En total sigilo, el Gobierno aceptó iniciar el proceso para adherirse a la OCDE

Sin grandes anuncios, respondió al "club de los países desarrollados" que está dispuesto a encarar el proceso de admisión, que requiere una serie de reformas estructurales.

Con sumo sigilo, habida cuenta el desinterés manifiesto que genera en unos aliados, y el rechazo pleno de otros, el Gobierno respondió favorablemente a la invitación para comenzar a discutir el proceso de accesión de la Argentina a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que Mauricio Macri había lanzado durante su presidencia y requerido formalmente al organismo que habitualmente es conocido como "el club de los países desarrollados".

A fines de enero, y seis años después de presentarse la candidatura formal de la Argentina para ingresar plenamente a la organización con oficinas centrales en París, el Consejo Directivo envió formalmente una carta al presidente Alberto Fernández para comunicar la decisión de aceptar el pedido argentino, junto con otros países de la región que se habían postulado recientemente.

No obstante, el Frente de Todos diluyó cualquier interés en integrarse al organismo por el que Macri había bregado en su primera gira internacional, en enero de 2016, ni bien asumido el poder. De hecho, el PRO celebró como un triunfo que la OCDE, pese al cambio de gobierno, decidiera continuar adelante con el proceso y confirmar la invitación a la Argentina.

Ingreso a la OCDE: el Gobierno pide "prudencia" y dilata una respuesta definitiva

Con un total sigilo por el lado de la Casa Rosada y la Cancillería, y ante la consulta de El Cronista, la OCDE indicó haber recibido "una respuesta inicial positiva de parte de la Argentina poco después de la decisión del Consejo".

Las mismas fuentes consultadas por este medio también detallaron que "se están llevando a cabo discusiones sobre los próximos pasos" a seguir para un proceso que, por lo menos, tomará una década si acaso no se empantana por factores exógenos o endógenos, como el debate no saldado al interior del Gobierno.

El exministro de Economía, Nicolás Dujovne, en una visita a la OCDE para apresurar el ingreso.

PRUDENCIA EN EL TEMA

El ingreso a la OCDE consta de una serie de etapas que, normalmente, llevan varios años y combinan diversos análisis técnicos y la decisión política por parte del organismo. En medio del debate interno y de cara a la oposición para encontrar consensos y aprobar el acuerdo para la refinanciación de la deuda con el FMI, el Poder Ejecutivo prefirió enfriar cualquier acción pública hacia este tema.

Tempranamente, desde el Gobierno notaron que se trata de un proceso de varios años y que implica "reformas profundas", que requieren necesariamente consensos. Notaron que el país "se encuentra en una situación particular", debido a la deuda externa. De allí que se decidiera actuar con prudencia y estudiar los requerimientos y las políticas que promueve la OCDE en cada uno de las áreas para evaluar las implicancias de los mismos.

Para la OCDE, la inflación es el principal riesgo en el panorama económico

Efectivamente, el acceso al organismo se dará en evaluaciones individuales, bajo un proceso detallado, que dependerá de que los países confirmen su "compromiso con los valores, la visión y las prioridades", entre los que se cuentan "la preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos". Asimismo, la OCDE exige a sus miembros demostrar "los méritos de una economía de mercado abierta basada en el libre comercio, la competencia, la sostenibilidad y la transparencia".

Enviada la respuesta al secretario de la organización, el australiano Mathias Cormann, varios funcionarios involucrados interpretaron que el costo de renunciar a la candidatura sería mayor que dejar al proceso estancarse, eventualmente, más adelante, o bien conseguir los apoyos internos necesarios para seguir el proceso.

Junto con la invitación a la Argentina, se cursaron mensajes similares a Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. Los otros países latinoamericanos, gobernados por Jaír Bolsonaro y Pedro Castillo, respondieron favorablemente a la brevedad y se encargaron de publicitar la respuesta.

El Gobierno y la OCDE mantuvieron fluidos contactos estos años. De hecho, el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue un entusiasta promotor de un impuesto global para las multinacionales, que el organismo analizó para discutir en el seno del G20.

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