Análisis

Precios congelados: los efectos contraindicados de ese tipo de medidas, según especialistas

Para David Miazzo, economista jefe de la FADA, congelar precios hoy es equivalente a tener mayores aumentos mañana: "En vez de Programa de Congelamiento, yo lo llamaría Plan Postergar".

El Gobierno tiene la capacidad de controlar apenas el 1% de los precios de toda la economía. Y mientras la Secretaría de Comercio vigila ese puñado de datos que sirven de señal para que comerciantes y consumidores transen bienes y servicios, se olvida del 99% restante que continúan subiendo a diario.

El plan oficial que busca suspender aumentos en alimentos y bienes esenciales por 90 días no es aceptado por las empresas.

El índice de alta frecuencia que elabora la consultora Seido sacó una foto de la suba de precios durante la primera semana de octubre: 4,9% fue el resultado de los aumentos promedio en siete días en el nivel general y 4,6% para la inflación núcleo. En el gabinete económico observaron esos datos con preocupación. Para los funcionarios, la solución inmediata es estrangular las cadenas de valor de los distintos sectores productivos.

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"La consecuencia de ese tipo de medidas ya las conocemos: cae producción de alimentos porque no hay incentivos a la inversión. Es un efecto comunicacional y una forma de mostrar acción sobre el problema", dice David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Miazzo explica que congelar precios hoy es equivalente a tener mayores aumentos mañana. "En vez de Programa de Congelamiento, yo lo llamaría Plan Postergar. Si no hay un cambio estructural en el volumen de la emisión monetaria y no se genera confianza, me preocupa en qué puede terminar todo esto", explica el analista.

El Gobierno elige desobedecer las leyes de la economía y no prestarle atención a la evidencia que registran toneladas de manuales. Los economistas Robert Schuettinger y Eamonn Butler publicaron "Forty Centuries of Wage and Price Controls" ("4000 años de controles de precios y salarios") en 1979. En ese libro los autores registraron ejemplos del fracaso de ese tipo de medidas en miles de años de historia, incluso antes de Cristo.

Los controles de precios existen desde que comenzó la humanidad. El Antiguo Testamento da cuenta de que las autoridades limitaban precios en el comercio entre los distintos pueblos tribus en Israel. El emperador Diocleciano impartió por primera vez una Ley de Precios Máximos en el año 301 después de Cristo y reguló tarifas de transporte y los salarios de soldados y jornaleros. Ya en 1793, la Convención Nacional hizo rodar cabezas en Francia: durante la época de la Revolución se decapito a quienes no cumplían con la "Ley del máximum general" que impuso un techo al precio del trigo.

El ejemplo de los controles en plena Revolución Francesa fue el tema de un twit de Luciano Cohan, socio de la consultora Seido. "Eso demuestra que a la fuerza no funciona. Y la consecuencia inmediata es la escasez, además de que estas políticas generan mercados informales", dice el economista.

En años electorales los gobiernos argentinos pretender detener la suba generalizada de precios con soluciones mágicas. Según Cohan, la analogía perfecta sería comparar los controles con el uso de un dique para frenar el curso de un río. La fuerza de la naturaleza es mayor a la construcción de una pared de concreto y, tarde o temprano, el agua la desbordará.

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"Los congelamientos no funcionan porque el Gobierno no tiene capacidad de vigilar lo que pasa con el 1% de los precios. En la economía a miles de millones de precios: un supermercado tiene 40.000 precios distintos y a eso hay que sumarle los mayoristas, de servicios, de salarios. La cantidad es infinita" dice Cohan. Según el economista, Feletti aspira a controlar lo que se ve en las góndolas de algunas empresas sin tener capacidad de controlarlos. "No tiene poder de policía para hacer cumplir la medida", agrega.

La inflación en la Argentina es un fenómeno macroeconómico. La necesidad de financiar constantemente al Tesoro, que gasta más de lo que tiene, es la causa de una excesiva impresión de pesos. Estadísticas de la Fundación Mediterránea sobre datos oficiales evidencian la aceleración de la emisión. En el primer semestre el Gobierno emitió a un ritmo promedio mensual de $ 137.000 millones; pero en lo que va del segundo semestre el Banco Central elevó el promedio a $ 354.000 millones al mes, un aumento de 160%.

