El Gobierno aplicó cambios al monitoreo de las semillas, con la expectativa de generar unos u$s 4000 millones anuales adicionales en exportaciones del agro.
La medida busca fortalecer las capacidades de fiscalización de semillas por parte de los privados, teniendo como referencia los criterios del Instituto Nacional de Semillas (INASE). El nuevo protocolo tendrá controles en los puntos de entrega del grano, que podrán tomar muestras para identificar la variedad de la semilla de origen. Si no hay coincidencia, se llama a una conciliación.
“Cuando surge un cargamento donde no se pagó la propiedad intelectual, los privados se tienen que arreglar entre ellos (el dueño de la semilla y el productor). Solo si no hay acuerdo pueden ir al INASE que actúa como tribunal de alzada”, explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien dijo que el estancamiento de la producción responde a un atraso tecnológico de 30 años.
Los controles se harán sobre las semillas que se registren desde la resolución actual en adelante, por lo que no tendrá efectos inmediatos en la liquidación de los lotes en curso.
Según explicó Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), los controles se pueden realizar en las balanzas de despacho de grano y como las semillas cuentan con marcadores moleculares que pueden mostrar el ADN de la variedad que se usó, junto con controles ópticos, se puede determinar el origen del grano. Eso se contrastará con la SISA (Sistema Informático Simplificado Agrícola) donde se declara la información de la producción.
“Hoy la ley prevé que el productor pueda hacer uso propio, pero tiene que haber comprado la semilla. Si la compró en algún momento (de años anteriores) y lo puede justificar, no hay ningún problema. El tema es cuando no se puede demostrar la compra”, explicó Paseyro.
Si bien los semilleros destacaron este avance en la fiscalización, consideran que es una resolución de control pero que no ordena el uso propio como práctica ni resuelve el dilema detrás de la propiedad intelectual de las semillas.
“Tiene que haber un reconocimiento económico al que hizo la investigación. ASA impulsa la adhesión al UPOV-91 (el tratado internacional que regula los derechos sobre la propiedad intelectual de alimentos) que regula las condiciones para el uso propio de las semillas. Ese sería un primer paso importante”, agregó Paseyro.
Los productores son más bien conservadores respecto de los efectos que puede tener la medida y, aunque la apoyan, piden que no se traduzcan en mayores costos ni cargas para el entramado comercial.
El presidente de CONINAGRO, Lucas Magnano, planteó que cualquier mejora de la productividad debe contemplar “la realidad de quienes formamos parte de la cadena productiva”.
“Es fundamental que este sistema no implique nuevas cargas operativas, costos o responsabilidades para cooperativas, acopios y demás operadores comerciales, ni que afecte la confidencialidad de la información de los productores”, agregó Magnano.
Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, explicó que la vigencia plena será en cuatro o cinco años porque se aplica sobre nuevas variedades, y que la medida no aporta a resolver los problemas del tema. “Había que adaptar cuestiones de la Ley de Semillas, y después avanzar en cómo fiscalizamos esa nueva ley. Esto va a generar mayor conflictividad”, marcó el dirigente.
Los frentes tensos que ve se centran en los análisis, ya que se deberán supervisar cerca de tres millones de camiones al año, lo que prevé que genere costos extra, además de plantear que se debe garantizar que no haya contaminación de las muestras. En este sentido, planteó que un sistema que se usa actualmente para supervisar sólo una variedad ya presenta problemas: “Imaginemos cuando se estén analizando 700 variedades”.
Por último, planteó que no está claro cuáles serán los mecanismos de defensa de los productores ante posibles malos análisis o tomas de muestras pocos claras. “Solo habla de controlar si el productor tiene origen legal de la semilla. No se habla de regalías ni de reconocer la propiedad intelectual. Si el productor la compró hace cinco años, está dentro de las reglas”, concluyó.
