La ofensiva judicial contra la reforma laboral sumó este lunes un nuevo capítulo con la recusación presentada por la CGT contra los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el mismo tribunal que días atrás había firmado un fallo clave para el Gobierno al reactivar la vigencia de la ley. La central sindical apuntó directamente contra los magistrados que intervinieron en la resolución que otorgó efecto suspensivo al recurso del Estado nacional, una decisión que, en los hechos, dejó sin efecto la cautelar previa y permitió que más de 80 artículos de la reforma vuelvan a estar operativos hasta que se resuelva la cuestión de fondo. La presentación de la CGT introduce así un nuevo elemento de tensión en un expediente que ya venía cargado de disputas técnicas y políticas. Según pudo reconstruir este medio, el planteo busca apartar a los jueces por presunta falta de imparcialidad, en un movimiento que apunta a reconfigurar el escenario dentro de la Cámara del Trabajo. El dato no es menor: la recusación contra los integrantes de la Sala VIII deberá ser resuelta por la Sala IX del mismo tribunal. Allí aparecen los nombres de Roberto Fera y Héctor Peruggini, sobre quienes fuentes judiciales consultadas por El Cronista trazan un perfil particular. “No es una sala combativa”, sintetizan. Sobre Fera, señalan que mantiene una postura “muy oficialista”, mientras que a Peruggini lo describen como “históricamente tibio”. En ese contexto, el resultado del planteo sindical aparece, al menos, incierto. La presentación de la CGT pone el foco, en primer lugar, en un presunto “prejuzgamiento” por parte de los magistrados de la Sala VIII. Según el escrito, los jueces habrían adelantado opinión sobre el fondo de la cuestión al analizar la medida cautelar, lo que —sostienen— compromete la imparcialidad que debe regir en esta etapa del proceso. En esa línea, advierten que el tribunal “se expidió sobre aspectos sustanciales de la validez de la ley” sin haber agotado el debate correspondiente. En segundo término, el planteo sindical introduce un argumento más delicado: la existencia de eventuales beneficios o situaciones que podrían afectar la independencia de los jueces. Sin hacer una imputación directa de irregularidades, la CGT sugiere que determinadas condiciones o vínculos podrían generar “sospechas razonables” sobre la objetividad del tribunal, lo que, a su criterio, justifica el apartamiento preventivo de los magistrados. Otro de los ejes de la recusación apunta a lo que consideran una “afectación del principio de juez natural”. Para la central obrera, la intervención de la Sala VIII en los términos en que se produjo —especialmente al otorgar efecto suspensivo a la apelación del Estado— altera el equilibrio procesal y modifica las reglas del trámite en perjuicio de una de las partes, lo que también refuerza el pedido de revisión de la integración del tribunal. Por último, la CGT sostiene que la decisión cuestionada tiene una gravedad institucional suficiente como para extremar los estándares de imparcialidad, en tanto se trata de una norma de alcance general que impacta sobre derechos laborales. En ese contexto, argumenta que cualquier duda sobre la objetividad de los jueces debe resolverse a favor de garantizar un proceso “transparente y equidistante”, lo que, en los hechos, se traduce en el pedido de recusación. La movida de la CGT llega apenas días después de un fallo que fue celebrado en la Casa Rosada como un triunfo clave. La resolución de la Sala VIII, firmada por María González y Víctor Pesino, no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la reforma, pero sí le dio al Gobierno lo que necesitaba en lo inmediato: que la ley vuelva a regir. En concreto, los jueces consideraron que no estaban dadas las condiciones para sostener la cautelar que había suspendido buena parte de la norma sancionada por el Congreso. Por eso, otorgaron efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que dejó sin efecto la medida impulsada por la CGT y reactivó la aplicación de la reforma. La reacción oficial fue inmediata. Desde el Ministerio de Capital Humano celebraron la decisión con un escueto comunicado, mientras que la Procuración del Tesoro avanzó con una defensa más amplia del fallo, al señalar que se había restablecido la vigencia de artículos suspendidos en lo que calificaron como un acto de “suma gravedad institucional”. En paralelo, el Gobierno volvió a insistir con uno de sus argumentos centrales: la discusión sobre la competencia del fuero laboral. Desde el inicio del conflicto, la Casa Rosada sostiene que la causa debería tramitar en el fuero Contencioso Administrativo Federal, un planteo que sigue abierto y que agrega otra capa de complejidad al expediente. En ese marco, la recusación de la CGT no sólo apunta a cuestionar a los jueces que fallaron en contra de sus intereses, sino también a ganar tiempo en un proceso que se volvió estratégico para ambas partes. Con la ley nuevamente vigente, el apuro cambió de manos: ahora son los sindicatos quienes buscan acelerar definiciones. El trasfondo sigue siendo el mismo: una reforma laboral que, lejos de consolidarse, quedó atrapada en un entramado judicial que mezcla cautelares, apelaciones, conflictos de competencia y eventuales intervenciones de la Corte Suprema. Un verdadero laberinto en el que cada movimiento redefine el equilibrio de fuerzas. A futuro, todas las miradas apuntan a la Corte Suprema. El Gobierno ya solicitó un per saltum para acelerar la definición, aunque los antecedentes muestran que el máximo tribunal suele ser reticente a habilitar ese tipo de atajos procesales. Si no prospera, el expediente deberá recorrer el camino tradicional: primera instancia, Cámara y recién después llegar a los jueces supremos. En ese recorrido, la recusación presentada por la CGT aparece como una jugada más dentro de una disputa que está lejos de resolverse. Con la reforma nuevamente en vigencia, pero bajo permanente cuestionamiento, el conflicto entra en una fase donde cada decisión judicial puede alterar el tablero. Y donde, como admiten incluso en los tribunales, los tiempos no dependen sólo de la ley, sino también de quienes la interpretan.