La mora familiar enciende una alerta: qué ven los economistas más allá del “problema entre privados”

La aceleración de la mora de las familias abrió una discusión que rápidamente excedió los balances de bancos, tarjetas y billeteras virtuales, cuando el fenómeno empezó a ser leído como una señal sobre el estado de los ingresos, el consumo y el mercado laboral.

Desde hace días se disparó un debate acerca de cuánto corresponde atribuir a las condiciones económicas y cuánto a las decisiones de quienes tomaron créditos que ahora no pueden pagar.

Allí el Gobierno fijó una posición clara y el presidente Javier Milei sostuvo que se trata esencialmente de contratos entre “particulares” y puso el foco sobre la responsabilidad individual de quienes decidieron endeudarse.

“Son acuerdos entre privados. Quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo”, planteó el mandatario.

Milei introdujo además otra cuestión: desde los datos agregados resulta imposible determinar para qué se endeudó cada persona. “Yo no sé si tomaste un crédito porque no llegabas a fin de mes o porque creías que se iba Milei y el dólar se iba a 3.000”, sostuvo.

En otras palabras, el jefe de Estado descarta que linealmente se pueda asignar el endeudamiento a falta de ingresos, sino que desliza la posibilidad de préstamos solicitados para especular con la política monetaria.

Rechazó que la consecuencia de la creciente mora deba ser automáticamente respondida por intervención pública: “Decir que ‘lo tiene que arreglar el Estado’ no está bien”.

El argumento abrió una discusión entre economistas que resulta bastante menos lineal que una división entre oficialismo y oposición.

Incluso especialistas identificados con posiciones liberales aceptan la naturaleza privada de las obligaciones, pero advierten que eso no termina de explicar por qué tantos deudores comenzaron a tener dificultades para cumplir al mismo tiempo.

Una mora que dejó de ser marginal

Los números permiten dimensionar el punto de partida del debate.

El último relevamiento de EcoGo y la Universidad Austral calculó que el stock de crédito a personas físicas alcanzó en junio los $97,1 billones, con un crecimiento real de 9,1% interanual. Pero mientras el financiamiento se expandió, la capacidad de pago se deterioró mucho más rápidamente.

La mora por monto llegó al 17,5% del crédito a las familias, después de veinte aumentos mensuales consecutivos.

El fenómeno tampoco se distribuye de manera uniforme según quién otorgó el financiamiento. La mora entre los proveedores no financieros de crédito (PNFC) alcanza el 31%, frente al 15,2% del sistema financiero tradicional.

Cuando el crédito deja de adelantar ingresos y empieza a reemplazarlos

Para Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, resulta difícil separar el fenómeno de las condiciones macroeconómicas.

“La naturaleza de este fenómeno tiene mucho que ver con lo macroeconómico”, planteó. Según dijo, desde diciembre de 2023 se cerraron unas 500.000 cuentas sueldo en la Argentina, mientras los salarios no terminaron de recuperar terreno y se deterioraron las condiciones para afrontar un crédito.

Su explicación parte de diferenciar dos formas muy distintas de endeudamiento.

“El crédito es una herramienta potente cuando permite apalancar el ingreso: cuando una empresa o una familia puede adelantar un consumo que va a poder pagar cuando su ingreso aumente, porque tiene que pagar los intereses. Ahora, cuando pasa lo contrario, empiezan los problemas”.

El problema no es necesariamente la existencia del crédito. “Cuando uno se queda sin empleo y reemplaza por el crédito, es una mala combinación”, advirtió Cuattromo.

Para el titular del Bapro, además, varias de esas variables están ocurriendo simultáneamente: deterioro laboral, problemas de ingresos y mayores dificultades para pagar.

La responsabilidad de las familias, pero también de bancos

El exdiputado Martín Tetaz introduce un diagnóstico que distribuye las responsabilidades entre distintos actores.

El economista considera que “la plata no alcanza” y que las familias con menores ingresos encuentran dificultades crecientes para pagar sus créditos. Pero tampoco limita la explicación a la macroeconomía ni exime de responsabilidad a quienes participan de cada operación.

“Para empezar hay que matar a la inflación para que se recuperen los salarios reales, pero los bancos, las fintech y las familias también tienen responsabilidad y deben trabajar para salir de esta difícil situación”.

No se trata únicamente de determinar si una persona debería o no haber tomado determinada deuda.

También entra en discusión qué evaluación hizo quien prestó el dinero sobre la capacidad futura de pago del cliente, especialmente en un período en el que el crédito creció con rapidez.

