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En un Senado paralizado por la causa Adorni, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado acudió al Congreso para presentar la nueva Ley General de Sociedades. Allí, se pusieron en primer plano los capítulos más polémicos como la incorporación de sociedades automatizadas y DAO dentro del régimen societario. La letra chica y las ausencias.
Federico Sturzenegger expuso ante la Comisión de Legislación General en el Senado con el objetivo de explicar los alcances de una reforma integral que busca reemplazar el régimen societario vigente desde 1972 y actualizar las reglas bajo las cuales funcionan las empresas en la Argentina.
Allí, junto al Inspector General de Justicia, Alejandro Ramírez, aseguraron que presentaron una ley que “eleva la vara” de todas las provincias. Además, pusieron sus equipos a disposición para discutir con los asesores.
El proyecto de ley llega al Senado en medio de un clima enrarecido por los pedidos de interpelación a Manuel Adorni y un oficialismo paralizado en su gestión. Voces allegadas a Patricia Bullrich indicaron a El Cronista que la presidenta de bloque quiere reactivar la gestión.
Desde la oposición todavía no han tomado posición respecto al proyecto, pero ya en la Comisión expresaron sus primeras disidencias. Además, un dato clave es que la reunión no tuvo quórum de los legisladores aliados.
Sólo estuvieron presentes senadores del núcleo duro libertario y tres miembros del justicialismo.
La exposición del ministro es el primer paso del tratamiento legislativo de una reforma que el Gobierno considera clave dentro de su programa de transformación del Estado y simplificación regulatoria.
El debate en el Senado estará centrado en los alcances de una reforma que modifica una de las normas centrales del derecho empresarial argentino y que plantea un nuevo esquema para la creación, organización y funcionamiento de sociedades en el país.
Qué se discutió
La discusión por la nueva Ley General de Sociedades entró en el Senado en una zona sensible para empresas, estudios jurídicos y reguladores. Se discutió cómo incorporar estructuras administradas por inteligencia artificial y organizaciones autónomas descentralizadas sin dejar vacíos de responsabilidad.
Sturzenegger, defendió el proyecto como una oportunidad para que la Argentina atraiga nuevas compañías tecnológicas, mientras que Alejandro Ramírez buscó precisar el alcance jurídico de las DAO.
Desde la oposición, los cuestionamientos se concentraron en la identificación del beneficiario final, el control de los protocolos y quién responde ante daños causados por algoritmos.
Sturzenegger planteó que la inteligencia artificial aparece en el proyecto en dos planos. Por un lado, las sociedades automatizadas, que describió como un subtipo de sociedad anónima en el que la gestión puede ser realizada por IA, manteniendo las características y restricciones de ese tipo societario. Por otro lado, las DAO, estructuras organizadas mediante protocolos digitales.
Durante el debate, el ministro sostuvo que es preferible que estas estructuras tengan un marco normativo que las albergue antes que permitir que funcionen por fuera de la regulación.
Además, vinculó la propuesta con una oportunidad económica para la Argentina: construir un régimen atractivo para la radicación de empresas que operan globalmente.
El funcionario planteó que Europa atraviesa un momento de sobrerregulación y que en Estados Unidos las DAO enfrentan litigios y problemas de responsabilidad patrimonial, por lo que la Argentina podría ocupar un espacio regulatorio todavía disponible. “Es una oportunidad”, aseguró.
“Si otros países no están generando un régimen atractivo para este tipo de empresas, por qué no podría hacerlo la Argentina”, afirmó el ministro, aunque en la misma frase reconoció que no hay certeza sobre el resultado. “Vale la pena intentarlo”.
DAO reguladas, pero no anónimas
Alejandro Ramírez buscó precisar el alcance jurídico de la propuesta. Según explicó, el proyecto eligió legislar una parte de las DAO: aquellas que acepten identificar o dar cuenta de sus socios. Las que operen de manera anónima no quedarían recibidas por este régimen.
Ramírez también remarcó la importancia de la noción de patrimonio social y sostuvo que la falta de reforma tiene un costo económico.
“No hacer nada tiene un costo para la economía de Argentina”.
En las respuestas a los legisladores, Ramírez señaló que estas sociedades no dejarían de tener los órganos societarios actuales ni los mismos controles.
Sobre el beneficiario final, indicó que el proyecto lo menciona expresamente, aunque aclaró que ese punto ya estaría contemplado en la normativa vigente.
Uno de los aspectos centrales fue el control de los protocolos. Ramírez explicó que las DAO funcionan con protocolos y sostuvo que correspondería a los registros públicos controlar esos protocolos.
Por último, mencionó la responsabilidad de los desarrolladores y la existencia de personas humanas como representantes de esas DAO.
La oposición apuntó a la responsabilidad jurídica
Las principales objeciones opositoras apuntaron a la responsabilidad frente a terceros, la identificación de beneficiarios y la posibilidad de reclamar ante sociedades con funcionamiento digital o automatizado.
El senador del Justicialismo, Martín Soria, cuestionó que la ley habilita las posibilidades que las empresas tengan un domicilio virtual y preguntó cómo se haría un reclamo frente a ese tipo de domicilio.
Además, advirtió que el proyecto podría derivar, según su mirada, en una forma de irresponsabilidad jurídica societaria.
Su compañero de bloque, el chaqueño Jorge Capitanich concentró sus preguntas en la identificación del beneficiario final y en la imputabilidad jurídica de las decisiones tomadas mediante sistemas de IA.
“No basta con declarar que una entidad está administrada por IA, porque alguien diseñó el sistema, definió el objeto económico, recibe beneficios o puede apagarlo”, aseguró.
También sostuvo que la responsabilidad no puede quedar dentro de una “caja negra” técnica.
Asimismo, Capitanich reclamó que exista un objeto social determinado, beneficiario y representante identificados, y que la revisión humana sea significativa y jurídicamente imputable.
Desde el oficialismo, Nadia Márquez defendió la reforma como parte de la agenda de transformación del Gobierno.
“Esta iniciativa forma parte del profundo proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei para devolverle a los argentinos la libertad de emprender, producir e invertir sin trabas innecesarias. Estamos avanzando hacia un modelo donde el Estado deja de obstaculizar y pasa a respetar las decisiones de los ciudadanos”, concluyó la senadora.
