La Ciudad tendrá juicios por jurados: cómo funcionarán y cuáles son los requisitos para integrarlos

La norma establece la obligatoriedad de este sistema para delitos que tengan pena máxima en abstracto igual o superior a 20 años. 

La Legislatura porteña aprobó este jueves, por 55 votos a favor y 4 en contra, el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de juzgar mediante juicio por jurados los delitos que tengan una pena máxima en abstracto igual o superior a 20 años de privación de la libertad, como aquellos que atentan contra la vida o la integridad sexual. 

El juicio por jurados está contemplado tanto en la Constitución Nacional de 1853 como en la de la ciudad de Buenos Aires, de 1996. Pero cada legislatura provincial diseña su propio sistema y, hasta ahora, solo lo llevaban a la práctica la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos y San Juan

El proyecto aprobado por la Legislatura porteña prevé que los jurados populares estén compuestos por 12 miembros, entre los cuales tiene que haber, como mínimo, cinco varones y cinco mujeres, mientras que no se especifica el género de los dos restantes. 

El padrón de jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura e incluirá a todas las personas que puedan ser elegidas, por sorteo, para integrar un jurado. 

Los requisitos para integrar un jurado serán: ser argentino, con dos años de ejercicio de la ciudadanía en caso de ser naturalizado, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, gozar del pleno derecho de los derechos políticos, y tener domicilio por lo menos hace cuatro años en la Capital Federal. 

Quedarán exceptuados por incompatibilidad el presidente y vicepresidente de la Nación, los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño, los ministros nacionales, provinciales y de la Ciudad, los integrantes de los poderes legislativos, los jueces y funcionarios de los poderes judiciales y quienes ocupen cargos en partidos políticos. 

El jurado popular deberá declarar al acusado "culpable", "no culpable por razón de incompatibilidad" o "culpable", sin ningún tipo de aclaración, salvo por el veredicto de culpabilidad, en cuyo caso deberá indicar el delito o grado del mismo por el cual deberá responder el acusado conforme las instrucciones del juez. 

Para emitir un veredicto, el jurado deberá contar con el voto unánime de sus 12 integrantes. 

El proyecto es del legislador Leandro Halperín, en coautoría con María Inés Gorbea, Marcelo Alejandro Guouman, Juan Francisco Nosiglia, Manuela Thourte y María Patricia Vischi; todos pertenecientes al bloque UCR/Evolución. 

"Esta normativa propone democratizar el poder, aportar legitimidad y acercar los principios republicanos, en el marco de la crisis de credibilidad que sufre la institución", informaron en un comunicado.  

"También apropia a la ciudadanía la función de administrar justicia y le otorga una apertura al Poder Judicial. En ese sentido, representa una mejora del servicio de justicia mediante la participación popular. El pueblo puede establecer responsabilidades más allá de las pruebas y es menos influenciable que el jurado técnico", agrega. 

Bajo este nuevo sistema no se podrá saber de antemano quiénes van a juzgar al acusado. "Las partes participan en el proceso de selección del jurado, lo que garantizará la imparcialidad. Asimismo, como las decisiones son tomadas por personas que no son profesionales del derecho, se fomenta la interpretación de los hechos sin tecnicismos. Además, la normativa contempla la obligatoriedad de la utilización de un lenguaje claro. Los tiempos de los juicios también se verán reducidos bajo este sistema, ya que en caso de no llegar a un acuerdo, se debe debatir de nuevo hasta un máximo de tres veces", sostienen. 

Si no se logra coincidencia en el veredicto, se declarará al jurado estancado. El juez resolverá la disolución del mismo y el reemplazo por otro. En caso de que el nuevo también se estanque, el acusado será absuelto. Y no habrá posibilidad de apelación ante una absolución. 

"Logramos un acuerdo que tiene que ver con nuestra Constitución y con un problema fundamental, como es la mala calidad y la falta de objetividad del servicio de justicia. Logramos un acuerdo que logra reglamentar un derecho y que incorpora al pueblo a las decisiones de ese servicio tal como lo establece nuestra Constitución", manifestó Halperín. Y señaló: "Esta ley es el mejor acuerdo posible, en democracia, para que sean estables las transformaciones, para que le den previsibilidad a la sociedad y para que mejoren las políticas públicas. Acuerdos de estas características convierten a las políticas públicas en políticas de Estado que, cuando buscan transformar aspectos troncales de nuestra sociedad, son relevantes".

Tags relacionados

Compartí tus comentarios