La presentación de la oferta para los acreedores tendrá dos tiempos. El mensaje del jueves fue político y fue facilitado por la ausencia de Axel Kicillof (resguardado por no saber a esa hora si era portador de coronavirus o no), ya que de esa manera Alberto Fernández pudo sentar a su lado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. No importó que la asistencia de los gobernadores no fuera perfecta. La imagen del dirigente del PRO con barbijo (obedeciendo las reglas que fijó para la Ciudad) le dio el contexto que faltaba: el apoyo opositor en medio de la emergencia que vive el país y el mundo por la pandemia.

El ministro Martín Guzmán estuvo a tono. La descripción de la propuesta careció de los detalles imprescindibles para evaluar su factibilidad. Los números que acompañaron sus palabras medían el ahorro esperado hasta 2025 en cantidad de respiradores artificiales, presupuestos de salud y jubilaciones.

Sin embargo, el segundo tiempo de este partido promete otros condimentos. El Palacio de Hacienda debe registrar ante la SEC (el ente regulador bursátil de Estados Unidos) las condiciones formales de la propuesta. En ese documento consignará hasta qué año propone pagar y si habrá un tratamiento uniforme o diferenciado para todos los bonos del canje.

Por lo pronto, se resolvió aplicar una quita de capital mucho más modesta de lo que especulaba el mercado. Todo el esfuerzo está puesto en reducir la curva de intereses de mediano y largo plazo. En la previa también se llegó a plantear ante los acreedores que el Gobierno aspiraba a un período de gracia aún mayor, de cuatro o cinco años. La repuesta recibida fue que iba a ser muy difícil de transmitir la idea de que Alberto Fernández no pagara un centavo de deuda en su mandato. Ese punto fue recogido: los pagos se reanudarían en 2023, el año de la próxima elección presidencial.

Esta decisión también ayudará a no crear una brecha con el FMI, que está dispuesto a refinanciar pero está impedido de aceptar quitas. De esta manera, el esfuerzo solicitado será homogéneo para todos.

Los economistas también plantearon que la carga de intereses que se propone pagar el Gobierno es baja (en torno a 0,6% del PBI), con lo cual el margen para la negociación que se abrirá durante los próximos 20 días abre posibilidades razonables de que la reestructuración sea consensuada.

Más allá de como siga la deuda tras esta oferta, hay una realidad que la Argentina tendrá que aceptar como inevitable. El margen para conseguir financiamiento voluntario para crecer será escaso. El país necesitará de todos sus recursos y el Estado tendrá que hacer buena letra porque necesitará alcanzar equilibrio primario. Y dependerá más que en el pasado del saldo comercial para conseguir los dólares que requiere la economía.