Ingreso a la OCDE: el Gobierno pide "prudencia" y dilata una respuesta definitiva

La invitación a incorporarse a esta organización, que había impulsado la anterior gestión, no era esperada. Por implicar reformas, en un contexto de restricción por la deuda, se avanzará en una evaluación sin prisa.

La invitación formal girada a la Argentina por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para iniciar un proceso de accesión tomó por sorpresa al Gobierno, que no se esperaba que la institución multilateral continuara tomando por válida el petitorio que en 2016 realizara el expresidente Mauricio Macri, en aras de atraer inversiones y dar señales de una "inserción inteligente" del país en el mundo.

Digerida la novedad, que se formalizó mediante una carta del secretario general del organismo, Mathias Cormann, al presidente Alberto Fernández, desde los despachos oficiales hicieron un llamado a la prudencia, que contrastó con el clima exultante que mostraron los dirigentes del PRO y otras fuerzas de la oposición qu tuvieron a su cargo la política exterior en el cuatrienio 2015-2019.

El proceso de ingreso al "club de los países desarrollados" consta de una serie de etapas que, normalmente, llevan varios años y combinan diversos análisis técnicos y la decisión política por parte de la membresía. De hecho, la invitación cursada a la Argentina se hizo a Perú, Brasil, Bulgaria, Rumania y Croacia llega luego de destrabarse el virtual veto que Estados Unidos ejercía sobre alguno de los ahora nominados, y sobre la posibilidad de propiciar una ampliación tan generosa de una asociación con solo 38 participantes estables.

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En la Casa Rosada hicieron notar que los países que pretendan ingresar a la organización deben atravesar un proceso de revisión para adaptar su legislación, políticas y prácticas para que las mismas estén en línea con las prácticas de la OCDE, cuyo perfil promercado es notorio. Una vez que los países confirmen su voluntad de adhesión se establecen términos, condiciones y el proceso a seguir, en lo que se define como una "hoja de ruta" adaptada a la realidad de cada economía.

La OCDE debe realizar un conjunto bastante amplio y profundo de revisiones técnicas para evaluar el estado de situación del país y su marco legal, de políticas y prácticas respecto de los estándares establecidos por la organización, y los costos de las revisiones deben ser asumidos por cada país. En definitiva, es un proceso de varios años, que implica reformas profundas y comprometerá a más de un presidente de aquí a una década, al menos.

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Desde el Gobierno avisaron que la Argentina, en el contexto actual, se encuentra en una situación particular debido a la deuda económica contraída con el FMI y que, de por sí, comprometerá al Estado en una senda de reducción del gasto público que no convence, por ahora, en el Frente de Todos.

Por todo esto, en el Gobierno llaman a la cautela y ponen el acento en estudiar los requerimientos y las políticas que promueve la OCDE en cada uno de las áreas para evaluar las implicancias de los mismos. Es de esperar que no haya una definición a corto plazo en un tema que, al igual que con el Fondo, implicaría la recepción de misiones de observación dedicadas a estudiar la forma de amoldar las vicisitudes de la política macroeconómica argentina a un club cuyos miembros provienen, en su abrumadora mayoría, del primer mundo, y que solo tiene de momento cuatro socios de la región: México, Chile, Colombia y Costa Rica.


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