Sin Manejo del Fuego, el Senado aprobó la Ley de Propiedad Privada: crecen los pases de factura en el oficialismo

El Senado trató este jueves el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo tuviera que postergar el controvertido capítulo que proponía la extranjerización de la tierra. Sin el capítulo más importante para el gobierno nacional, Patricia Bullrich logró dar media sanción el proyecto, pero por internas con los aliados se cayeron las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

Si bien desde el bloque libertario llegaron al recinto seguros, reuniones de último momento y entredichos con los aliados echaron por tierra el nuevo Capitulo IV, que tenía la modificación del régimen de Manejo del Fuego.

A las 1:20 horas, por pedido de Agustín Coto, se eliminó conjuntamente los dos capítulos que habían generado más rispideces: Ley de Tierras y Manejo del Fuego.

La aprobación de lo que quedó de Propiedad Privada en general fue con 37 votos afirmativos, 33 negativos y 0 abstenciones

En la votación por capítulos, el oficialismo sostuvo 37 votos en la votación, salvo en desalojos, donde obtuvo 36 afirmativos por una abstención de la senadora chubutense Edith Terenzi.

La caída de capítulos clave

Un indicio del poroteo que vendría después se hizo durante un pedido de vuelta a Comisión del proyecto por parte de José Mayans. Allí, 38 legisladores votaron a favor de seguir con el tratamiento del proyecto y 31 senadores votaron retirarlo.

Sin embargo, avanzada la tarde comenzaron las dudas sobre números en cuanto al capítulo de la Ley de Manejo del Fuego. En este sentido, legisladores se reunieron durante la sesión en el Salón Eva Perón para debatir los acuerdos necesarios.

La confianza se apoyó en el denominado bloque aliado integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unida y Primero los Salteños.

Aun así, los nombres en duda crecieron y sonaron desde la noche. Algunos de los aliados que no apoyaron el proyecto fueron Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz, Alejandra Vigo de Martín Llaryora y Beatriz Ávila de Osvaldo Jaldo.

A esto se le sumó la posibilidad de rechazo de la senadora neuquina Julieta Corroza, los misioneros Carlos Omar Arce y Sonia Elizabeth Rojas Decut, el radical Maximiliano Abad y el santacruceño José María Carambia,

“Puede ser que no salga (incendios)”, admitió una voz allegada al bloque en diálogo con este medio pasada las 21 horas.

Un eje de enojo muy fuerte llegó cuando el senador Joaquín Benegas Lynch calificó de “tibios” a los legisladores provinciales aliados del propio oficialismo. Apenas el legislador profirió esos calificativos los senadores por Chubut decidieron dejar el grupo de WhatsApp que compartían el grupo de “los 44″ aliados.

“Si no fuera por las expresiones de Benegas Lynch me habría abstenido, pero quiero plantear mi rechazo al proyecto. Es una ley falta de federalismo y absolutamente innecesaria”, adelantó Vigo en su alocución de cierre.

Voces del oficialismo confirmaron poco después que se retiraría el capítulo del Fuego y culparon directamente a Benegas Lynch. “Les dio la excusa”, afirmó una fuente a este medio. Desde la jefatura del bloque ya habían advertido a El Cronista que se había dado la orden de dejar de lado la Ley de Tierras y Benegas Lynch fue el primero en volver al tema.

Minutos antes de que Patricia Bullrich anunciara los cambios en el dictamen, tomó la palabra el senador José Mayans y mantuvo un fuerte cruce con la jefa de la bancada oficialista. “Golpista”, le gritó Bullrich a Mayans mientras este cerraba el debate y la suerte del Capítulo III ya estaba echada.

La oposición del bloque catamarqueño, que siempre acompañó las iniciativas también fue ratificada por los discursos en el Congreso. “A pesar de todo el esfuerzo que se hizo, no puedo acompañar”, dijo Guillermo Andrada de Convicción Federal al anticipar su voto en contra del proyecto del Ejecutivo. Se trata de uno de los legisladores que fueron claves en otras victorias legislativas del gobierno.

Por su parte, por el Justicialismo, Sergio Uñac aseguró que la iniciativa era parte de un plan del gobierno para vender el país. “Estamos ante un hot sale nacional y permanente, hemos perdido 26 mil empresas y 400 mil puestos de trabajo privado, 50 mil trabajadores del Estado”, aseguró.

Asimismo, la senadora libertaria Carmen Álvarez Rivero aseguró que el proyecto del Ejecutivo tendría como resultado “reglas claras y estables”. “Necesitamos reglas claras y estables, predecibles para las inversiones que la argentina necesita”, afirmó la legisladora.

La pelea con Villarruel

El momento más álgido de la sesión llegó cuando el Senado definía si autorizaba la participación remota de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.

Antes de iniciar el tratamiento del proyecto, la senadora Patricia Bullrich pidió votar mano alzada que el pedido de ambos senadores vuelva a Comisión y fue aprobado por unanimidad.

Según confiaron fuentes cercanas al bloque en diálogo con El Cronista, la decisión de hacer ese pedido fue realizada en la reunión de bloque y aliados previo al comienzo de la sesión.

“Le ganamos la pulseada a Villarruel”, celebró una voz cercana a la jefatura del bloque en diálogo con este medio.

La decisión radicó en la presunción de que el bloque Justicialista no insistiría en el voto a distancia porque eso podría repercutir en futuras votaciones.

La mendocina había solicitado votar a distancia debido a su embarazo avanzado y a una indicación médica que le impide viajar, mientras que el radical catamarqueño hizo el mismo pedido después de atravesar una operación de rodilla.