Los economistas de distintas vertientes ideológicas coinciden en que el problema de fondo es monetario y que solucionarlo llevará años. El propio jefe de Roberto Feletti, el ministro de la Producción, Matías Kulfas, dijo públicamente que "la inflación no se puede combatir sólo con controles de precios".

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Federico Filippini, jefe de estrategia de Numera Analytics para América Latina, coincide con ese diagnóstico. "Las medidas aisladas, fuera de un programa consistente, tienen un impacto neutro, o incluso nocivo, sobre las expectativas de inflación, incluso aunque se logre atenuar los aumentos por poco tiempo", dice el economista. Miazzo agrega que "el próximo congelamiento no tendrá un efecto positivo porque afecta apenas a una parte minúscula del consumo. Son ciertos productos de algunas compañías en las que el Gobierno tiene la capacidad de intervenir. Si las empresas grandes acceden, lo harán con algún producto de su portfolio, pero van a liberar el resto", adelanta el analista de FADA.

El problema este tipo de medidas del Gobierno es que nunca están contempladas dentro de un plan estructural. Entonces, la pregunta que los empresarios le hacen a Feletti es pertinente: ¿qué va a pasar el día 91 cuando termine el congelamiento? "Es justamente ahí donde entra en juego la credibilidad. Ningún programa anti-inflacionario será eficaz sin confianza, el ingrediente necesario para que las expectativas sean positivas. Sin credibilidad, los precios se ajustarán para retornar al equilibrio previo al programa de control", explica Filippini, Ph.D. en Economía por la Universidad de Nueva York.

Los empresarios pyme destacan un desequilibrio adicional en los programas de congelamiento del Gobierno. Históricamente la Secretaría de Comercio supervisó las góndolas, pero nunca controló los precios mayoristas. 

"El problema no está en la cadena de comercialización de los bienes finales, sino en los precios de los insumos. Eso genera un embudo inviable porque nadie puede vender a pérdida", opina Pablo Fazio, CEO y fundador de Otro Mundo. En su caso, debería congelar el precio de la cerveza que le vende a sus consumidores mientras paga el aluminio, la malta y el resto de las materias primas con aumentos mayores a la inflación promedio porque los precios están dolarizados.

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En el sector lácteo, en las empresas que producen galletitas y panificados y en las embotelladoras de gaseosas ocurre lo mismo. Y en todos los casos, los empresarios pyme -que no suelen tener una silla en la mesa de discusión a la que acceden las grandes empresas- también se quejan de los desequilibrios que genera la concentración. "En ciertos sectores no contribuye en nada que haya una mayor oferta, tampoco ayudan los acuerdos sólo con los grandes grupos y las cadenas de comercialización", reclama Fazio, uno de los pocos que se anima a hablar públicamente del tema sin temor a ser apercibido por el Gobierno.

Para Miazzo, un congelamiento de precios no afecta a todas las cadenas productivas por igual. "Es diferente el impacto para un productor lácteo que para uno de la industria farinácea. Los tambos, por ejemplo, reciben una transferencia directa del problema porque trabajan con un precio abierto, igual que las bodegas y algunas otras economías regionales. Pero en los sectores que comercializan granos o carnes, el costo de suspender aumentos lo absorbe la industria", explica el economista jefe de FADA.

Las diferencias que Comercio aplica a los sectores productivos respecto de los comerciales es indiscutible. Es por eso que una porción del empresariado, como los supermercadistas y mayoristas, no se niegan a firmar la propuesta de Feletti. Pero el resto, la gran mayoría de los productores industriales están en la vereda de enfrente. Ellos niegan que sea por una cuestión ideológica. La respuesta es absolutamente técnica: la medida no va a bajar la inflación y durante tres meses serán ellos los que deban costear parte del exceso de gasto público.

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