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Obra pública, la 'vacuna' oficial para la crisis económica, los VIP y la elección

El Gobierno busca ajustar por estas horas los detalles finales para activar un nuevo plan de obra pública, el clásico caballito de batalla con el que se pretende revitalizar la economía luego de un 2020 que, según confirmó ayer el Indec, dejó como saldo una caída de la actividad estimada en el 10% anual, un dato duro aunque algo mejor que las proyecciones del FMI y el Presupuesto.

Se trata para la Casa Rosada de un movimiento económica y políticamente "estratégico", palabra a la que apeló ante la crisis desatada por el vacunatorio VIP para definir al personal que, pese a la escasez de dosis, fue inoculado contra el coronavirus antes de que se complete el calendario previsto para el personal sanitario, ancianos, personas con enfermedades preexistentes y docentes, entre otros.

Para la economía la puesta en marcha de la obra pública representa movilizar al sector de la construcción, el mayor generador de empleo del país, en particular el informal. Una actividad que, tras el precipicio al que la enfrentó la cuarentena, comenzó a dar señales de vida a fines del año pasado gracias a la puesta en marcha primero de proyectos particulares luego de algunas empresas, a los que ahora se pretende inyectar financiamiento a través de una ley de blanqueo de capitales y otorgar incentivos fiscales.

La demanda de insumos vinculados al mantenimiento y reparación de la vivienda significó una bocanada de oxígeno para la industria de la construcción, que podría acelerar sus motores en la medida en que una mayor cantidad de compañías reanuden paulatinamente sus obras en un contexto favorable, ya que según remarcan los especialistas, el costo en dólares de la construcción del metro cuadrado es el más bajo de los últimos 40 años. Sin embargo, no faltan quienes advierten que la demora en las aprobaciones de proyectos por la pandemia, la pérdida de poder adquisitivo del salario y la dificultad para acceder al crédito hipotecario representan obstáculos para la evolución de ese proceso.

En todo caso, el Gobierno buscará cubrir parte de esa carencia mediante el plan Pro.Cre.Ar. y el despliegue de obra pública en territorios donde generen mayor impacto, considerando que por delante no solo tiene la necesidad de aprovechar el rebote de la fuerte caída económica sino, también, la de virar el eje del debate que hoy lo consume ante la sociedad por la crisis de las vacunas y afrontar el desafío electoral de este año con una mejor perspectiva. Pero si pretende tener alguna chance de que eso suceda, será imprescindible transparentar los mecanismos de licitación, adjudicación, control y seguimiento de las obras que se pongan en marcha.

Hoy, con el veredicto que condenó a Lázaro Báez y parte de su familia por el lavado de dinero proveniente de la obra pública, la Justicia buscó evidenciar las consecuencias que puede acarrear no seguir esos pasos. Mostró el costo de una estrategia equivocada.

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