ANÁLISIS

Un gobierno a la defensiva en materia inflacionaria

En el último sondeo realizado por D'Alessio IROL-Berensztein se les pidió a los participantes que dieran su opinión respecto al origen de la inflación. En una pregunta de respuesta múltiple, el 55% de los argentinos estuvo de acuerdo con que la emisión del Banco Central genera un exceso de oferta de dinero que impulsa los precios al alza. En segundo lugar, el 54% estuvo de acuerdo con que el Estado gasta de manera poco eficiente (repartiendo planes y subsidios). En tercer lugar apareció la falta de confianza en el Gobierno (32%). Sin embargo, una vez más la grieta determina la forma en cómo se percibe la realidad. Entre aquellos que votaron al Frente de Todos en 2021, las tres principales causas de la inflación serían otras: el 67% dijo que se debe a que los empresarios quieren ganar más, el 53% culpó a los aumentos injustificados de los intermediarios y el 40% a los medios de comunicación que agitan el tema.

Como era de esperar, interpretaciones divergentes respecto de las causas conducen a que las acciones esperadas por parte del Gobierno también sean distintas. La mayor parte de los argentinos (48%) cree que para combatir a la inflación el Banco Central debe controlar la emisión monetaria (esta cifra aumenta 20 puntos porcentuales entre los votantes de Juntos por el Cambio y libertarios /liberales). En la vereda de enfrente, el 59% de los simpatizantes del Frente de Todos consideran que el Gobierno debería adoptar un rígido control de precios. Solo el 18% de los votantes oficialistas creen que el Banco Central debe controlar la emisión monetaria para reducir la inflación.

Los resultados de este sondeo sugieren que, si el Gobierno tuviese la voluntad política de hacerlo, implementar un programa de estabilización serio y consistente lo llevaría a entrar en contradicción con sus propios votantes y a satisfacer las demandas del votante medio, inclinado hacia la oposición. En cambio, por este camino puede seguir echando culpas a empresarios, intermediarios o medios de comunicación. En términos estrictamente electorales, el comportamiento del Gobierno parece encontrar motivaciones racionales: ante la perdida significativa de caudal electoral, al menos intenta conservar su núcleo duro. No obstante, en el mediano plazo la inacción podría ser contraproducente: la situación es extremadamente frágil y si la inflación se mantiene en estos niveles (o, peor aún, se acelera) difícilmente habrá justificativos que eviten el deterioro incluso en el electorado afín.

En la elección de 2019, Alberto Fernández logró cosechar el apoyo de buena parte del votante medio e independiente, lo cual le permitió acceder a la presidencia en primera vuelta. Pero luego de dos años fatídicos, el Frente de Todos terminó perdiendo la mayor parte de ese apoyo para las legislativas del 2021. Los votantes que pudo conservar corresponden a los que más se sienten identificados con el kirchnerismo duro. Aquellos que, durante la gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, aceptaban para la inflación las mismas explicaciones que se esgrimen hoy: principalmente se debe a la avaricia de los empresarios y a unas supuestas ganancias extraordinarias. Con este voto duro, el oficialismo obtuvo el 35% a nivel nacional en las últimas legislativas, mientras que la oposición de Juntos por el Cambio alcanzó el 42%. Por eso, el Frente de Todos se encuentra ahora ante una disyuntiva: puede "jugar a la defensiva" e intentar conservar su núcleo duro, pero no logrará así recuperar la competitividad perdida, o puede desplegar un programa económico más ambicioso, que incluya las demandas del votante medio.

Si optara por este segundo camino, probablemente el Gobierno decoraría el eventual plan de estabilización con un discurso y una épica kirchnerista (un intento difícilmente exitoso de contentar a todos al mismo tiempo). Pero así, el mercado seguiría desconfiando.

Lo que la Casa Rosada necesita es que al frente de dicho plan se encuentre una persona aceptada por los socios de la coalición y con la reputación suficiente como para generar expectativas. Por eso el nombre de Emmanuel Álvarez Agis suena tan seguido en los pasillos de la Casa de gobierno. ¿Será por eso también que la semana pasada Roberto Lavagna se juntó a almorzar con Alberto Fernández? La lista de candidatos que podrían satisfacer los mencionados requerimientos no son tantos.

Todo se resume, entonces, a esa disyuntiva electoral y política. Si, tal como sostienen algunos, el oficialismo ya da por perdida la elección presidencial y su único objetivo es lograr refugiarse en la provincia de Buenos Aires, entonces, solo buscará aguantar hasta 2023, cuidando el núcleo duro (mayoritario en el conurbano bonaerense, lo cual le da esperanzas de ganar) y se olvide de bajar la inflación (solo intentará contenerla a través de los mecanismos a los que nos tienen acostumbrados: restricciones y controles de precios). Si el Frente de Todos pretende reinventarse, para pelear la elección presidencial, independientemente de quien sea el candidato, necesitará inevitablemente bajar la inflación, que representa la mayor preocupación de los argentinos. El Gobierno sabe que ya está perdiendo este partido. Ahora necesita definir si sale a darlo vuelta con decisión y cierta osadía, o si, por miedo a recibir una derrota mayor, prefiere aguantar con pasividad este resultado.

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