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En paralelo con el comienzo de las negociaciones electorales, la Fundación Pensar, que responde al PRO macrista, trazó una fuerte advertencia sobre la sustentabilidad del programa económico de Javier Milei. El informe reconoció los avances en el ordenamiento de las variables macroeconómicas, pero señala que el desafío es que “el crecimiento llegue a la mayoría de la población”.
Pensar es un think tank ligado al PRO, que mes a mes releva a través de distintas mediciones y opiniones el panorama económico y político.
En este sentido, en su último informe indicaron algo que se repite en distintos análisis de economista, la economía libertaria no es homogénea y existe una partición entre sectores que sacan provecho del nuevo escenario y otros que perdieron capacidad de consumo por el impacto del ajuste.
Según Pensar, la paradoja del momento es que “los números mejoran más rápido que la vida cotidiana”.
En esa línea, plantearon que el Gobierno ya no enfrenta solamente el desafío de demostrar que la macroeconomía se ordena, sino que debe lograr que cada grupo social pueda afirmar que el programa también le está funcionando.
El trabajo, titulado Atrápame si puedes – Parte II, divide a la sociedad en cuatro grandes experiencias.
Están los “ganadores tempranos”, entre los cuales estarían ubicados quienes ubicó a quienes cuentan con activos, dólares, propiedades, capital, ingresos altos o inserción en sectores dinámicos. Es decir, aquellos que ya tenían una posición económica acomodada antes del inicio del gobierno libertario.
Luego, el informe denomina “esperadores” a la clase media formal privada, los jóvenes, los trabajadores registrados y sectores del interior productivo.
En el tercer grupo están los “ajustados”, que forman parte de la clase media baja. “Son sectores que no cayeron necesariamente en la pobreza, pero perdieron estándar de vida. La clase media baja es el caso central: demasiado ‘rica’ para recibir asistencia, demasiado pobre para estar tranquila”, reza el informe.
Finalmente, entre los “perdedores directos” incluyó a jubilados de la mínima, empleados públicos, trabajadores informales, hogares pobres con niños, sectores del conurbano y trabajadores vinculados al mercado interno.
El límite de la estabilización
El diagnóstico de la Fundación Pensar no cuestiona el objetivo de estabilizar la economía. En el documento, desde think thank aseguraron que el Gobierno logró ordenar algunas variables macroeconómicas, reducir la inflación, mostrar disciplina fiscal y mejorar las expectativas.
Sin embargo, sostuvieron que esos resultados todavía no se tradujeron en una recuperación social homogénea.
En su balance, el estudio señala que la primera etapa del programa evitó el colapso económico, mientras que la segunda será más difícil desde el punto de vista político porque exige convertir la estabilización en bienestar.
El informe advirtió que una recuperación puede ser estadísticamente real y, al mismo tiempo, políticamente insuficiente si la clase media baja continúa ajustada, los jubilados mantienen su malestar, los trabajadores informales siguen desprotegidos, los jóvenes no logran independizarse y el conurbano no percibe una mejora en sus condiciones cotidianas.
“La pregunta ya no es solamente: ¿está funcionando el modelo? La pregunta social es: ¿para quién está funcionando?”, planteó el documento.
El récord de deuda de los hogares
Uno de los datos centrales del informe es el incremento del endeudamiento familiar. Según el estudio, el peso de la deuda de los hogares alcanzó el máximo de la serie del Banco Central, iniciada veinte años atrás.
El documento indicó que el aumento se concentra en tarjetas de crédito y préstamos personales, mientras que el crédito hipotecario y prendario continúa siendo marginal.
Según el informe, no se trata principalmente de deuda destinada a comprar una vivienda, financiar un automóvil o construir patrimonio, sino de obligaciones de corto plazo utilizadas para sostener consumos y cubrir gastos cotidianos.
“La tarjeta y los préstamos personales funcionan cada vez más como un complemento del salario”, sostuvo el informe, que advirtió que el regreso del crédito no debe ser interpretado automáticamente como una señal de prosperidad.
El estudio indicó que la expansión del financiamiento puede reflejar normalización y mayor confianza, pero también falta de margen en los presupuestos familiares.
“Volvió el crédito. Pero, por ahora, volvió más el crédito para sostener el consumo que el crédito para construir futuro”, concluyó.
La presión sobre los hogares aparece también en la comparación entre ingresos y costo de vida. Según el informe, el ingreso promedio de la población ocupada fue de $1.104.227 en el primer trimestre de 2026, mientras que la mediana fue de $900.000.
A su vez, una familia de cuatro integrantes necesitó $1.531.472,91 en junio para superar la línea de pobreza en el Gran Buenos Aires.
El estudio indicó que esa distancia obliga a muchos hogares a contar con dos ingresos, sumar actividades complementarias o recurrir al endeudamiento para sostenerse.
Lacunza y el costo de la motosierra
El informe incluye una columna del exministro de Economía Hernán Lacunza, quien advirtió sobre el impacto desigual del ajuste y la necesidad de atender sus consecuencias sociales.
