El Senado dio el primer paso esta semana en el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental impulsada por el Poder Ejecutivo, en un plenario conjunto de comisiones que marcó el inicio de una discusión con alto impacto social y sanitario. La iniciativa busca actualizar una normativa vigente desde hace 15 años, que según el diagnóstico oficial presenta limitaciones en su aplicación práctica. El debate comenzó bajo la conducción de la comisión de Legislación General, con participación de la comisión de Salud, donde funcionarios del área defendieron la necesidad de introducir cambios que permitan actuar con mayor anticipación frente a situaciones críticas y mejorar la respuesta del sistema sanitario. Uno de los ejes centrales de la propuesta es la redefinición de los criterios de intervención. Desde el Ministerio de Salud plantearon que el actual concepto de “riesgo cierto e inminente” resulta restrictivo y, en algunos casos, impide actuar a tiempo. En su reemplazo, se propone incorporar una noción más amplia vinculada a situaciones de riesgo grave para la persona o terceros, lo que habilitaría intervenciones más tempranas. En ese sentido, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González, sostuvo: “Proponemos reemplazar el término ‘riesgo cierto inminente’ por la categoría ‘situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad psicofísica de la persona o de terceros’” . Desde el oficialismo remarcan que no se trata de un cambio meramente terminológico, sino de una modificación estructural en la forma de abordar los casos. La presidenta de la comisión de Legislación General, Nadia Márquez, lo sintetizó así: “No es un maquillaje ni un cambio de palabras, es un cambio de paradigma”. El proyecto también introduce modificaciones en los procesos de internación, con el objetivo de facilitar su implementación en casos críticos. Entre los cambios, se establece la participación obligatoria de un médico psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, sin excluir a otros profesionales, pero redefiniendo responsabilidades. Además, se busca ampliar la red de atención ante la falta de infraestructura disponible, particularmente en lo que respecta a camas y dispositivos especializados. La iniciativa incorpora también el abordaje del consumo problemático de sustancias dentro del esquema de salud mental. Desde el Congreso, algunos legisladores alineados con el oficialismo plantean que el sistema actual carece de respuestas concretas para situaciones complejas. En esa línea, el diputado Álvaro Martínez afirmó en una entrevista con El Cronista que la reforma apunta a “dar las herramientas necesarias donde se necesitan respuestas sensibles”. Si bien había proyectos presentados en el Congreso, como el del propio Martínez, desde el Ministerio de Salud, en manos de Mario Lugones, trabajaron un nuevo articulado con el sello del Poder Ejecutivo. Lo hicieron en contacto con referentes del tema en la sociedad civil. Otro punto relevante en la reforma es, de hecho, la articulación entre el sistema de salud y la Justicia. La propuesta contempla que, en situaciones de riesgo, el Poder Judicial pueda intervenir para ordenar tratamientos o internaciones, reforzando el esquema de protección tanto para los pacientes como para su entorno. Mientras que se plantea la necesidad de capacitación específica para fuerzas de seguridad en el abordaje de crisis de salud mental, en línea con experiencias recientes que expusieron falencias en la intervención estatal. Tras el inicio formal del tratamiento, el proyecto continuará su recorrido en comisiones, donde se prevé la incorporación de nuevos expositores y el análisis técnico de los cambios propuestos. La comisión de Salud dispuso un cuarto intermedio para profundizar el debate y ampliar la discusión. El oficialismo apuesta a avanzar hacia una ley que refleje las demandas actuales, en un contexto donde la salud mental dejó de ser un tema marginal para convertirse en una prioridad de política pública. “Estamos dando un paso fundamental. Este debate responde a una realidad que vemos todos los días: familias que no encuentran respuestas en la ley actual. Queremos una normativa que acompañe, que intervenga a tiempo y que no abandone”, sostuvo Márquez. El desafío, ahora, será construir los consensos necesarios en un tema sensible, donde confluyen aspectos sanitarios, sociales y judiciales, y donde el equilibrio entre derechos individuales e intervención estatal será el eje de la discusión. Márquez destacó además que “no es un maquillaje ni un cambio de palabras, es un cambio de paradigma. No podemos seguir esperando a que el daño sea inminente. Cuando llegamos a ese punto, muchas veces ya es tarde”.