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El Ministerio de Capital Humano, la cartera creada por el presidente Javier Milei y conducida por Sandra Pettovello, podría enfrentar en los próximos días un foco de conflicto sindical puertas adentro. La Junta Interna de ATE-Trabajo se declaró este lunes en “estado de alerta” ante una inminente reestructuración administrativa que, según denunció el gremio, pondría en riesgo “cientos” de puestos laborales en distintas dependencias del ministerio.
La situación tiene una particularidad que en el ámbito sindical no pasó inadvertida: una de las áreas alcanzadas sería precisamente la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, hoy al frente de Julio Cordero, e histórica estructura estatal encargada de intervenir, administrar y mediar en conflictos laborales. Desde la llegada de Milei al poder, esa cartera dejó de tener rango ministerial y quedó absorbida dentro del esquema de Capital Humano.
El planteo sindical surgió luego de que trascendiera el expediente EX-2026-41462842- -APN-DGGDIYT#MCH, que contendría un proyecto de decreto para redefinir la estructura de gestión administrativa del ministerio. Según el comunicado difundido este lunes por la Junta Interna de ATE-Trabajo, la iniciativa implicaría la centralización de funciones administrativas y de apoyo que hoy operan en distintas secretarías.
“El proyecto compromete áreas administrativas y de recursos humanos, presupuestarias, jurídicas, informáticas, de infraestructura y servicios generales”, sostuvo el gremio en el documento, donde además calificó la medida como “un paso más en un proceso de vaciamiento” del Estado nacional.
La organización sindical señaló que el impacto alcanzaría a las tres secretarías que forman parte del Ministerio de Capital Humano: Trabajo, Educación y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). En ese marco, reclamó la preservación de todos los puestos laborales potencialmente afectados y exigió a Pettovello “el respeto riguroso” de las fuentes de trabajo.
En diálogo con El Cronista, el delegado general de ATE-Trabajo, Hernán Izurieta, explicó que el expediente ya se encuentra “en la fase final del circuito administrativo, en Legal y Técnica de Presidencia”, por lo que el sindicato considera que la publicación del decreto podría producirse en el corto plazo.
“Básicamente lo que hacen es la centralización administrativa a nivel de Capital Humano de las áreas de gestión administrativa, sistemas, jurídicos y otras de esa índole, lo que impacta en las tres secretarías, ya sea mediante la degradación de áreas o directamente de la eliminación”, afirmó Izurieta.
El dirigente agregó que todavía no existe certeza sobre el alcance concreto que tendría la eventual medida sobre el personal, aunque advirtió que el universo afectado sería significativo. “Si sumás esas áreas en las tres secretarías claramente suman varios cientos; pero no tenemos certezas de si la publicación del decreto supone de inmediato la afectación de puestos de trabajo en esos sectores o prepara el terreno para un zarpazo posterior”, sostuvo.
En el comunicado difundido este lunes, la Junta Interna de ATE-Trabajo también informó que ya comenzó conversaciones con delegados de otras áreas sindicales de Capital Humano, entre ellas Desarrollo Social, SENNAF y Educación, para coordinar acciones conjuntas y solicitar una audiencia formal con las autoridades administrativas del ministerio.
“Nos encontramos articulando con nuestrxs compañerxs de ATE de las Juntas Internas intervinientes en las Secretarías de Capital Humano afectadas”, señaló el texto.
El gremio advirtió además que la eventual reestructuración sería impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, y sostuvo que el proceso “pone en evidencia que el vaciamiento sigue en curso”.
Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre el contenido del decreto ni sobre el alcance de la reestructuración denunciada por el sindicato.
Los temores de ATE y los antecedentes
El estado de alerta declarado por ATE no surge en un vacío. En el sindicato sostienen que el temor a una nueva ola de recortes se apoya en antecedentes concretos de la política de ajuste desplegada por el Gobierno desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, donde la reducción del gasto público y del tamaño del Estado se convirtió en uno de los ejes centrales de gestión.
De hecho, un informe difundido semanas atrás por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado por el economista Nadin Argañaraz, mostró que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 el empleo público nacional se redujo en 64.521 puestos de trabajo. El dato equivale a una caída del 18,9% de la dotación estatal en poco más de dos años.
Según ese relevamiento, la administración centralizada encabezó el ajuste en términos absolutos, con más de 15.500 cargos menos, mientras que distintos organismos descentralizados sufrieron recortes todavía más profundos. En algunos casos, directamente desaparecieron. Entre ellos figuraron el INADI, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y sectores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
