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El Senado retomará este jueves a las 14 la sesión para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo tuviera postergar el controvertido capítulo que proponía la extranjerización de la tierra. Sin ese punto, que había provocado el retiro de apoyos provinciales y amenazaba con hacer caer nuevamente el debate, en La Libertad Avanza consideran que los números están ordenados para aprobar las restantes reformas.
“Se supone que esto pasa tranquilamente. No debería generar problemas porque la discusión nunca estuvo en estos temas”, afirmaron fuentes allegadas al bloque libertario en diálogo con El Cronista.
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La expectativa oficial es que el bloque de los 44 vuelva a mantenerse unido, ya que las principales diferencias se concentraban en el Capítulo III sobre tierras rurales y no en los cambios vinculados con expropiaciones, desalojos, incendios o registros inmobiliarios.
La decisión de apartar la reforma de la Ley 26.737 fue tomada por consenso entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y los bloques provinciales que habían acompañado el dictamen.
Voces del oficialismo reconocieron que la progresiva pérdida de apoyos a nivel social fue un detonante para la decisión. Artistas populares como Tini Stoessel, Nicki Nicole y Lali se expresaron en favor de la movilización que se realiza este mismo 6 en contra de la iniciativa del Ejecutivo.
El capítulo no fue eliminado definitivamente, sino que quedó postergado para continuar las negociaciones y buscar una redacción con mayor respaldo. La marcha atrás permitió conservar adhesiones que se habían puesto en duda durante las últimas horas.
Cómo están los votos para la sesión
A diferencia de lo ocurrido con la Ley de Tierras, el oficialismo no espera una votación voto a voto sobre el resto del proyecto.
En los despachos libertarios sostuvieron que las reformas que llegarán al recinto tienen un nivel de consenso suficiente y que no existen, hasta el momento, legisladores aliados que amenacen con rechazar la iniciativa completa.
La confianza se apoya en el denominado bloque de los 44, integrado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz.
Ese espacio resolvió continuar con el tratamiento del proyecto una vez retirado el capítulo que había generado las objeciones de gobernadores y senadores provinciales.
La impugnación contra Benegas Lynch
La previa sumó además una disputa por la participación de Joaquín Benegas Lynch. La senadora peronista Juliana Di Tullio presentó ante la Presidencia del Senado una impugnación para que el legislador libertario se abstenga de intervenir, debatir y votar el proyecto, al denunciar un presunto conflicto de intereses por su vinculación con Glocal Terra S.R.L.
Según la presentación del justicialismo, Benegas Lynch figura como socio gerente de una empresa cuyo objeto incluye el asesoramiento y la intermediación para inversores extranjeros interesados en adquirir inmuebles y tierras rurales en la Argentina.
Di Tullio sostuvo que cualquier flexibilización de la normativa podría repercutir directamente sobre la actividad y los beneficios de la firma. “Existe una directa y manifiesta colisión entre el interés público que debe tutelar el legislador y su interés económico privado”, planteó.
La impugnación había cobrado especial relevancia mientras el proyecto incluía la reforma de la Ley de Tierras. Sin embargo, tras la decisión de postergar el Capítulo III, el oficialismo considera que el planteo perdió peso para la sesión de este jueves.
“Nadie piensa en Benegas”, minimizaron fuentes libertarias, que confían en que la controversia no afectará el tratamiento del resto de la iniciativa. Di Tullio, no obstante, pidió la inhabilitación respecto del proyecto completo y fundamentó su reclamo en la Constitución y en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
La preocupación no está puesta tanto en el resultado final de Propiedad Privada como en la discusión reglamentaria que puede abrirse al comienzo de la sesión.
El voto virtual, el punto que puede generar más ruido
El momento más conflictivo podría producirse antes del debate del proyecto, cuando el Senado defina si autoriza la participación remota de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama.
La mendocina solicitó votar a distancia debido a su embarazo avanzado y a una indicación médica que le impide viajar, mientras que el radical catamarqueño hizo el mismo pedido después de atravesar una operación de rodilla.
La vicepresidenta Victoria Villarruel habilitó excepcionalmente la posibilidad para Fernández Sagasti, pero la decisión deberá ser ratificada por el cuerpo. La autorización podría extenderse también a Fama, aunque dentro del oficialismo consideran que no están garantizados los votos necesarios para validar esa modalidad.
“Lo que va a generar más ruido es lo del voto virtual”, señalaron fuentes libertarias.
Según explicaron, incluso dentro del kirchnerismo existen dudas sobre la conveniencia de dejar establecido un precedente que pueda utilizarse en futuras sesiones. “Después a ellos mismos no les conviene tampoco. Es un antecedente”, evaluaron.
En ese marco, no descartan que el pedido sea retirado antes de la votación. Una fuente oficial interpretó que la solicitud de Fernández Sagasti funcionó también como un “factor de presión” durante las negociaciones por la Ley de Tierras, cuando cada presencia podía alterar una votación que aparecía empatada.
Qué se tratará en el recinto
El proyecto mantiene las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de la Propiedad Inmueble.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo y obtuvo dictámenes de comisión, aunque distintos senadores presentaron disidencias y despachos alternativos.
En materia de expropiaciones, se establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar concretamente el objetivo perseguido.
Además, se modifica el mecanismo para calcular las indemnizaciones, se incorpora el valor de mercado y se fija un techo inicial del 30% sobre el daño emergente para reconocer el lucro cesante, salvo que el afectado demuestre un perjuicio superior.
El capítulo sobre desalojos dispone que las demandas sobre inmuebles urbanos y rurales se tramiten mediante un procedimiento sumarísimo. El texto amplía los casos en los que un juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble y habilita el uso de la fuerza pública, el allanamiento y la apertura de cerraduras durante el lanzamiento.
Cuando se encuentren involucrados menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, deberán intervenir los organismos locales de protección y el Ministerio Público Tutelar. Esas autoridades tendrán un plazo máximo de diez días para procurar una alternativa habitacional transitoria, sin detener definitivamente el proceso judicial.
Los cambios en la Ley de Manejo del Fuego
Otro de los puntos centrales es la modificación del régimen aplicable a las tierras incendiadas. El proyecto elimina las restricciones de 30 años que actualmente impiden cambiar la actividad, subdividir, lotear o desarrollar negocios inmobiliarios en campos agropecuarios, pastizales, praderas, matorrales y áreas de interfaz urbano-rural afectadas por el fuego.
Para los bosques nativos se mantiene la prohibición de modificar el uso y el destino que tenían antes del incendio, de acuerdo con las categorías de conservación fijadas por cada provincia.
Sin embargo, el texto deja de establecer un plazo expreso para esa limitación y ya no menciona de manera específica a los bosques implantados, humedales y áreas naturales protegidas.
Bullrich defendió la reforma al señalar que la legislación actual castiga de la misma manera a quien provoca un incendio para obtener un beneficio y al productor cuyo campo fue quemado por terceros.
Sin embargo, a oposición advirtió que al desaparecer la prohibición objetiva también se elimina el obstáculo automático para realizar negocios posteriores al fuego, incluso antes de que se determine judicialmente quién fue responsable.
