Modificación presupuestaria

El Gobierno amplió el gasto en $ 1,1 billones, pero dice que cumplirá con la meta fiscal

Aumentó las partidas de gastos corrientes para cubrir los gastos en personal y prestaciones sociales. Se financia con pesos que el BCRA emite contra dólares que recibe de organismos internacionales.

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Una modificación presupuestaria amplió el déficit financiero estimado en 1,1 billones de pesos a dos semanas de que termine el año, o 1,3% del PBI. Las necesidades de caja de distintas dependencias públicas -principalmente, para pagar salarios, refuerzos sociales y gastos corrientes- fueron muy superiores a las actualizaciones de recursos por mejor recaudación. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron que los cambios no comprometen la meta fiscal del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) del 2,5% de rojo primario.

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El DNU 829/22 publicado este martes amplió los recursos en $ 406.000 millones y los gastos en $ 1,51 billones, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). Sin embargo, las fuentes financieras -por el ingreso de préstamos internacionales- se ampliaron en $ 2,2 billones y las aplicaciones financieras cubren ese déficit de $ 1,1 billones.

Recursos de afuera

Entre esas fuentes financieras adicionales sobresale la monetización de parte de los desembolsos que efectuó el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar la deuda que se mantiene con el organismo. El Tesoro recibe esos Derechos Especiales de Giro (DEG) y se los "vende" al Banco Central, a cambio de $ 1,1 billones. Recursos adicionales surgen de la colocación de una Letra Intransferible en dólares al Banco Central por el equivalente a $ 940.000 millones, vinculada al dólar soja.

El Presupuesto incorporó, además, recursos tributarios por $ 309.641 millones, por mejoras en la recaudación de Ganancias, el impuesto al Cheque, el IVA y el impuesto PAIS. Los derechos de exportación cayeron $ 226.985 millones.

gastos corrientes

En cuanto a los gastos, las ampliaciones son variadas y los gastos corrientes se expandieron en $ 1,5 billones. Esos créditos presupuestarios se destinarán, mayormente a pagos de salarios, jubilaciones y prestaciones sociales, como la AUH y las asignaciones familiares.

Fuentes oficiales consultadas ratificaron que estas modificaciones no impactan en el resultado fiscal "base caja", que terminará el año con un déficit primario del 2,5% del PBI. "El mayor crédito neto se compensa parcialmente con subejecución de otras partidas", indicaron. Tampoco aumentaría demasiado la deuda flotante, que pasa para el siguiente ejercicio. "Los niveles de deuda flotante están sujetos a las metas y, a priori, no se proyecta incumplimiento", agregaron.

En ese sentido, el control del gasto será mayor en 2023. El artículo 15 del DNU prohíbe, a partir de enero, que las juridisdicciones, entidades y entes del sector público nacional realicen transferencias de recursos (que deben, previamente, pedir al Tesoro) a fondos fiduciarios y empresas públicas que cuenten con fondos de libre disponibilidad. Sin "caja única", el Gobierno central busca restringir el pedido de fondos desde los entes descentralizados.

El ajuste

Desde julio, primero con Silvina Batakis y luego con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, el Estado lleva adelante un fuerte ajuste del gasto para cumplir con el acuerdo con el Fondo. Según ASAP, entre enero y octubre, el gasto total devengado aumentó 63,4%, o 3,9 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

La consultora Analytica monitorea semanalmente la evolución del gasto público. En la primera semana de diciembre, el gasto primario real cayó 23,9% contra la última semana de noviembre y 52,1% contra los niveles de hace un año.

Las principales partidas de gastos corrientes y la obra pública se contraen.

Se observa que el gasto primario real cayó 23,9% en la primera semana de diciembre respecto de igual semana de noviembre y 52,1% de un año atrás. Los recortes (o la licuación por inflación) se notan en las principales erogaciones. Las jubilaciones y pensiones cayeron 24,9% anual, los gastos en personal, 36,1%, los programas sociales, 42,1% y los subsidios económicos, 46,4%. Pero es la obra pública en donde se nota con más vehemencia el freno, con una caída del 89,7% anual.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, la ampliación del gasto "no implica dificultades" para cumplir con la meta fiscal. ""Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución presupuestaria de las principales partidas, la ampliación refiere más bien a un ajuste por inflación con una fuerte comunicación política", agregó. "En este sentido, partidas relacionadas a políticas alimentarias se encontraban cerca del 100% de ejecución hacia finales de noviembre, similar al 90% en las de seguridad social, por tanto, en un mes de alta estacionalidad del gasto, era necesario asignar mayor presupuesto", sostuvo. 

Los bonos para titulares del Potenciar Trabajo y el costo fiscal atado al refuerzo para asalariados del sector privado equivalen a un gasto de 0,15% del PBI.

  

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