El esquema de convocatoria al diálogo con la oposición tras la derrota electoral que se prefiguró Alberto Fernández quedará acotado al proyecto de ley del "programa Plurianual para el Desarrollo Sustentable", un decreto de habilitación de prórroga de sesiones ordinarias del Congreso y un tibio respaldo del Consejo Económico y Social (CES) que estará muy lejos del espíritu del "Pacto de la Moncloa" español como alentaron desde la Casa Rosada.
En su mensaje del domingo de la derrota el Presidente habló de sentar las bases para un gran llamado al diálogo destinado a reconstruir la Argentina en la "segunda etapa" de su gobierno. También mencionó que la Argentina necesitará de una "oposición responsable" para salir de la crisis económica en que está sumergida.
Desde el Gobierno se entusiasmaron con esa idea y llegaron a hablar de una etapa nueva fundacional de la Argentina sujeta a un Pacto de la Moncloa al estilo de la España posterior a la dictadura de Franco.
Sin embargo, en los hechos, Alberto Fernández limitó abruptamente ese ambicioso espíritu dialoguista. Envió un guiño a la oposición para la apertura al diálogo firmando un decreto con la prórroga de las sesiones ordinarias. Es decir, extiende las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre para que el Congreso pueda armar su propio temario.
Además, en la Casa Rosada aclararon que el diálogo con la oposición llamado por el Presidente consistirá en enviar el proyecto de ley con un plan económico para sustentar el acuerdo con el FMI que ayer adelantó en exclusivaEl Cronista y también incluirá "todo lo vinculado a desarrollo productivo, actividad industrial y creación de empleo". Ese proyecto empezó a tomar forma y ayer fue analizado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur y el ministro de Economía, Martín Guzmán.
La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, confirmó que la instancia de diálogo con la oposición se limitará al proyecto de ley del Programa Económico Plurianual en el Congreso y que el Consejo Económico y Social sólo actuará como un actor externo de apoyo a esa iniciativa oficial.
De esta manera, la estrategia oficial de diálogo con la oposición que lanzó el gobierno deja afuera de agenda la idea de un gran acuerdo nacional de 10 puntos para los próximos 20 años como se había prefigurado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Desde la Casa Rosada dijeron que la propuesta de tigrense "será evaluada más adelante", aunque no dieron precisiones.
La idea de Alberto Fernández es lograr un consenso en el Congreso con la oposición para sentar las bases del acuerdo con el FMI. Es decir, que tampoco tendrá un rol central el Consejo Económico y Social (CES) en la búsqueda de diálogo amplio.
Cerrutti dijo que el CES fue convocado para una reunión de ordenamiento de agenda interno" y que más adelante buscará dar apoyo al proyecto de ley del programa económico.
PACTO DE LA MONCLOA
De esta manera, quedó muy lejos la idea que había en el búnker del Frente de Todos el domingo de la derrota festejada de llamar a un gran acuerdo nacional al estilo Pacto de la Moncloa de España para sacar al país de la crisis.
La Argentina está muy distante de alcanzar un acuerdo de entendimientos básicos al estilo español y menos aun de fijar bajo las directrices de consensos como funciona el Consejo Económico y Social real en varios países de Europa.
El Pacto de la Moncloa que se fijó España en 1977 para la transición de la dictadura de Franco a la democracia era mucho más amplio y con un llamamiento profundo a todas las fuerzas políticas, al empresariado y los gremios para sacar el país adelante. Se cumplió en su plenitud. Fue un ejemplo envidiado por muchos países y en la Argentina los funcionarios del actual gobierno repiquetean esa idea sin siquiera saber los alcances concretos que tuvo el Pacto de la Moncloa en España.
El presidente argentino se entusiasmó también con la idea de inaugurar en el país una suerte de Pacto de la Moncloa aggiornado a la criolla tras sus reuniones con el presidente de España, el socialista Pedro Sanchez.
A la vez, Alberto Fernández empezó su mandato con la idea de copiar el modelo español o el sistema Polder de Holanda de armado de Consejo Económico y Social para sentar las bases de acuerdos básicos de convivencia. Pero claramente se quedó a mitad de camino.
El CES no fue creado por ley como sucedió en España y Holanda sino por decreto, por lo que puede ser desechado por cualquier presidente que venga en el futuro. Sus reuniones no son periódicas y con temario preestablecido. Y sus recomendaciones jamás se tuvieron en cuenta. Es decir, el órgano que lidera Gustavo Béliz casi no tiene peso en la política local.
Por el contrario, en España el CES es un órgano consultivo del gobierno en materia socio económica y laboral. No está formado por líderes de la oposición pero sí están sentados allí los expertos en temas económicos y laborales que pone el gobierno. También están los empresarios y sindicatos. Sus resoluciones de peso son enviadas al Parlamento y aunque no son vinculantes, las mayoría de los casos son tomadas en cuenta.
En Holanda, el sistema Polder cuenta con alto prestigio y sus resoluciones deben ser avaladas por unanimidad. Allí confluyen empresarios, gremios, referentes del mundo académico y el órgano de estadísticas nacional. Las resoluciones del CES holandés tienen un fuerte peso político por lo que comúnmente se transforman en ley.
