Cristian Girard es el nuevo director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Trabajó codo a codo con los funcionarios de economía y el gobernador Axel Kicillof en la confección de la Ley Fiscal 2020 y resalta que con los cambios que introdujo la oposición, la ley tiene un poder recaudatorio de $ 10.000 millones menos que el proyecto original.

En una entrevista que concedió durante una visita a El Cronista, enfatizó la necesidad de ir hacia un sistema impositivo más progresivo "donde el que más tiene pague más".

¿Cómo encontró la Agencia y cuál es el principal desafío en estos primeros meses?

El organismo está bien. ARBA tiene 4700 empleados, de los cuales más de 3000 son del área de servicios y fiscalización, y es allí donde queremos focalizarnos, en recuperar el rol fiscalizador que históricamente tuvo. La anterior gestión estuvo más centrada en el tema servicios y en la intensidad de la fiscalización a los grandes contribuyentes y operativos puntuales se acotaron, a algunos operativos especiales.

¿Cuál será el foco para recuperar ese rol?

Para nosotros, la fiscalización es fundamental porque hace también a la percepción del riesgo. Si el contribuyente no percibe que hay riesgo por no pagar impuesto, que va a haber moratoria o de última se va a condonar la deuda, el cumplimiento es menor. Y eso se exacerba en un contexto de crisis, donde no alcanza la plata para todos los gastos, entonces lo primero que se deja de pagar son las tasas municipales y después los impuestos. Y nosotros estamos comprometidos con la reducción de la evasión fiscal, donde hay una injusticia de base en que gran parte de la población paga los impuestos y una pequeña parte no.

Pero que quede claro que no buscamos perseguir o señalar a los deudores sino trabajar en la concientización y ayudarlos a que se pongan al día.

¿Son todo lo mismo los contribuyentes que evaden o no pagan?

Cómo es el universo de no pagadores hay que trabajarlo de manera diferencial, sobre todo con el nivel de informalidad que tiene la economía argentina. Es un trabajo que tiene que ser coordinado con Nación y otras áreas del gobierno provincial para atacar la informalidad, la precarización laboral. Y tenemos que trabajar mucho en la cultura tributaria, enseñar qué son los impuestos, porqué pagar. Mucha gente tiene desconocimiento de que no pagar los impuestos termina en un juicio porque es una responsabilidad penal tributaria. Y sobre todo hay que pensar en simplificar los regímenes para los pequeños contribuyentes.

¿Cómo se logra esa simplificación?

Tenemos que pensar soluciones en las que los pequeños contribuyentes. un kiosko, una panadería, una pizzería de barrio, no tengan que pagar un contador, o una pyme de 15 empleados no tenga que tener un recurso exclusivamente trabajando para ARBA. Es parte del objetivo de gestión. Hay que trabajarlo bien para evitar los problemas de enanismo fiscal como pasa con las categorías más altas del Monotributo. Pero es una línea para trabajar.

Arriba de eso tenés son grandes contribuyentes, tanto de Ingresos Brutos como patrimoniales tienen recursos para pagar una planificación tributaria, y ahí tenemos como Estado ser mucho más inteligentes. En eso necesitamos un compromiso de gestión muy enfocado en mejorar las capacidades, formarnos e ir a fiscalizar a los grandes.

¿Pero eso no sería seguir cazando en el zoológico?

El 70% de la recaudación de la provincia es por Ingresos Brutos; y el 70% de la recaudación de Ingresos Brutos lo explican 2500 contribuyentes, que son grandes. Es decir que la mitad de la recaudación la generan los grandes contribuyentes. La mejora en la recaudación no puede descansar en los pequeños contribuyentes.

La posibilidad de mejorarla está en los grandes. Y hay que buscarlo dando progresividad y focalizar en los impuestos patrimoniales más que sobre la actividad económica, para que la estructura tributaria sea menos distorsiva. Y que la carga tributaria crezca a medida que crece el patrimonio.

Y en Ingresos Brutos, calibrar la maquinaria de recaudación para que no castigue a los de abajo como pasó en los últimos años, sino ir a buscar a los grandes y dar las disputas que haya que dar.

Entre los pequeños contribuyentes, las pymes son de las más afectadas por la crisis y algunas dejaron de pagar impuestos...

Sí, hoy hay 600.000 pymes que tienen deuda, en distintas instancias, con ARBA por $ 13.000 millones. Es muy poco si lo comparás con la recaudación anual, que este año andará en $ 360.000 milllones.

Estamos trabajando, terminando de definir un plan de pagos para que esas pymes puedan ponerse al día. Falta determinar la quita de intereses, resarcitorios, por mora y multa, que se aplicará.

Nos focalizamos en las deudas de los últimos cinco años, y podrán pagarse hasta en 120 meses. Con bajas tasas de incentivo para el pago corto y de mercado para los plazos de cancelación más largos.

¿Qué se puede conseguir con esta medida?

Esto tiene un doble efecto, por un lado le das la posibilidad de financiar en el largo plazo, reduciendo los montos del día, y a la vez le facilitas el acceso al crédito, porque para conseguirlo se necesita estar al día con las obligaciones tributarias. Y también las pymes que tienen embargos pueden ingresar al plan, y se le levantan esos embargos con lo que tendrán directamente recursos para seguir trabajando.

Es importante entender que la crisis para las pymes son crisis familiares, que incluso terminan con grupos familiares disueltos.

Por eso, en este contexto, y darle un alivio financiero mientras maduran las políticas macro y de apoyo productivo que prepara la Provincia, le da un poco de oxígeno a la pyme porque si cierra no abre más.

¿Hay en estudio algún régimen especial para pymes, para que paguen menos que las más grandes?

Desde ARBA, movimos mucho el piso para que las pymes no paguen Ingresos Brutos y recién empieza a pagar cuando pega un salto muy importante cuando ya es más mediana que pequeña o ya está más cerca de ser grande.

Pero eso no lo va a resolver ARBA, sino la política productiva y lo que tenemos que hacer es un trabajo coordinado con el ministro de la Producción para definir sobre la base de esas políticas las alícuotas disminuidas y aumentadas.

¿Qué otro foco de atención tiene previsto para su gestión?

El tema de los barrios cerrados y countries es central y le vamos a poner la lupa porque hay situaciones irregulares. La gestión anterior avanzó en algunas cosas que estamos revisando, pero es uno de los temas a seguir con mucha atención.

En eso hay que tener mucha coordinación con las otras áreas con competencia en lo que es el uso del suelo y el desarrollo inmobiliario. Y también con los municipios, porque hay una falla burocrática, de coordinación que termina beneficiando a propietarios de partidas muy valiosas.

Hay casos de contribuyentes que pagan Inmobiliario como baldío cuando tienen construcciones muy importantes, y tal vez eso se da porque no tienen la habilitación de final de obra, que es municipal, y entonces provincia no puede determinar el impuesto por lo construido. Por eso creo que la coordinación es clave.