El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de deducción de haberes para el personal de la Administración Pública Nacional. La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y reemplaza al Decreto 14/12, vigente desde enero de 2012. El objetivo de la norma es el de “modernizar y flexibilizar” los mecanismos de acceso a financiamiento para los empleados públicos. La medida, oficializada en el Decreto 352/2026, establece que los descuentos aplicables a los sueldos de los empleados públicos, incluyendo cuotas de préstamos, pagos por consumo y cuotas sociales, no podrán superar el 30% de la remuneración neta. Es decir, del sueldo resultante una vez deducidas las retenciones legales obligatorias. Uno de los cambios más significativos del nuevo régimen es la simplificación del acceso para los bancos y financieras regulados por el Banco Central. A partir de ahora, estas entidades recibirán el código de descuento de forma automática, con solo presentar la solicitud de inscripción, por lo que se elimina la necesidad de mostrar documentación adicional. Además, entre los cambios principales, se destaca la inscripción automática de bancos y financieras en un registro oficial gestionado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Para el resto de las entidades (mutuales, cooperativas, obras sociales, entidades oficiales y gremios con personería gremial), el trámite de inscripción seguirá requiriendo la presentación de documentación específica que determinará la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente de la cartera que lidera Federico Sturzenegger. El documento oficial también crea un nuevo Registro de entidades bajo la órbita de la Secretaría de Transformación del Estado. Cabe aclarar que las organizaciones que ya se encontraban inscriptas en el registro anterior quedan automáticamente incorporadas al nuevo, conservando sus códigos vigentes. Además, se prohíbe expresamente la cesión, transferencia o comercialización de los códigos asignados. En materia de transición, las operaciones ya aprobadas que no hayan comenzado a ejecutarse seguirán rigiéndose por el Decreto 14/12. En cambio, los nuevos pedidos de descuento, y los que estén en trámite de aprobación, deberán encuadrarse en las disposiciones del flamante régimen. Según los argumentos oficiales, para el personal de la Administración Pública Nacional esto podría significar un acceso más sencillo y potencialmente más competitivo a créditos y otros servicios financieros, al aumentar la cantidad de entidades habilitadas.
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