Los cinco escenarios explosivos que abre la pelea entre el Gobierno y la Corte Suprema
La decisión de Alberto Fernández y 14 gobernadores del PJ de no acatar un fallo de la Corte favorable a la Ciudad abre escenarios riesgosos para la política y la economía. Cuáles son las consecuencias posibles.
La decisión de alto voltaje político que anoche tomó el presidente Alberto Fernández con 14 gobernadores del PJ, al desacatar el fallo de la Corte Suprema que obligó a la Nación a transferir fondos a la Ciudad, amenaza con desatar en lo inmediato una crisis institucional sin precedentes en la Argentina que tendrá impacto económico, político y social.
Más allá de las reacciones que hubo en las últimas horas ante el comunicado que emitió el Presidente calificando de "inédito, incongruente y de imposible cumplimento" el fallo de la Corte, existen al menos cinco efectos explosivos inmediatos que se desatarán en la Argentina en los próximos días:
1-FRENTE JUDICIAL
Desde la oposición liderada por Juntos por el Cambio adelantaron que habrá una embestida contra el Presidente por doble vía con consecuencias institucionales.
Por un lado, la ex diputada Elisa Carrió anunció que junto a la Coalición Cívica denunciarán penalmente al presidente Alberto Fernández y al resto de mandatarios provinciales por "incumplimiento de deberes de funcionario público".
Esto implicará un fuerte efecto político que más allá de los resultados concretos podría debilitar aún más la figura del Presidente. El exdiputado radical Jorge Enriquez añadió ante El Cronista: "se tratará de una denuncia penal por sedición y desobediencia. Es que no hay conflicto de poderes sino alzamiento contra la Constitución", dijo.
A la vez, desde Juntos por el Cambio alertaron en un comunicado que "no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo". Así, los máximos dirigentes de la oposición y los legisladores de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica mencionaron la posibilidad de avanzar con un pedido de juicio político en el Congreso contra Alberto Fernández.
En el interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio admitieron que no cuentan con los números suficientes para avanzar con la mayoría especial necesaria en las dos Cámaras para avanzar con el juicio político, aunque igualmente harán el intento.
2-EMBARGO DE CUENTAS
En los cálculos que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires y en el frente opositor, se dio por hecho que la Corte ahora deberá embargar las cuentas de la Nación por medio del Banco Central.
En este sentido, los diputados radicales Mario Negri y Karina Banfi mencionaron que tanto la Ciudad o la Corte pueden pedir el embargo de bienes y cuentas a la Nación para poner en práctica el fallo judicial que obliga al Gobierno a restituir el 2,95% de la coparticipación de impuestos a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
No existen antecedentes jurídicos de una movida de estas características. La Argentina sólo registró este tipo de amenazas de embargo de cuentas a nivel internacional cuando Cristina Kirchner estuvo en litigio con los "fondos buitre" por no pagar parte de la deuda externa.
De hecho, en aquel momento la Fragata Libertad, valuado como uno de los bienes apreciados del Estado, fue detenida y con amenaza de embargo en Ghana por parte de los abogados de los "fondos buitre". Pero este tipo de acciones a nivel local no tienen antecedentes entre la Nación y las provincias.
3-GRIETAS EN EL OFICIALISMO
La rebelión de Alberto Fernández y los 14 gobernadores del PJ de no acatar el fallo de la Corte profundizó la grieta en el Frente de Todos.
Tras la decisión de Fernández con el apoyo de 14 gobernadores, llegó otro comunicado de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones). Los cuatro mandatarios no adhirieron a la embestida de la Casa Rosada. Pero en el texto firmado estos gobernadores admiten que "ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas".
Sin embargo, los cuatro gobernadores firmantes detallaron que "sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina. Cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetrías".
Es decir, que los mandatarios admiten que hay "inequidades" en la distribución de recursos pero no avalan la idea de una rebeldía contra el fallo de la Corte. "No podemos estar por afuera de la Constitución y de lo que nos marcan las instituciones porque ello generará un mal precedente", reveló a El Cronista uno de los gobernadores firmantes.
Además, el desacato de Alberto Fernández y los 14 gobernadores del PJ fue impulsado en gran medida por Cristina Kirchner y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco), lo que debilita aún más la figura del Presidente. Este escenario complica al frente oficialista de cara a las elecciones presidenciales del 2023.
4-RECUSACION A LA CORTE
En el comunicado firmado por el Presidente se abre la posibilidad concreta de recusar a todos los jueces de la Corte Suprema que ordenaron el traspaso automático de fondos de Nación a la Ciudad. Este dato abre un nuevo escenario de crisis en el enfrentamiento del Gobierno con la justicia.
A la puja abierta con la Corte y determinados sectores de la justicia por la conformación del Consejo de la Magistratura se le añade ahora este conflicto de poderes se impredecible final.
Sin embargo, los mecanismos para recusar a los magistrados estarían mal planteados jurídicamente por el Presidente.
"Una recusación se fija antes de un fallo judicial. No al revés. En este caso hay claramente una desobediencia del Poder Ejecutivo a la Corte y es viable un juicio político al Presidente y a todos los que firmaron ese comunicado", opinó ante El Cronista el constitucionalista Daniel Sabsay.
A la vez, Sabsay dijo que hay antecedentes de pedido de juicio político a un Presidente por incumplir normas y destacó que el mecanismo planteado por el Gobierno fija "una grave crisis institucional" en la Argentina.
5-INVERSIONES Y PARALISIS en el congreso
Los efectos posteriores de esta crisis también se darán en lo inmediato en el Congreso y a largo plazo en la economía.
"Puede ser una escalada gravísima", dijo ante El Cronista un diputado peronista de fuerte peso en el Congreso. Admitió así que el nuevo escenario potenciará la parálisis legislativa que se venía percibiendo en Diputados y el Senado con escasas sesiones y proyectos aprobados.
En los últimos meses la Cámara de Diputados apenas pudo aprobar un puñado de leyes y quedan ahora temas muy requeridos por el Gobierno y de necesidad para la ciudadanía como ser: el proyecto de blanqueo de capitales, la moratoria jubilatoria que involucra a más de 17 millones de personas, la ley de promoción agroindustrial y el proyecto de reforma a la ley de lavado de activos.
Por otra parte, diplomáticos extranjeros consultados admitieron en reserva a El Cronista que una crisis de estas características genera "una señal de inseguridad jurídica" que no ayudará a atraer inversores.
"¿Qué empresa vendrá a invertir a la Argentina si no sabe si ante un litigio que llega a la Corte será cumplido el fallo?", se preguntó sin vueltas un destacado diplomático europeo.
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