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El Gobierno ya puso en marcha su primera herramienta para intentar quebrar la protesta de los prácticos: intimaciones individuales, advertencias disciplinarias y la posibilidad de avanzar con denuncias penales. El problema empieza después. Aunque el Estado puede sancionar a quienes mantienen paralizadas las operaciones, tiene menos margen para sustituirlos sin comprometer la seguridad de la navegación. Y asoma un escenario de mucha mayor complejidad si no se revierte el freno de mano a la logística.
La Prefectura Naval Argentina notificó a 536 profesionales para que se pongan de inmediato a disposición del servicio regular en los puertos y vías navegables del país. La fuerza advirtió que la continuidad de la interrupción podría derivar en sumarios administrativos y denuncias por delitos vinculados con el entorpecimiento del transporte por agua y el riesgo para la navegación, con penas que podrían llegar hasta ocho años de prisión.
La ofensiva busca individualizar responsabilidades y romper una medida que mantiene detenidos buques con granos, insumos energéticos y otras mercaderías. Sin embargo, la intimación no consiguió hasta ahora descomprimir el conflicto. “Los prácticos siguen muy plantados y la intimación de Prefectura cayó muy mal”, reconoció a El Cronista una alta fuente gubernamental que monitorea el conflicto a la distancia.
La huelga comenzó después de que el Ejecutivo publicara el Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La norma modificó el esquema que regulaba la actividad desde 1991, abrió un registro público administrado por Prefectura, eliminó restricciones para ingresar al mercado y habilitó a los usuarios a elegir prestadores.
También facultó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para establecer topes tarifarios, obligó a transparentar costos y eliminó la segmentación geográfica que exigía cambiar de práctico durante un mismo recorrido. Las organizaciones del sector respondieron con la suspensión total de tareas hasta que el Gobierno suspenda o derogue la reforma.
Paro de prácticos: qué herramientas tiene el Gobierno para presionar y destrabar el conflicto
El primer nivel de presión es administrativo. Prefectura, como autoridad de fiscalización operativa y disciplinaria, puede iniciar sumarios, revisar habilitaciones y aplicar las sanciones previstas para los profesionales registrados.
El segundo nivel es penal. La advertencia oficial apunta a que la paralización podría encuadrarse en delitos relacionados con la interrupción del transporte o la puesta en peligro de la seguridad de la navegación. Esa vía, sin embargo, requiere intervención judicial y no garantiza una normalización inmediata de las operaciones.
El Gobierno tampoco contaría con la herramienta laboral más habitual para este tipo de conflictos. Según fuentes oficiales, no sería aplicable una conciliación obligatoria en los términos convencionales porque los prácticos son profesionales privados y no trabajadores dependientes comprendidos en una negociación colectiva ordinaria.
La alternativa de mayor impacto sería que Prefectura o la Armada asumieran algunas maniobras. Dentro del Gobierno analizan esa posibilidad como una forma de mantener movimientos críticos y exhibir capacidad de respuesta antes de abrir una negociación. No hay un común acuerdo en este sentido en las esferas donde se debaten opciones.
En rigor, no se trata de una sustitución sencilla. El practicaje requiere conocimiento específico de canales, corrientes, profundidades, zonas de giro, calados y condiciones particulares de cada tramo. La habilitación formal del personal estatal no elimina la responsabilidad que implica conducir grandes embarcaciones en pasos restringidos.
“Una cosa es la decisión que pueda tomar la conducción política y otra es la responsabilidad de quien debe ejecutar la maniobra y conoce los riesgos”, explicó una segunda fuente oficial al tanto del conflicto.
En el Ejecutivo admiten que una operación puntual a cargo de Prefectura podría funcionar como una señal de fortaleza. El objetivo sería demostrar que el Estado cuenta con herramientas para evitar una parálisis absoluta y recién después habilitar una instancia de diálogo.
