En respuesta a una escalada de violencia sin precedentes, el gobierno de la provincia de Santa Fe anunció medidas inmediatas para hacer frente a una ola de crímenes despiadados, los cuales están sembrado el terror en la ciudad de Rosario en particular. El comunicado oficial surge, en particular, tras el reciente asesinato a sangre fría de un playero de estación de servicio en Rosario, así como otros casos similares que han sacudido a la comunidad.
Según las primeras hipótesis de los investigadores, estos actos no se tratan de ajustes de cuentas, sino de mensajes directos al poder político de la provincia. De hecho, el crimen del playero, que se suma a otras víctimas inocentes, incluyendo dos taxistas fallecidos en circunstancias similares y un colectivero debatiéndose entre la vida y la muerte tras un ataque reciente, dejó como saldo un mensaje explicito al gobernador Maximiliano Pullaro, a traves de un texto manuscrito dejado en la escena del crimen: "Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año".
El comunicado oficial del gobierno hace hincapié en la gravedad de la situación, calificando a los perpetradores como terroristas que buscan recuperar privilegios dentro de las cárceles. Estos privilegios incluyen el acceso a dispositivos móviles, visitas íntimas ilimitadas y la organización de actividades criminales desde detrás de los barrotes. Sin embargo, el gobierno reitera que no están actuando contra una administración en particular, sino contra toda la sociedad que busca la aplicación rigurosa de la ley para detener la actividad delictiva.
En respuesta a estos desafíos, se formó una Junta Operativa compuesta por el gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Municipalidad de Rosario y el gobierno nacional, que trabajará de manera constante para abordar la crisis. Entre las medidas inmediatas anunciadas se encuentran:
Triplicar la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio.
Acciones operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso.
Operativos de saturación.
Conformación de un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía.
Incremento del personal policial cubriendo horas de servicio extraordinario.
Refuerzo de las fuerzas federales y participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico.
Ampliación de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos.
Intensificación de los controles de vehículos y personas, solicitando la colaboración de la ciudadanía.
El comunicado destaca el compromiso de todos los niveles del Estado para abordar la situación de manera "coordinada y determinada".
