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Docentes y trabajadores no docentes de universidades públicas iniciarán un paro nacional este lunes 16, en reclamo por la recomposición salarial y la falta de implementación de la ley de financiamiento universitario que, según informes privados, cayó 45,6% respecto de 2023.
La medida de fuerza se desarrollará en distintas casas de estudio del país hasta el sábado 21 de marzo y podría profundizarse por tiempo indeterminado si no hay respuestas a los reclamos del sector, según anticipó la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA).
Cerca del 87% del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, sin embargo, la negociación salarial permanece paralizada desde octubre de 2024; el último aumento de 2% -muy por debajo de la inflación- fue definido por decreto del Ejecutivo en diciembre pasado.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto de las universidades nacionales acumula una caída real de 28,7% entre 2023 y 2025. Si se considera el crédito vigente proyectado para 2026, la reducción alcanza el 45,6% respecto de 2023, uno de los retrocesos presupuestarios más importantes del sistema en los últimos años.
El estudio compara dos escenarios posibles: la aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso en 2025, y el proyecto de modificación enviado por el Gobierno al Congreso en 2026.
De acuerdo con el análisis, si se hubiera aplicado la ley sancionada por el Parlamento, el presupuesto universitario habría aumentado 35,1% en términos reales respecto de 2025, quedando apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.
En cambio, el proyecto oficial implicaría una caída de 14,2% frente a 2025 y de 38,8% respecto de 2023, consolidando el ajuste sobre el sistema universitario.
En términos generales, el presupuesto resultante sería 36,5% menor al que hubiera correspondido con la ley aprobada por el Congreso.
El peso de los salarios
Para dimensionar, CEPA reflejó que, un Jefe de Trabajos Prácticos semi-exclusivo perdió más de la mitad de su sueldo desde 2015; cayó 50,6% en términos reales: de $1.154.094 a $570.470 y podría profundizarse hasta 52,5% con el esquema propuesto por el Gobierno.

Entre 2023 y 2026, el gasto salarial muestra una caída real acumulada de 43,2%, mientras que los gastos de funcionamiento registran un ajuste aún mayor, de 57,1%.
Este último recorte se explica principalmente por la reducción o desaparición de programas vinculados al desarrollo universitario, la investigación científica y la promoción de carreras estratégicas.

El deterioro del financiamiento también se refleja en el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según el informe, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 el salario real de docentes y no docentes cayó 34%.
La mayor parte de esa pérdida se concentró en los primeros meses de 2024, cuando la inflación superó ampliamente los aumentos salariales. Posteriormente, durante 2025 se registró una nueva caída del 10,1%, que profundizó el deterioro del ingreso.
La situación también se observa al comparar los salarios con las canastas básicas: en enero de 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes de mayor jerarquía superaban la línea de pobreza, mientras que la mayoría de los cargos docentes y administrativos se ubicaban por debajo de ese umbral.
Para dimensionar, CEPA reflejó que, un Jefe de Trabajos Prácticos semi-exclusivo perdió más de la mitad de su sueldo desde 2015; cayó 50,6% en términos reales: de $1.154.094 a $570.470 y podría profundizarse hasta 52,5% con el esquema propuesto por el Gobierno.
La ley que todavía no se aplica
El conflicto gremial también está vinculado con la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), sancionada por el Congreso en 2025 y ratificada tras superar un veto presidencial.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de esa norma implicaría un gasto equivalente a 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, pese a haber sido reglamentada, la ley todavía no comenzó a aplicarse.
La ley aprobada por el Congreso establecía convocar a paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, lo que implicaba una recomposición estimada en alrededor del 44%.
El proyecto enviado por el Gobierno, en cambio, propone tres aumentos no acumulativos de 4,1% durante 2026, que totalizan 12,3%, una cifra insuficiente frente a la inflación proyectada para el año, lo que implicaría una nueva caída del salario real.
















