El complicado cóctel que influirá en el clima electoral

El canje de deuda, con una aceptación en torno al 58%, le permite al Gobierno despejar del horizonte electoral uno de los factores que amenazaban con desestabilizar el escenario electoral. El Tesoro tenía que pagar o refinanciar $ 7,5 billones hasta junio inclusive y ahora le queda por cubrir algo menos de $ 3,2 billones. Así y todo, Economía afronta un complejo panorama. Deberá lidiar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con el impacto de la sequía en el frente externo, el desempeño de la actividad económica, el frente fiscal y el Índice de Precios.

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Canje y después

El Ministerio de Economía celebró como un "éxito" la reestructuración de la importante montaña de vencimientos de deuda en pesos que presionaba entre marzo y junio. Si no despejaba hacia adelante una parte relevante de esa deuda, la presión sobre los dólares paralelos habría sido permanente.

Según estimaciones de Equilibra, entre julio y septiembre se concentran vencimientos por otros $ 8,6 billones, de los cuales $ 6,5 billones están atados a la cotización del dólar. Pero la gran mayoría está en manos del sector público, lo que facilita su gestión.

El precio que convalidó el Gobierno para despejar una parte del horizonte fue alto: según 1816, la deuda emitida tiene una tasa real promedio cercana al 11%. Además del bono dual, una especie de seguro de cambio, los bancos recibieron la garantía de recompra del Banco Central, una flexibilización en la política de encajes y la autorización para pagar dividendos.

"De cara a las elecciones, en los próximos meses, la inestabilidad va a pasar por las licitaciones, por si el Gobierno logra o no captar al sector privado para rollear la deuda que tiene", dijo Nicolás Calabria, portfolio manager de Adcap. "En caso de que no ingresen inversores privados, la pregunta será de dónde captará el Gobierno los pesos para afrontar sus vencimientos, y todo indica que habría más emisión, lo que termina impactando sobre la brecha cambiaria", añadió. "Lo que diga la oposición jugará un rol fundamental", advirtió.

La sequía

En el Palacio de Hacienda y el Banco Central sumaron, a la multiplicidad de variables que siguen a diario, las imágenes satelitales que muestran a toda la zona núcleo en rojo. Sin pronósticos de lluvias para las próximas semanas, la expectativa de una mejora climática que mejore los perfiles de las cosechas de soja y maíz se cae. De piso, estiman un menor ingreso de divisas de u$s 14.000 millones. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó a u$s 19.251 millones la estimación de pérdidas, equivalente al 3% del PBI.

El Gobierno busca que la meta de acumulación de reservas, originalmente de u$s 4800 millones, quede lo más cerca de 0 posible. Eso, más el swap con China y algún alivio de organismos de crédito, daría algo de margen de acción para no resentir más la producción, vía importaciones.

Pero la sequía también impactará en la actividad económica y, por lo tanto, en la recaudación. Como contó El Cronista, los derechos de exportación caerían entre u$s 2300 y u$s 3000 millones en comparación con 2022. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó la pérdida de ingresos fiscales en hasta u$s 6000 millones.

Menor cosecha y menor disponibilidad de divisas impactarán sobre la inflación, según Ecolatina. También tensarán la brecha cambiaria, con un Banco Central que no puede encadenar una ola compradora de divisas.

El FMI

La negociación con el Fondo se extendió más de la cuenta. Según fuentes al tanto de las gestiones, el OK político de Kristalina Georgieva a la flexibilización de la meta de acumulación de reservas chocó con la dureza de los equipos técnicos.

El Fondo quiere saber cómo hará el Gobierno para cumplir con la meta de déficit fiscal, de 1,9%, con la caída de la recaudación que se siente desde enero por la sequía. Economía ratificó que no la tocará.

Los técnicos sumaron una dura reprimenda por no haber avanzado más rápido en el recorte de subsidios energéticos (dice el staff que tarifas más caras habrían atemperado la importación de energía). Y el descontento por la sanción de la moratoria previsional, contraria a las recomendaciones del FMI y con incidencia en las cuentas fiscales. Para el Gobierno costaría un 0,2% del PBI, aunque con mayor incidencia en el año entrante.