La Corte Suprema rechazó los planteos de Cristina Kirchner y sigue el juicio por asociación ilícita

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este martes por unanimidad todos los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner en la causa 5048/2016, conocida como "Causa Vialidad".

La vicepresidenta está procesada por asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. El tribunal también se rechazó los planteos realizados por otros procesados.

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CRISTINA KIRCHNER SEGUIRÁ SIENDO INVESTIGADA EN LA CAUSA VIALIDAD

En este expediente, Fernández de Kirchner es investigada por el presunto negociado con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, cuyo principal beneficiario habría sido el empresario Lázaro Báez, que se encuentra ya en prisión. Aunque la defensa lo niega, se le imputa a la vicepresidenta el haber intercedido para que Báez, a través de su firma, Austral Construcciones, obtuviese cerca del 90% de las obras adjudicadas por Vialidad Nacional en la provincia patagónica.

La Corte sostuvo, en breve, que no se había logrado demostrar que las decisiones recurridas fueran definitivas, es decir, que pusieran fin al pleito o generasen un agravio que las hiciera equiparables a tales, únicos supuestos en que el tribunal puede intervenir. 

Por otro lado, el tribunal compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda rechazó los planteos de cosa juzgada y non bis in ídem con base en que no habían sido debidamente fundados.

La defensa de la titular del Senado propuso varios planteos en 12 legajos que llegaron hasta el cuarto piso del palacio de Tribunales, donde labora la Corte, aunque tres de ellos fueron destacados.

El primer planteo fue realizado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2. Allí la defensa de la vicepresidenta solicitó que se realizaran diversas medidas de prueba (informativas, periciales, entre otras). Los jueces de la causa aceptaron la realización de algunas y rechazaron otras por considerarlas superabundantes o impertinentes. Esa resolución fue impugnada ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró inadmisible el recurso por no dirigirse contra la sentencia que ponía fin al pleito o resultaba equiparable a tal.

La Corte confirmó la decisión de la cámara y sostuvo que la defensa de Fernández no había logrado mostrar que la sentencia fuera equiparable a definitiva. En esa línea, afirmó que la decisión de no proveer cierta prueba no ponía fin a la causa ni impedía su prosecución hasta el fallo final, que podría ser favorable a la imputada y por ello disipar el agravio, sin contar con que solo en esa instancia podía demostrarse acabadamente por qué las pruebas omitidas podrían haber sido relevantes. 

El tribunal destacó además que tenía competencia únicamente para revisar sentencias definitivas o asimilables, a menos que se configurasen supuestos excepcionales cuya verificación no había sido demostrada. 

Finalmente, la Corte señaló que no se configuraba un supuesto de gravedad institucional porque no lograba advertirse cómo la negativa a producir algunas de las pruebas solicitadas por la defensa -negativa que también alcanzó a las partes acusadoras y a otros coimputados- podría llegar a conmover la buena marcha de las instituciones. 

El Tribunal destacó en ese sentido que "el hecho de que se trate de un juicio que involucre a una alta funcionaria pública nacional no cambia esta conclusión". 

"No es posible -continúa uno de los escritos- pensar que cualquier decisión adversa que se adopte en procesos donde estén implicados funcionarios de tal naturaleza exija, por esa sola circunstancia, la intervención de esta Corte". 

Los cortesanos también subrayaron que no todas las resoluciones que se dictan en casos trascendentes son, por esa sola circunstancia, también trascendentes.