¿Podrá el Gobierno cumplir con el sendero fiscal?

Finalmente ayer ingresó al Congreso la carta de intención que el gobierno argentino firmó con el FMI para reestructurar la deuda de u$s 45.000 millones con el organismo. A partir de la comunicación del entendimiento alcanzado se puede hacer un análisis preliminar.

El déficit primario del gobierno nacional deberá reducirse de 3.1% del PIB en 2021 (excluyendo los DEGs recibidos por la ampliación del capital del FMI) a 2.5% del PIB este año con reducciones adicionales en cada año de modo tal de lograr el equilibrio primario en 2025 y un superávit en los años siguientes. Sin embargo, el esfuerzo fiscal del primer año es mayor al que sugieren estas cifras porque no estarán los ingresos extraordinarios que se obtuvieron el año pasado del aporte solidario (0.5% del PIB) y, además, porque el déficit del segundo semestre fue inusualmente alto como consecuencia del aumento en el gasto público en un año electoral.

Los subsidios a la energía son el rubro más notorio porque aumentaron 32% en moneda constante de 2020 a 2021, como consecuencia de la decisión de incrementar las tarifas menos del 10% en un año en que la inflación superó el 50%, pero la mayoría de los ítems que componen el gasto primario terminaron el año en un nivel superior al promedio, lo cual deja un arrastre complicado para la meta fiscal. Es posible entonces que la reducción del déficit primario necesaria para lograr la meta fiscal sea del orden de 2% del PIB y no del 0.6%.

Para lograr una reducción de esa magnitud y si además se quiere proteger a la inversión pública el Gobierno no tiene muchos "candidatos": subsidios al sector privado y transferencias corrientes a provincias. De allí que los aumentos planteados por los entes reguladores de 20% en las tarifas de electricidad y gas natural no hayan sido suficientes, incluso computando la segmentación por valor de las propiedades que aportaría sólo 0.08% del PIB. Parece que finalmente la segmentación será en tres grupos de consumidores: los que residen en propiedades con alto valor (un grupo incluso más amplio que el sugerido por los entes reguladores), los beneficiarios de la tarifa social que sólo pagarían el 20% de aumento y el resto de los consumidores que tendría un aumento mayor, del orden del 40%.

En cualquier caso, los subsidios probablemente suban como consecuencia de los shocks negativos al costo de la energía: sequía que reduce el aporte de las centrales hidro, reducción en las cantidades de gas natural importado de Bolivia por merma en la producción en ese país, y mayor precio del LNG agravado recientemente por la invasión rusa a Ucrania. Si bien habría alguna compensación en las cuentas del Tesoro por el mayor precio de los granos y oleaginosas que disparó el conflicto en Europa, sería mínima ya que las retenciones son como máximo un tercio del valor FOB mientras que el subsidio al gas es al menos 90% del precio de importación, medido respecto del combustible más caro que en definitiva es el que cerrará la brecha entre demanda y oferta.

Es curioso el análisis de una parte del oficialismo que cree que hay que evitar los aumentos de tarifas para sostener el consumo privado. En la medida en que no haya financiamiento externo (y lo poco disponible depende del acuerdo con el FMI) el déficit lo termina soportando alguien dentro de la Argentina: los que soportan el impuesto inflacionario y el crédito al sector privado que cae o no puede subir en términos reales cuando el Estado financia una parte del déficit en el mercado local de capitales.

En el caso de las transferencias corrientes a provincias las diferencias dentro de la coalición de gobierno respecto a la necesidad de acordar con el FMI y evitar el default pueden requerir mayores (en lugar de menores) pagos para "convencer" a los gobernadores del oficialismo a aportar los votos que se pierden por otros lados. Esto hace más difícil lograr un recorte en esta partida presupuestaria.

El efecto arrastre que hará que el PIB este año crezca respecto del año pasado aún sin crecimiento entre puntas también tiene un efecto similar en los ingresos del estado. Esto podría aportar alrededor de 0.5% del PIB de mayores ingresos tributarios para el Tesoro nacional.

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Además, el Gobierno pretende incrementar la recaudación por otras dos vías: aumento en la valuación fiscal de los inmuebles y mejoras en la administración tributaria. En ambos casos si hay algún efecto será en 2023 o en los años siguientes. Las valuaciones fiscales a los efectos de la recaudación del impuesto a los Bienes Personales de este año son las vigentes a fines de 2021. Y dicha valuación depende de los gobiernos provinciales. El gobierno nacional pretende acelerar la implementación de un catastro federal (que se aprobó en 2006) pero en el pasado algunas provincias optaron por aumentar alícuotas dejando la valuación atrasada para recaudar más de su impuesto inmobiliario sin que ello resultara en una suba similar en el gravamen a los bienes personales. Y las mejoras en la administración tributaria habitualmente demoran varios ejercicios en impactar en forma visible en la recaudación.

En resumen, las metas fiscales acordadas lucen difíciles de lograr para un gobierno enamorado del gasto público y con tendencia a hacer populismo tarifario.