ANÁLISIS

Precios o elecciones, el dilema que limita toda decisión de Alberto

Alberto Fernández podrá rezongar una y otra vez porque le tocó bailar con la más fea. Asumió el poder en el contexto de una economía profundamente deteriorada, cuya caída en picada se acentuó al calor de la pandemia y con el desafío de administrar con inteligencia y pulso firme las disputas internas que sacuden a la coalición oficialista y minan su propia base de sustento político. No la tiene fácil el Presidente, pero seguramente tampoco los millones de argentinos de a pie que a diario penan por llegar a fin de mes, por mantener sus empleos o sus empresas, y aún así intentan mirar con cierto optimismo el horizonte cuando el futuro más próximo parece montado sobre un castillo de naipes endeble y demasiado cargado de incertidumbre.

Generar certezas constituye hoy el principal desafío de la administración de Fernández en la búsqueda de inyectar oxígeno en una economía perimida. El esfuerzo de Martín Guzmán y medio gabinete se concentra en ese objetivo buscando surfear la trampa que suponen las necesidades políticas de todo año electoral. La complejidad que emerge del escenario es enorme y por lo tanto reclama un ejercicio de bisturí preciso, aceitado y unívoco para tener alguna chance de éxito.

Así, con la negociación con Fondo Monetario Internacional (FMI) en estado todavía vaporoso y sin señales de un entendimiento inminente pese a los gestos de buena voluntad que emiten desde una y otra parte, el Gobierno parece determinado a condensar las decisiones del primer trimestre en la apuesta de contener expectativas internas y ofrecer hacia afuera algún mojón de certidumbre. Es en ese marco, entonces, donde aparece el principal dolor de cabeza que sucumbe a los despachos de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda: cómo controlar eficientemente el movimiento de precios y con ello domar la inflación para que no naufrague el desafío presupuestario del 29%.

En ese territorio las ideas no abundan y las medidas que de a poco se implementan quedan sujetas al mero ejercicio de ‘prueba y error'. El comentario de un influyente funcionario que a diario conversa con el Presidente lo planteó crudamente: "hay poco por hacer pero mucho que perder si no lo resolvemos". Y está claro que hasta ahora el Gobierno ha hecho bastante poco para ganarle el partido a la suba de precios. Mayormente gestos y algunas advertencias cuya eficacia suena un poco limitada. Inspecciones en supermercados y almacenes, sanciones a empresas por desabastecimiento, movimientos sociales fiscalizando góndolas. Nada muy nuevo bajo el sol.

Las esperanzas depositadas en la pretensión de acuerdo de precios y salarios que el Ejecutivo puso en marcha hace unos pocos días parecen también un poco sobredimensionadas. Y especialmente por el compromiso real que los sectores convocados están dispuestos a ofrecer para sellar un entendimiento óptimo en los términos de su objetivo. 

Alberto puede darse por satisfecho por la recepción que su apuesta generó entre las diversas voces del fragmentado poder sindical, que evidenciaron disposición a encorsetar las subas salariales en el margen de hasta 4 puntos por encima de la inflación del 29% que ofertó Guzmán. No era para menos, el anuncio previo del proyecto de ley que exime de Ganancias a los trabajadores con salarios de hasta $ 150.000, justamente la masa crítica que representan los grandes gremios, domesticó el ímpetu previo de algunos sindicalistas.

Muy distinto, en cambio, resultó el ánimo del empresariado. Algunos desacreditaron la convocatoria y pegaron el faltazo a la cita con el gabinete económico. Y los que fueron no mostraron el mismo entusiasmo con los objetivos de la Casa Rosada y apalancaron sus discursos en las dificultades que enfrentan sus compañías para encarar el esfuerzo de la recuperación en medio de una economía golpeada y con la pandemia de fondo. Ahora habrá que ver si en la continuidad del diálogo en mesas sectoriales el Gobierno logra arrancarles alguna promesa más contundente de cara al propósito de contención de precios.

El lanzamiento del Consejo Económico y Social se inscribe también como parte de la misma estrategia, aunque con pretensiones de más largo plazo. Se trata de la principal promesa de campaña del binomio Fernández-Fernández, aunque su conformación a las apuradas y después de eternas idas y vueltas abre otra vez espacio para las dudas. Es evidente que el órgano nace con cierta presunción de debilidad: la ausencia de Roberto Lavagna al frente del Consejo y su reemplazo por Gustavo Béliz, cuyo predicamento entre empresarios y sindicalistas parece por lo menos difuso, resta algunos incentivos a la ecuación que originariamente diseñó el Gobierno. Los objetivos del órgano, sus aportes para reactivar la economía y su funcionamiento real y concreto serán motivo de evaluación recién en algunos meses.

En el medio la política seguirá metiendo la cola y reformulando decisiones bajo el mandato de la urgencia que suponen las elecciones de medio término. El calor de la pulseada electoral sumado a la multiplicación de escenas de kirchnerismo explícito que ya sacuden el territorio albertista marcarán a fuego los tiempos que vienen, con la amenaza permanente de poner en jaque toda la ingeniería económica con la que Guzmán y el propio Presidente apuestan a salir del fondo del pozo.

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