La Economía Circular (EC) se ha convertido en una idea en la que ya no hay disenso; es necesaria y el un camino hacia un desarrollo más responsable. La sustentabilidad y el progreso ya no se perciben como opuestos, sino como parte de un mismo objetivo. Sin embargo, hay una pregunta que rara vez se formula con sinceridad y que el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) vuelve imposible de seguir evitando: ¿quién paga, en términos reales, el costo de la sustentabilidad en la Argentina?
El acuerdo no es sólo un tratado comercial, es también un cambio de época. Marca una nueva forma de articular producción, comercialización y medioambiente. Acceder a mercados internacionales ya no depende únicamente del precio o la calidad del producto, sino también de cómo fue producido.
En la UE aproximadamente el 12 % de los materiales utilizados en la economía provienen de fuentes recicladas y se propone duplicar ese porcentaje hacia 2030.
La pregunta ya no es si la Argentina debe avanzar hacia modelos productivos más sustentables sino cómo hacerlo y quién asume los costos.
Para una multinacional la sustentabilidad puede formar parte de su estrategia corporativa y de posicionamiento. Para una pyme local estas exigencias aparecen como costos adicionales difíciles de absorber. Cuando estas diferencias no se toman en consideración, la EC corre el riesgo de convertirse en un costo más, percibido como externo y mandatorio.
Aquí aparece un segundo problema: la distancia entre los objetivos ambientales y los mecanismos de implementación. Importar estándares sin adaptarlos suele generar más frustración que impacto positivo, derivando en rechazo, simulación o incumplimiento.
Mientras Europa avanza hacia regulaciones ambientales cada vez más exigentes, respaldadas por políticas activas, financiamiento e infraestructuras, países como Argentina enfrentan el desafío de adaptarse sin contar con el mismo respaldo. Esto no implica temer a este acuerdo, sino asumir que se requieren decisiones políticas claras, instrumentos adecuados y una estrategia que articule Estado, Industria y Academia. La transición hacia modelos circulares no puede apoyarse únicamente en soluciones imitadas de otros países sin adaptación local. Necesita datos propios, experiencias, pruebas, aprendizaje y profesionales capaces de trabajar en entornos productivos complejos. Sin estos espacios, la sustentabilidad queda reducida a un discurso desconectado de la realidad cotidiana.
Retornando a la pregunta inicial: ¿quién paga la sustentabilidad? ¿sólo la industria? ¿el productor primario? ¿el consumidor a través de precios más altos?¿el Estado a través de incentivos y políticas de acompañamiento?, ¿o una combinación inteligente de todos ellos? Cuando esta discusión se evita, el costo no desaparece, se traslada hacia los actores con menos margen de maniobra.
Se abre una oportunidad, pero no una garantía. Puede ser el punto de partida para una estrategia de desarrollo que combine apertura, innovación y sustentabilidad, o puede convertirse en un nuevo factor de exclusión si no se aborda el problema: cómo construir capacidades locales para cumplir con estándares cada vez más exigentes sin sacrificar productividad.
La EC puede ser parte del futuro de la Argentina, pero necesita menos consignas y más diseño, menos declaraciones abstractas y más decisiones concretas sobre financiamiento, tecnología y formación. Porque la pregunta no es si se quiere ser sustentable, es si se está dispuesto a discutir, con honestidad, quién paga la transición y cómo se reparte ese esfuerzo. Sin ese debate, la sustentabilidad corre el riesgo de quedar bien en los discursos y mal en la realidad.
