A 30 años de las privatizaciones, el Estado revisa las concesiones hidroeléctricas

El Gobierno se puso en campaña para revisar la situación de las centrales hidroeléctricas privatizadas por Carlos Menem en la década de los '90, mientras las provincias buscan asumir el control de esas plantas cedidas a AES, Enel, Central Puerto, Orazul y Pampa Energía.

A través de la Resolución 130/2022, la Secretaría de Energía que conduce Darío Martínez formalizó la integración de un equipo de trabajo para elevar análisis técnicos y financieros de las concesiones Alicurá (de la multinacional estadounidense AES), El Chocón, Arroyito (de la italiana Enel), Planicie Banderita (de la estadounidense Orazul Energy) y Piedra del Águila (Central Puerto), que vencen entre agosto y diciembre de 2023.

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El equipo estará formado por dependencias administrativas manejadas por funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner.

Son la Subsecretaría de Energía Eléctrica (a cargo de Federico Basualdo), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa, con Sebastián Bonetto de presidente), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE, intervenido por María Soledad Manín) e Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa, administrado por Agustín Gerez).

En la cercanía del vencimiento de los contratos, el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC) relevará 22 concesiones en ocho provincias.

Cuando finalicen, las centrales volverán a la Nación. El estudio de la ETHAC determinará el estado técnico, legal y financiero y las inversiones que hacen falta. Con ese estudio sobre la mesa, el Gobierno decidirá "caso por caso", comentaron fuentes del sector.

Las hidroeléctricas aportan cerca del 20% de la generación de energía eléctrica en su conjunto. Son la fuente más barata de producir electricidad.

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