El decreto que favorece a cooperativas

Constructores vs. movimientos sociales: cómo es por dentro la pelea por $ 720.000 millones en obras

Las empresas acusan "competencia desleal", pero el Gobierno y referentes de la economía popular buscan darles más trabajo y formalizar a las cooperativas. Los montos de la disputa, en un presupuesto de ajuste.

La dura reacción de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) contra el decreto que dispone asignar el 30% de las obras públicas inferiores a $ 300 millones a cooperativas y organizaciones sociales puso de manifiesto la pelea por un presupuesto que menguará el año próximo, incluso con el calendario electoral en el horizonte. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los fondos para viviendas caerán 7% real y las transferencias de capital a provincias y municipios, que ejecutan más del 90% de los trabajos de bajo monto, caerán 20%.

Camarco rechazó el artículo 4 del decreto 728. Darles 30% de la obra pública pequeña a cooperativas pondrá a "pymes constructoras en peligro de extinción", alertó.

El gasto en obra pública cae casi 11% real para cumplir con la meta de déficit

Hasta $ 300 millones: el Gobierno le entregó a los movimientos sociales el 30% de la obra pública

"De las 200.000 empresas formales que hacen obra pública, el 97% son pymes que hacen obras de $ 300 millones", dijo Gustavo Weiss, presidente de Camarco. "Los cooperativistas no tributan cargas sociales, los empleados no acceden a jubilaciones, aguinaldo, vacaciones, ART ni obra social y todo eso representa un 54% del costo laboral", siguió. "Sumado a que las cooperativas están exentas del impuesto a las Ganancias, tendrán una ventaja no menor al 40% en el precio al cotizar una obra", se quejó.

Freno a planes, pero más obras

El decreto 728 surgió por insistencia de los movimientos sociales oficialistas. Negociaron durante un mes sus términos con el presidente Alberto Fernández y los ministros Sergio Massa, Victoria Tolosa Paz y Kelly Olmos. El texto también dictamina que no se emitirán más planes Potenciar Trabajo. Las empresas que se sumen al "Puente" para convertir planes en empleo formal tendrán una preferencia al cotizar.

Tolosa Paz afirma que la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) ejecuta obras por más de $ 148.000 millones en 350 barrios, de las cuales el 32% las realizan cooperativas. El decreto ampliaría ese espectro: según el proyecto de Presupuesto 2023, las obras de Vivienda suman casi $ 419.000 millones y las de Agua y alcantarillado, $ 299.000 millones, por lo que habría casi $ 720.000 millones en trabajos que concentran la gran parte de la obra de menos de $ 300 millones.

El Presupuesto 2023 reduce las transferencias a municipios para obras chicas.

El Movimiento Evita ponderó que haya una reorientación de los subsidios. "Lo más importante es la conformación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, la participación de las organizaciones de la obra pública y la posibilidad concreta de trabajar para el desarrollo productivo, a la comercialización y el acceso al crédito de la economía popular", dijo Gildo Onorato, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Pero la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que hace obras con Aysa y mejoras barriales en el marco del SISU, rechazó el freno al Potenciar Trabajo. "No cambio herramientas por compañeros", respondió el diputado Juan Carlos Alderete, uno de los que participó de las negociaciones previas al decreto.

Según el Registro Nacional de la Economía Popular (Renatep), había, a abril, 3,5 millones de trabajadores, cifra que duplica al 1,2 millón de beneficiarios de Potenciar Trabajo. La construcción empleaba a al menos 255.219 personas, la gran mayoría albañiles y ayudantes.

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