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La semana decisiva para el DNU 70/23 comenzó con un escenario más favorable para el Gobierno. Mientras la Corte Suprema suspendió provisoriamente el artículo que derogaba la Ley de Tierras, el oficialismo apuesta a trasladar esa discusión al Congreso con la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un proyecto sobre Propiedad Privada.
Mientras tanto, la oposición está cada vez más lejos de conseguir el número para voltear el mega decreto libertario.
Según pudo saber El Cronista, en la causa “Árbol de Pie”, el máximo tribunal dictó el viernes 9 de octubre una medida cautelar interina que suspendió los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la Ley de Tierras Rurales.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar. El planteo fue presentado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros actores, que cuestionaron la derogación de la Ley de Tierras por considerar que compromete el derecho a un ambiente sano y equilibrado.
La medida restablece provisoriamente las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, aunque no implica que la Corte haya declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU. La discusión de fondo sobre la validez de la derogación sigue abierta y deberá continuar en la Justicia federal.
La Corte entra en tiempo de definición
El cambio de escenario judicial tiene consecuencias políticas inmediatas.
La oposición convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/23, luego de que la discusión sobre la Ley de Tierras volviera a instalarse tras el fallo de la Corte.
En el mismo temario también figuran la emergencia en discapacidad y proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, mientras organizaciones sociales y universitarias preparan movilizaciones en las inmediaciones del Congreso.
La resolución de la Corte modificó el escenario previo a la sesión. Aunque el máximo tribunal suspendió provisoriamente la derogación de la Ley de Tierras, la discusión parlamentaria sobre el DNU continúa abierta: el decreto comprende unas 300 reformas y la oposición mantiene su intención de rechazarlo en el recinto.
Voces en Diputados reconocieron que la decisión judicial abrió una discusión sobre el impacto político de insistir con una sesión cuyo principal argumento estaba vinculado con la derogación de la Ley de Tierras.
La estrategia de Milei
Mientras la Corte suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154, el oficialismo también mueve sus piezas en el Congreso.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, convocó para el miércoles 14 de octubre, apenas un día antes de la sesión especial, a una reunión conjunta con la Comisión de Legislación General para comenzar el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica las leyes de Expropiaciones y de Regularización Dominial.
Según pudo saber El Cronista, la intención del oficialismo es aprovechar ese debate para incorporar una nueva regulación sobre la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, luego de que la Corte volviera a poner el tema en el centro de la escena.
La estrategia tiene un doble objetivo. Por un lado, ofrecer una respuesta legislativa al conflicto abierto por la derogación de la Ley de Tierras. Por otro, quitarle impulso político a la sesión especial impulsada por la oposición y desplazar la discusión desde el recinto hacia las comisiones.
La oposición admite que nunca tuvo el número
Más allá del movimiento de la Corte y de la estrategia del oficialismo, el principal problema de la oposición sigue estando dentro del Congreso.
Según reconocieron a El Cronista fuentes de los bloques que impulsan la sesión especial, nunca estuvieron los votos necesarios para reunir el quórum y avanzar con el rechazo del DNU 70/23.
“Nunca estuvo el número para el quórum para voltear el 70/23”, resumió una fuente parlamentaria.
Los distintos conteos internos ubican hoy a la oposición entre 115 y 120 diputados, todavía lejos de los 129 necesarios para abrir la sesión.
La mayor dificultad continúa estando entre los legisladores que responden, directa o indirectamente, a los gobernadores. En ese grupo se concentra la negociación política con la Casa Rosada, atravesada por acuerdos electorales y la agenda legislativa que deberá atravesar el Congreso después de las elecciones.
La señal que reciben los bloques opositores es que varios mandatarios provinciales no están dispuestos a facilitar una sesión cuyo objetivo central sea rechazar integralmente el DNU 70. Para muchos gobernadores existe una diferencia entre discutir específicamente la Ley de Tierras y quedar asociados a una votación que alcanzaría a un decreto que modificó cientos de artículos de distintos regímenes legales.
La nueva jugada parlamentaria
A ese escenario se sumó una nueva decisión del oficialismo que, según interpretan en la oposición, busca complicar todavía más la ofensiva contra el decreto.
De acuerdo con fuentes parlamentarias consultadas por El Cronista, el oficialismo convocó además una sesión para el 21 de octubre e incluyó como último punto del temario el proyecto sobre morosos, una iniciativa impulsada por la propia oposición.
“Encima ahora ponen sesión el 21, último tema morosos. Van a obligar a la oposición a ir y quedarse hasta el final”, cuestionó una fuente opositora.
La lectura en los bloques dialoguistas y opositores es que la maniobra busca extender la jornada legislativa y condicionar la estrategia parlamentaria de quienes intentan mantener vivo el rechazo al DNU 70, obligándolos a permanecer durante toda la sesión si quieren llegar al tratamiento de uno de sus principales proyectos.
Una semana clave
Con ese escenario, el desenlace de la ofensiva opositora dependerá de tres factores que se desarrollarán prácticamente en paralelo.
Por un lado, el seguimiento judicial de la causa por la Ley de Tierras, que ahora deberá continuar en el Juzgado Federal de Bariloche. Por otro, la estrategia del oficialismo de comenzar a discutir una nueva regulación desde la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y, finalmente, la capacidad de la oposición para conseguir un quórum que hoy incluso sus propios referentes reconocen que nunca estuvo garantizado.
Así, la discusión sobre el DNU 70 llega a su semana decisiva con un panorama mucho más favorable para el Gobierno que el imaginado cuando se convocó la sesión especial.
A la suspensión provisoria de la derogación de la Ley de Tierras y la respuesta legislativa del oficialismo se suma ahora la dificultad de una oposición que continúa sin reunir los números y que denuncia nuevas maniobras para desgastar su estrategia parlamentaria.
