Tarifas segmentadas: una salida al laberinto fiscal

El nuevo acuerdo con el FMI se acerca y entre las discusiones centrales aparece cómo resolver el financiamiento del déficit fiscal de los próximos años. El Gobierno plantea un "ajuste virtuoso" donde buena parte del financiamiento provendría de los mayores ingresos tributarios generados por la continuidad del crecimiento de la actividad económica. Esta lógica escaparía de los habituales efectos contractivos que muestran históricamente los acuerdos con el Fondo dadas sus exigencias de acumulación de reservas (más devaluación e inflación) y de reducción del gasto primario.

La apuesta oficial de basar el sendero hacia el equilibrio fiscal en el crecimiento encuentra restricciones. La mitad de la recaudación de impuestos nacionales (básicamente IVA y aportes a la seguridad social) depende, de una manera u otra, de la evolución de los ingresos de los trabajadores. A estos niveles de inflación y con ajustes de precios relativos por delante (tarifas y quizá tipo de cambio), la única vía para moderar los impactos inflacionarios será evitar reajustes salariales muy por encima de la inflación que realimenten el proceso.

Si el "ajuste virtuoso" no se diera, aún así existe una alternativa para reducir el gasto primario de manera de atender tres requisitos básicos de la política pública en un contexto de 40% de pobreza. El delicado equilibrio social exige que las medidas a aplicar sobre el gasto sean políticamente consensuadas (al interior de la coalición de Gobierno y con la oposición), no afecten la situación de los sectores con ingresos vulnerables y a la vez ahorren recursos públicos.

Estos tres requisitos juntos aparecen en pocas oportunidades. La segmentación de las tarifas de servicios públicos es una de ellas. Desde Analytica desarrollamos un ejercicio que va en esa dirección. Con microdatos actualizados de la Encuesta de Gasto de los Hogares del INDEC es posible medir cuánto representan las tarifas en el consumo total de las familias por decil de ingreso. A partir del congelamiento, las tarifas de electricidad, gas y agua (EGA) pasaron a representar apenas el 3% del gasto promedio de las familias, mientras en 2018 eran el 7%.

Nuestro ejercicio presenta opciones para hacer recaer la carga del ajuste tarifario sobre las familias de mayores ingresos, maximizando el ahorro en subsidios económicos y manteniendo el poder de compra de los sectores vulnerables.

Se asume que el Gobierno querría volver a los niveles tarifarios de EGA de inicios de su gestión (diciembre 2019). Hacerlo de manera uniforme para todas las familias requeriría un salto superior a 100% y 14 puntos más de inflación. Este resultado es claramente insostenible desde lo social y pondría a la economía al borde de un cambio de régimen inflacionario.

El aumento focalizado exclusivamente sobre el 50% de los hogares de mayor poder de compra aparece como una opción más viable, manteniendo sin cambios las tarifas actuales para el 50% de menores ingresos. Se sabe que su implementación será compleja, que habrá ineficiencias, malhumor social y litigios. Pero recortar jubilaciones, obra pública o asistencia social es aún menos eficiente.

Este camino social y económicamente sostenible de actualización de las tarifas de electricidad, gas y agua generaría, según nuestros cálculos, un ahorro en subsidios de 0,7% del PBI en un año y un moderado salto discreto en la tasa de inflación.

El ejercicio permite distintas actualizaciones según el ingreso familiar por decil. Si la decisión política fuera la actualización solamente sobre el 10% de los hogares más acomodados el ahorro fiscal llegaría a 0,24% del PIB en un año. No es poco.

Esta mayor eficiencia en el gasto en subsidios permitiría así revertir la tendencia creciente que muestran desde el inicio del gobierno del Frente de Todos. Hoy en el acumulado anual equivalen a 2,7% del PBI, 1,1 puntos más que en diciembre de 2019, imponiendo serias limitaciones fiscales hacia adelante.

La actualización para los segmentos medios y altos de familias de las tarifas de electricidad, gas y agua, que concentran el 70% de los subsidios y cuentan con una ponderación relativamente baja en la canasta alimentaria, es prioritaria. A su vez, la segmentación tiene el beneficio de un moderado impacto inicial sobre los precios.

Cuál será el nivel de déficit primario acordado con el Fondo para 2022 todavía es una incógnita, pero sin duda el gobierno tiene en la segmentación una carta que, con inteligencia, debería jugar.