Fue la vicepresidenta Victoria Villarruel quien habilitó excepcionalmente la posibilidad para Fernández Sagasti, pero la decisión debía ser ratificada por el cuerpo. La autorización podía extenderse también a Fama, aunque dentro del oficialismo consideraban que no estaban garantizados los votos necesarios para validar esa modalidad.

Una fuente oficial interpretó que la solicitud de Fernández Sagasti funcionó también como un “factor de presión” durante las negociaciones por la Ley de Tierras, cuando cada presencia podía alterar una votación que aparecía empatada.

Cómo quedó el proyecto

El proyecto quedó sin Ley de Tierras ni el Manejo del Fuego. Voces del oficialismo reconocieron que la progresiva pérdida de apoyos a nivel social fue un detonante para la decisión. Artistas populares como Tini Stoessel, Nicki Nicole y Lali se expresaron en favor de la movilización que se realizó este mismo 6 en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

En la previa, aseguraban que el capítulo más polémico sobre extranjerización no quedaba del todo eliminado, sino que quedó postergado para continuar las negociaciones y buscar una redacción con mayor respaldo. “Murió”, admitieron voces del bloque oficialista ya en la sesión.

El proyecto que llegó al recinto, en su versión número 17, mantenía las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.

En materia de expropiaciones, se establecía que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar concretamente el objetivo perseguido.

Además, se modificaba el mecanismo para calcular las indemnizaciones, se incorpora el valor de mercado y se fijaba un techo inicial del 30% sobre el daño emergente para reconocer el lucro cesante, salvo que el afectado demuestre un perjuicio superior.

El capítulo sobre desalojos disponía que las demandas sobre inmuebles urbanos y rurales se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo. El texto ampliaba los casos en los que un juez podría ordenar la entrega inmediata del inmueble y habilitaba el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras durante el lanzamiento.

Cuando se encuentren involucrados menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, deberán intervenir los organismos locales de protección y el Ministerio Público Tutelar. Esas autoridades tendrán un plazo máximo de diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin detener definitivamente el proceso judicial.

Otro de los puntos centrales es la modificación del régimen aplicable a las tierras incendiadas. Ese capítulo quedó también fuera de la media sanción que ahora pasa a Diputados para convertirse en ley.

Qué decían las modificaciones al Manejo del Fuego

El dictamen que llegó al recinto introducía un cambio respecto de la versión original en el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego. Mientras el texto que presentaron a comienzos de semana derogaba únicamente el artículo 22 quater de la Ley 26.815, la nueva versión también eliminaba el artículo 22 ter, modificando así el alcance del régimen vigente para las superficies afectadas por incendios.

El artículo 22 ter actualmente habilita a las provincias a extender, a través de sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN), las restricciones previstas para los terrenos incendiados más allá de los plazos fijados por la ley nacional. Con su derogación, esa facultad desaparece del texto legal.

La modificación no se limita a esa derogación. El proyecto también reemplaza el artículo 22 bis por una nueva redacción que deja de establecer las prohibiciones temporales que contemplaba el régimen vigente y dispone, en cambio, que los bosques nativos incendiados no podrán modificar el uso y destino que tenían antes del fuego de acuerdo con la categoría de conservación asignada por cada jurisdicción.

Además, obliga al Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires a fortalecer las políticas de prevención, control, investigación y restauración ambiental.

De esta manera, el dictamen eliminaba la posibilidad de que las provincias prorrogaran las restricciones previstas para las superficies incendiadas.

La impugnación contra Benegas Lynch

La previa sumó además una disputa por la participación de Joaquín Benegas Lynch. La senadora peronista Juliana Di Tullio presentó ante la Presidencia del Senado una impugnación para que el legislador libertario se abstenga de intervenir, debatir y votar el proyecto, al denunciar un presunto conflicto de intereses por su vinculación con Glocal Terra S.R.L.

Según la presentación del justicialismo, Benegas Lynch figura como socio gerente de una empresa cuyo objeto incluye el asesoramiento y la intermediación para inversores extranjeros interesados en adquirir inmuebles y tierras rurales en la Argentina.

Di Tullio sostuvo que cualquier flexibilización de la normativa podría repercutir directamente sobre la actividad y los beneficios de la firma. “Existe una directa y manifiesta colisión entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado”, planteó.

La impugnación había cobrado especial relevancia mientras el proyecto incluía la reforma de la Ley de Tierras. Sin embargo, tras la decisión de postergar el Capítulo III, el oficialismo considera que el planteo perdió peso para la sesión de este jueves.

“Nadie piensa en Benegas”, minimizaron fuentes libertarias, que confían en que la controversia no afectará el tratamiento del resto de la iniciativa. Di Tullio, no obstante, pidió la inhabilitación respecto del proyecto completo y fundamentó su reclamo en la Constitución y en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Benegas Lynch rechazó la impugnación presentada en su contra y negó que exista un conflicto de intereses que le impida intervenir en el debate.

El senador argumentó que trabaja en el sector agropecuario desde hace más de 20 años y admitió ser socio mayoritario de una empresa dedicada a la administración de campos, la producción de granos y carne y el asesoramiento a propietarios y compradores.

“En esto no hay ningún hallazgo, lo pueden verificar en mi declaración jurada”, sostuvo.

El legislador argumentó que la normativa exige la existencia de un interés “directo y singular” para obligarlo a excusarse y afirmó que el proyecto no otorga un beneficio exclusivo a su empresa.

Según planteó, las medidas que viene acompañando desde que asumió buscan favorecer al conjunto del sector privado y no a una firma en particular. “Mi banca tiene un conflicto de intereses o una gran representatividad; yo me quedo con lo último”, afirmó, y agregó que, bajo el criterio de la impugnación.