La administración de Javier Milei puso en marcha un rediseño profundo de la política sociolaboral, con el objetivo de desactivar los programas de asistencia social tradicionales y avanzar hacia un esquema de inserción en el mercado formal de trabajo.
El debate ya no gira solo en torno a cuánto se transfiere a los beneficiarios, un monto que se encuentra congelado, sino cómo se asignan los recursos.
La capacitación individual, la articulación con empresas privadas y la voucherización de la formación laboral, comienzan a mostrarse como las novedades libertarias en la materia.
El cambio comenzó a tomar forma con el Decreto 198/2024, que disolvió el programa Potenciar Trabajo y lo reemplazó por dos líneas diferenciadas: el Programa Volver al Trabajo (VAT) y el Programa de Acompañamiento Social (PAS).
En sus fundamentos, la segmentación apunta a distinguir entre quienes tienen mayor cercanía con el mercado laboral y quienes enfrentan barreras estructurales, como edad avanzada o responsabilidades de cuidado.
Del subsidio a la empleabilidad
El Programa Volver al Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se presenta como una política activa.
En sentido estricto, no se define como un subsidio pasivo, sino como un conjunto de prestaciones obligatorias: orientación laboral, asistencia en la búsqueda de empleo, certificación de competencias y prácticas formativas en entornos reales de trabajo.
La asignación mensual —actualmente en $78.000 no remunerativos— se mantiene congelada como parte de una decisión política explícita: que la inflación reduzca su peso relativo frente al salario formal, incentivando la transición hacia el empleo registrado.
El beneficio es compatible con modalidades como el trabajo en casas particulares, el monotributo social o el empleo rural temporario.
Empresas, incentivos y experiencias piloto
Para facilitar la absorción de beneficiarios por parte del sector privado, el Gobierno prorrogó hasta 2026 el Programa Puente al Empleo, que permite a las empresas descontar del salario el monto equivalente a la asistencia social previa, con financiamiento del Tesoro Nacional.
A esto se suman beneficios fiscales específicos para micro, pequeñas y medianas empresas.
En ese marco, el Programa de Inserción Laboral (PIL) funciona como herramienta operativa, con ayudas económicas mensuales que las empresas pueden descontar del salario según su tamaño.
La lógica oficial es reducir el costo inicial de contratación y estimular el empleo registrado.
La otra pata del esquema son los acuerdos con empresas. En enero, la ministra Sandra Pettovello firmó convenios con firmas como Sinteplast, Mercado Libre, Quilmes y Arcos Dorados.
Según la información oficial, se trata de experiencias piloto que combinan capacitación específica y potencial salida laboral. El caso de Sinteplast, con cursos presenciales de oficios en el Centro de Formación Capital Humano en La Paternal, es presentado como el modelo a replicar en otras provincias.
Vouchers de capacitación: la novedad del esquema laboral
El punto más novedoso —y más discutido— es la implementación de un sistema de vouchers de capacitación laboral. Bajo este esquema, la transferencia directa de dinero se reemplaza o complementa por cupones canjeables por cursos en centros acreditados, con asistencia y certificación obligatorias.
Desde el Ministerio de Capital Humano sostienen que el objetivo es transformar la asistencia en inversión en capital humano, permitiendo a los beneficiarios elegir formaciones alineadas con la demanda productiva local y eliminando la intermediación de organizaciones sociales.
La Resolución 1105/2025 formalizó este esquema y estableció mecanismos de control, como la asistencia mínima del 70% y el cruce de datos a través del Sistema Integrado de Información Social (SIIS).
Objeciones políticas y desafíos económicos
El nuevo paradigma no está exento de críticas. Desde la UTEP advirtieron que el modelo puede convertirse en “un ajuste disfrazado de capacitación”, al considerar que la economía no genera hoy suficiente empleo formal para absorber a los beneficiarios.
En la misma línea, dirigentes de la CTA y especialistas laborales alertan sobre el riesgo de deserción en los cursos, la vigencia acotada del programa y la brecha educativa que dificulta el acceso a empleos tecnológicos.
Otros analistas señalan que, sin una recuperación sostenida de la actividad económica, la capacitación por sí sola podría no traducirse en empleo genuino, especialmente en un contexto de cierre de pequeñas y medianas empresas.
Un experimento en marcha
Para el Gobierno, el rediseño de los planes sociales apunta a romper con el “asistencialismo” que adjudican a gestiones precedentes y a consolidar un esquema donde el Estado funcione como facilitador de empleabilidad.
El sistema de vouchers aparece como la pieza más innovadora —y políticamente sensible— de esa estrategia.
El alcance real del programa dependerá de si las capacitaciones proyectadas logran convertirse en puestos de trabajo efectivos y de cómo evolucione el mercado laboral en los próximos meses.
Mientras tanto, el debate sobre el rol del Estado, las empresas y la asistencia social promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política, sobre todo, de cara a una reforma laboral que impactará de manera directa en el mundo del trabajo.
