Axel Kicillof cumplió en las últimas horas con una promesa asumida a fines del año pasado, cuando, para conseguir la aprobación del presupuesto y de la toma de créditos, negoció con intendentes la creación de un fondo de emergencia. El pasado viernes 10 de abril transfirió la suma de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses, cumpliendo de esa forma con lo establecido por la Ley N° 15.561, una verdadera bocanada de aire fresco para las agotadas arcas municipales. Según se informó oficialmente, el monto fue transferido a los municipios bonaerenses de acuerdo con el Coeficiente Único de Distribución (CUD). “Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia, producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aun en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno de la Provincia cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, se afirmó oficialmente. Pero si de inversión se trata, la provincia también inició un nuevo capítulo de disputa con el Gobierno de Javier Milei, esta vez por la concesión de diversos corredores viales a los que aspiraba la empresa estatal bonaerense Aubasa. El Ministerio de Economía de la Nación llamó a licitación pública para la gestión de corredores viales estratégicos, y la empresa que administra autopistas provinciales se presentó para ser concesionaria. Desde la administración de Axel Kicillof señalaron que el pasado 9 de abril se emitió un dictamen que “pretende desestimar” la oferta “bajo argumentos que carecen de sustento real: una supuesta falta de experiencia y de solidez financiera”. Pablo Ceriani, gerente general de la empresa, dijo que el dictamen “ignora la experiencia, alegando que las obras deben ser ejecutadas directamente y no por contratistas, un absurdo técnico que busca desplazar a concesionarios para beneficiar solo a constructoras”. “A esto se suma el uso de datos parciales de 2025 para cuestionar nuestros recursos, ignorando los últimos tres balances legales exigidos y las obras que hoy desplegamos con éxito en la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2”, señaló el ex CEO de Aerolíneas Argentinas. Para el kicillofismo, la resolución es “arbitraria” y “solo busca forzar un resultado por razones ideológicas y políticas”. “El costo lo pagará el usuario, con peajes más caros para financiar concesionarios que no hacen obras, repitiendo el fracaso de Corredores Viales. No vamos a aceptar este atropello contra una empresa provincial eficiente. Vamos a impugnar formalmente este dictamen”, concluyó Ceriani.