Sin embargo, no existe hasta ahora una decisión confirmada para reemplazar de manera general a los profesionales. La capacidad operativa, la disponibilidad de personal y los riesgos de cada movimiento limitan esa posibilidad. Incluso entre las fuerzas federales y nacionales involucradas con la navegabilidad hay posturas dispares
Conflicto en los puertos: Prefectura toma el control y la Armada se mantiene cautelosa
Prefectura concentra el protagonismo de la respuesta estatal. En el Gobierno destacan la sintonía entre la conducción de la fuerza y el Ministerio de Seguridad, que respalda la intimación y la estrategia de presión.
La Armada, en cambio, conserva un perfil más silencioso. Dentro de la administración describen dos estilos diferentes: una conducción de Prefectura con mayor disposición a intervenir y una estructura naval más conservadora frente a la posibilidad de hacerse cargo de operaciones civiles de alta complejidad.
Esa diferencia no configura por ahora una disputa abierta, pero muestra que una orden política no garantiza automáticamente una respuesta operativa uniforme.
Hoy hubo otro movimiento en el Boletín Oficial además del recurso de intimación a los prácticos y no pasó desapercibido a los ojos de los entendidos. La reciente designación del director nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres dentro de la Junta de Seguridad en el Transporte no cambia formalmente el esquema.
En el Gobierno sostienen que el organismo no debería intervenir directamente en el conflicto, salvo que la situación escale y derive en incidentes o problemas concretos de seguridad.
Barcos varados: aumenta el costo económico y asoma el peor escenario para el comercio de Argentina
La principal herramienta de los prácticos no es jurídica, sino económica: el paso de los días. Si en el arranque de la jornada el conflicto ya afectaba a alrededor de 140 buques, los especialistas advierten que el número crece de manera permanente mientras continuara la suspensión. Aún peor, asoma ya el riesgo de que algunas embarcaciones decidan desviarse hacia Montevideo para descargar o reorganizar sus operaciones si la parálisis se extiende tal como aparenta.
Cada buque detenido acumula costos por demora, altera cronogramas logísticos y presiona a exportadores, importadores y operadores portuarios. La afectación de cargamentos de granos y energía eleva además el riesgo de que el conflicto deje de limitarse al comercio exterior y comience a repercutir sobre el abastecimiento interno.
Por ahora, no existe una estimación oficial sobre cuánto tiempo podría transcurrir antes de que se registren faltantes de combustibles, alimentos u otros insumos. En el Gobierno evitan anticipar un escenario de desabastecimiento, pero admiten que el margen se reduce con cada jornada de paralización.
Los prácticos conocen esa dinámica y apuestan a que la acumulación de buques aumente la presión sobre la Casa Rosada. Del otro lado, el Ejecutivo necesita evitar que la protesta sea interpretada como una capacidad corporativa para bloquear una reforma. “Los prácticos saben que el tiempo juega a su favor, pero desafiar a un gobierno es otra cosa”, resumió una fuente gubernamental.
La salida más probable continúa siendo una negociación. La dificultad reside en determinar cuándo y bajo qué condiciones se abrirá. El margen de acción es limitado.
Dentro del Gobierno consideran políticamente problemático sentarse mientras la suspensión total de tareas siga vigente. Una mesa sin una señal previa de normalización podría ser presentada como una victoria de los profesionales y debilitar el decreto promovido por Federico Sturzenegger.
Dar marcha atrás de inmediato no aparece como la opción preferida. “Sería muy fuerte retroceder tan rápido con el decreto”, advierten. Al mismo tiempo, sostener únicamente las intimaciones y amenazas penales puede endurecer la posición del sector y prolongar la parálisis.
La Casa Rosada podría, en cambio, explorar una negociación sobre la reglamentación, los plazos de aplicación o aspectos operativos de la reforma sin retirar el decreto completo. Esa alternativa permitiría preservar el núcleo desregulador y ofrecer al mismo tiempo una vía de salida.
Cuanto más dure el conflicto, mayor será el costo económico y menor el margen para una salida sin concesiones. La Casa Rosada debe decidir si escala la presión, ensaya una demostración operativa o abre una mesa antes de que la acumulación de buques transforme una disputa regulatoria en un problema de abastecimiento.
