dejó el diputado y excombatiente de Malvinas, Aldo Leiva, al apoyar -aunque no sin críticas- el anuncio de Milei. La lectura se basa no solamente en que el Gobierno aprovechó el timing de los dichos del presidente de los Estados Unidos sobre la revisión de la postura de neutralidad, sino otros avances que hubo en materia estratégica con EE.UU.
El foco está puesto, en ese sentido, en qué hará el ministerio de Defensa con Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que el Gobierno de Alberto Fernández había puesto en marcha en 2022 y que tenía como objetivo ampliar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur y reforzar la conexión con la Antártida. La piedra fundacional se colocó en marzo de ese año, durante la gestión del entonces ministro de Defensa Jorge Taiana -ahora diputado nacional- en un predio ubicado en la Península de Ushuaia, con la idea de trasladar allí parte de las capacidades de la actual Base Naval Ushuaia “Almirante Berisso”.
El proyecto original contemplaba la construcción de un muelle militar, edificios administrativos, talleres, viviendas para el personal e instalaciones para brindar asistencia a buques. La ubicación no era un dato menor: Ushuaia es el puerto argentino más cercano a la Antártida y la iniciativa buscaba convertir a la ciudad en un nodo logístico para las campañas antárticas, además de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur. En la planificación oficial de entonces, incluso se planteaba que el puerto pudiera prestar servicios logísticos, científicos y de patrulla a embarcaciones propias y de otros países que operaran en la zona.
El proyecto, sin embargo, adquirió otra dimensión dos años después, cuando Milei viajó de manera sorpresiva a Ushuaia para reunirse con Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. El encuentro ocurrió el 4 de abril de 2024, apenas dos días después del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y tuvo como escenario precisamente las instalaciones de la Base Naval Ushuaia. La delegación estadounidense había llegado al país para mantener reuniones con funcionarios de Defensa y seguridad y visitar instalaciones estratégicas.
La particularidad estuvo en que Milei no presentó aquella visita como una simple recorrida protocolar. Al arribar, explicó que había viajado a Tierra del Fuego para “monitorear los avances en el desarrollo de la base naval integrada” y, al mismo tiempo, fortalecer la relación estratégica con Estados Unidos. La Casa Rosada definió entonces la obra como un futuro centro logístico con proyección antártica, capaz de convertirse en el puerto más cercano al continente blanco y de brindar apoyo a programas científicos internacionales.
La escena abrió una discusión que ahora vuelve a aparecer con el anuncio presidencial sobre Malvinas: ¿de qué base estaba hablando el Gobierno y qué papel tendría Estados Unidos en ella? El proyecto de infraestructura era anterior a Milei y había sido concebido como una iniciativa argentina. De hecho, las primeras obras habían comenzado durante el gobierno de Fernández y el Ministerio de Defensa había encargado a Tandanor los estudios preliminares, los movimientos de suelo y la construcción de los primeros galpones modulares.
La diferencia política apareció cuando el Presidente comenzó a hablar de una “Base Naval Integrada” en un contexto de cooperación con Estados Unidos. La visita de Richardson, además, no podía leerse aislada de la agenda geopolítica de Washington en el Atlántico Sur: la administración estadounidense venía expresando preocupación por la creciente presencia de China en la región, en particular por proyectos estratégicos y por su actividad en el extremo sur argentino.
La jefa del Comando Sur había llegado a la Argentina para reforzar la cooperación militar y visitó instalaciones de la Armada vinculadas con el control de las rutas marítimas del Atlántico Sur.
La oposición aprovechó esa combinación para cuestionar al Gobierno. En el Congreso se presentaron pedidos de informes para conocer si durante la visita de Richardson se habían firmado acuerdos bilaterales de defensa, cuál sería el uso de la futura infraestructura, cómo se financiaría y, sobre todo, si estaba prevista la presencia permanente de fuerzas extranjeras en territorio argentino.
También se pidió precisar si la participación estadounidense podía tener alguna implicancia sobre la política argentina de soberanía respecto de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Desde el oficialismo, en cambio, la lectura fue exactamente la contraria: la alianza con Estados Unidos era presentada como una herramienta para reforzar la soberanía argentina, no como una cesión de ella.
En aquella oportunidad, Milei sostuvo que la relación estratégica con Washington permitiría fortalecer la presencia argentina en el extremo sur y que la infraestructura de Ushuaia tendría un valor central para el desarrollo antártico. La propia ceremonia terminó con la Marcha de Malvinas, un gesto que buscó ligar la cooperación militar con Estados Unidos con el reclamo soberano argentino.
La documentación oficial más reciente disponible en el Congreso -el informe de gestión presentado en el 2025- registra avances parciales: el informe de ese entonces consignó un avance físico del proyecto del 9,13% y financiero del 19,40% hasta ese momento. También dejó asentado que no se había celebrado un acuerdo con la Armada estadounidense para utilizar la Base Naval Integrada de Ushuaia como centro de apoyo logístico para submarinos nucleares. Sin embargo, el documento oficial que difundió el Gobierno en 2024 resaltó:
“El vocero presidencial Manuel Adorni destacó hoy que la construcción de la Base Naval Integrada que desarrollan en conjunto la Argentina y Estados Unidos, y cuyo avance supervisó ayer en Ushuaia el Presidente Milei junto a la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, refleja “nuestra integración al mundo occidental y desarrollado y el avance para afianzar nuestra soberanía ante la invasión de buques extranjeros”.