“Tras décadas de andar errante, el norte importa. Pero también el camino”, afirmó Lacunza. En su análisis, sostuvo que un programa de desarrollo necesita combinar estabilidad y crecimiento con empleo, ingresos y continuidad política.
Según el economista, los sectores productivos ganadores —agro, energía y minería— generan en conjunto alrededor de 250.000 empleos directos, formales e informales. En cambio, la industria manufacturera y la construcción emplean casi 4 millones de trabajadores, mientras que el comercio concentra otros 4 millones.
Lacunza indicó que entre 2023 y 2025 el empleo total se mantuvo prácticamente estable, con una suba de 0,3%, pero cambió su composición: se perdieron 310.000 asalariados formales, aumentaron en 70.000 los trabajadores informales y se incorporaron 300.000 cuentapropistas independientes.
El exministro también cuestionó la distribución del ajuste. “La ‘casta’ es un recurso retórico eficiente, pero inmune a la motosierra”, escribió. Luego sostuvo que “a la hora de sanear, la motosierra no distingue”.
Según Lacunza, entre fines de 2023 y la primera mitad de 2026 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo duplicaron su prestación, pero los jubilados que reciben el bono complementario perdieron 15% de sus haberes, los empleados públicos registraron una caída de 17% en el salario real y los profesores universitarios, de 26%.
También afirmó que la obra pública se redujo 80% y se ubicó en 0,3% del Producto Bruto Interno. “Hemos asistido a demasiados intentos de desarrollo con mejor principio que final”, advirtió Lacunza, y pidió no desoír las alertas sociales durante la marcha del programa.
Jubilados, informales y empleados públicos
El informe ubicó a los jubilados entre los sectores con peor balance social y mayor riesgo para el Gobierno. El estudio indicó que la movilidad mensual protege los haberes frente a la inflación futura, pero señaló que el bono pasó a formar parte estructural del ingreso de quienes cobran la mínima.
Según el documento, en julio de 2026 quienes recibían la jubilación mínima más el bono de $70.000 cobraban $481.989,33. El informe sostuvo que el ajuste sobre este sector tiene un impacto político y simbólico particular porque los adultos mayores no tienen la posibilidad de esperar a que los beneficios del modelo lleguen más adelante.
“El jubilado no puede esperar que el futuro llegue”, sintetizó el estudio.
El trabajo también señaló que la informalidad laboral llegó al 44,2% de los ocupados en el primer trimestre de 2026 y aumentó 2,2 puntos interanuales. Según el informe, la baja de la inflación ayuda a los trabajadores informales, pero no resuelve la inestabilidad de los ingresos, la falta de aportes, la ausencia de cobertura y la incertidumbre sobre la cantidad de trabajo disponible.
Además, el estudio indicó que la desocupación fue de 7,8% en el primer trimestre, pero la subocupación alcanzó el 11,1% y los ocupados que demandaban otro empleo representaron el 15,8%.
El informe sostuvo que el malestar laboral no se explica solamente por quienes no tienen trabajo, sino también por aquellos que necesitan sumar horas, changas o una segunda actividad.
Entre los empleados públicos, el estudio registró una situación negativa tanto en términos materiales como simbólicos. Según el informe, el salario público aumentó 1,5% mensual en mayo de 2026, por debajo del índice general de salarios, que subió 2,2%, y del privado no registrado, que creció 3,5%.
En términos interanuales, el salario del sector público avanzó 27,4%, frente al 35,9% del índice general. El documento indicó que los empleados estatales atravesaron una doble pérdida: poder adquisitivo y reconocimiento social.
La clase media bajo presión
La Fundación Pensar colocó a la clase media baja como uno de los sectores más relevantes para entender el humor social. Según el informe, no es el grupo más pobre, pero sí uno de los más presionados porque no siempre accede a asistencia, no cuenta con activos para protegerse y tiene poco margen de ahorro.
El estudio indicó que este segmento recorta consumos, posterga arreglos, cambia marcas, reduce salidas y vacaciones, utiliza más la tarjeta y administra el consumo de manera defensiva.
Según el documento, la clase media baja no compara la situación actual únicamente con la crisis de 2024, sino con sus propias expectativas de progreso: ahorrar, cambiar el auto, viajar, sostener la prepaga, pagar el colegio o arreglar la vivienda.
El informe definió su situación con una fórmula: “demasiado rica para ser asistida, demasiado pobre para estar tranquila”.
Para la clase media formal privada, el balance es mixto. El estudio indicó que este sector puede reconocer la baja de la inflación, la estabilización y una recuperación parcial de los salarios, pero todavía no logra recomponer su estándar de vida.
Según el informe, el salario privado registrado aumentó 2% mensual en mayo y acumuló 12,3% desde diciembre de 2025. No obstante, el documento señaló que ese grupo continúa condicionado por el costo de los alquileres, las expensas, la educación, la salud, el transporte, el supermercado y la posibilidad de ahorrar.