Cuánto puede ajustar realmente una familia

Roberto Cachanosky parte incluso de aceptar una de las premisas planteadas por el Gobierno.

“Es cierto que es un problema entre particulares”, sostuvo, pero eso no alcanza para explicar el fenómeno ni para pensar una eventual salida.

“Antes de hacer propuestas para solucionar el problema de los morosos, creo que habría que entender la causa de por qué se disparó la mora. Sin entender la causa, cualquier solución que se elija no va a resolver el problema de fondo”, afirmó.

“Los ingresos pueden caer mucho más rápido de lo que una familia consigue reducir sus gastos”, dijo. Para él, cambiar a los hijos de colegio, mudarse para pagar un alquiler menor o modificar gastos vinculados con servicios, seguro del automóvil o transporte no son decisiones que necesariamente puedan ejecutarse de un mes para otro.

“Todos tenemos que bajar los gastos si la plata no alcanza, pero tampoco que se vengan a hacer los fenómenos, diciendo que la gente está dilapidando la plata y por eso se endeuda, están un poco desubicados”.

El otro lado de la discusión: ¿cómo se otorgaron los créditos?

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que conduce Hernan Letcher presenta una lectura más crítica sobre el origen macroeconómico de la mora y sobre el rol de la política económica.

Según sus datos, la mora de las familias con los bancos pasó de 2,5% a 12,3%, mientras que el deterioro se concentra particularmente en préstamos personales y tarjetas. En mayo, la irregularidad alcanzaba 14,9% en préstamos personales y 12,5% en tarjetas de crédito.

El salto resulta todavía mayor entre las billeteras virtuales. Según CEPA, la mora pasó de 7,3% en noviembre de 2024 a 29,6% en mayo de 2026, por encima incluso del 27,1% registrado en mayo de 2020, durante la pandemia.

CEPA atribuye parte de ese comportamiento a controles menos estrictos sobre la relación entre deuda e ingresos en determinados prestamistas no bancarios.

Según su interpretación, cuando los ingresos dejan de alcanzar para cumplir todas las obligaciones, el problema puede terminar trasladándose también a créditos bancarios que originalmente habían sido otorgados bajo criterios más restrictivos.

De acuerdo con CEPA, 38,4% de los jóvenes de entre 18 y 34 años se encuentra en mora. Entre quienes tienen hasta 24 años, la proporción alcanza el 40,9% de los créditos otorgados por bancos y billeteras.

El grupo más joven representa apenas 3,8% del dinero total en situación irregular, pero concentra 10% de las personas morosas.

Refinanciar no es lo mismo que rescatar

Si existe mayor coincidencia en que la mora constituye un problema, aparecen diferencias cuando la discusión pasa a las soluciones.

Martín Redrado destacó una decisión reciente del Banco Central que apunta a facilitar determinadas refinanciaciones para personas que atraviesan dificultades financieras.

El esquema permite un tratamiento especial para créditos renegociados y, bajo determinadas condiciones, evita que la refinanciación provoque automáticamente un deterioro en la clasificación crediticia del cliente.

Redrado lo explicó en términos más sencillos: “Es darles plazo para que los deudores renegocien, de acuerdo a su capacidad de pago, sin pasar de situación 1 a situación 5 en la Central de Deudores del BCRA”.

La distinción es relevante para el debate. Dar margen para reestructurar una obligación privada no supone necesariamente que el Estado se haga cargo de esa deuda.

Puede implicar que acreedor y deudor renegocien plazo, cuotas o condiciones para adecuarlas a una nueva capacidad de pago.

El riesgo de esperar un rescate

Carlos Rodríguez plantea una advertencia diferente.

Para el economista, la creciente difusión pública del problema puede generar expectativas de que eventualmente aparezca alguna forma de ayuda estatal. Y esa expectativa, sostiene, puede modificar los incentivos de algunos deudores.

“La enorme difusión en los medios que está teniendo el tema de la mora crediticia debe aumentar las expectativas de que aparezca alguna ayuda estatal”, señaló.

Su argumento es que, si aumenta la percepción de que podría existir una intervención futura, para algunos deudores entrar en mora puede empezar a percibirse como menos costoso.

Una salida distinta sería una recuperación suficientemente fuerte de la economía y, particularmente, de los ingresos de quienes están endeudados, que permita recomponer su capacidad para atender las obligaciones.

“Recesión, Mora y Expectativas son tres variables que se retroalimentan entre sí y complican cualquier intento razonable de salir de esa vorágine”, sostuvo.