Con toda lógica, la atención del mundo inversor estará puesta en las próximas horas en la esperada sanción de la ley de Presupuesto 2026. El Gobierno está cerca de contar, por primera vez desde su asunción en 2023, con una norma que le permita definir y administrar recursos y gastos. Pero no será la única tarea que tendrá hoy el Senado, ya que en la lista entra el proyecto de Inocencia Fiscal, que ya tuvo media sanción de Diputados.
Su aprobación también tiene cierta urgencia, ya que las modificaciones que introduce al Impuesto a las Ganancias deben ser aprobadas antes del 31 de diciembre para que puedan aplicarse en el próximo año fiscal.
La iniciativa fue presentada en su momento con bombos y platillos por dos miembros del equipo que ya no están: Juan Pazo, quien dejó hace poco su silla de director de ARCA, y José Luis Espert, quien renunció a su banca de diputado en plena campaña por su reelección. El leit motiv de su lanzamiento era la chance que le daba a los contribuyentes de usar los dólares acumulados en el colchón, entre otros beneficios.
La fórmula aplicada para conseguir ese objetivo era invertir las reglas que hasta el momento debe seguir ARCA. Al adherir al régimen de declaración simplificada, los contribuyentes dejan de estar obligados a informar su evolución patrimonial del período. Eso implicaba declarar la ganancia, los bienes adquiridos y el consumo, con el objetivo de encontrar inconsistencias entre esas cifras.
La ley contempla que las declaraciones juradas de los contribuyentes del nuevo régimen sean elaboradas por ARCA, que solo mirará el consumo anual y restará las deducciones permitidas. Su sola presentación tiene un efecto liberador, a menos que aparezca una inconsistencia severa que habilite su impugnación. En este propósito está contenido el título de la ley: todos son “inocentes fiscales” hasta que ARCA demuestre lo contrario.
Para acompañar este paso, la norma también eleva los montos a partir de los cuales la DGI debe actuar ante un caso de evasión, quitándole la obligación de iniciar investigaciones por montos chicos. También reduce de cinco a tres años el plazo para que determinen deudas tributarias y habilita opciones de pago para resolver causas abiertas en el fuero penal tributario.
En su momento, el Gobierno intentó mostrar esta ley como una puerta para atraer los dólares depositados fuera del sistema. Una suerte de “gastá campeón”, ya que quien adhiera a las nuevas reglas va a tener oportunidad de usar esos recursos con más libertad y sin crear riesgos a futuro. No es un blanqueo, sino una invitación a entrar al “zoológico de ARCA”, con la promesa de que los sabuesos no te van a molestar.
En el fondo, el éxito de este planteo no se apoya en el diseño de la ley. Requiere, sobre todo, que se recupere la confianza en las instituciones y en que los beneficios no van a ser revertidos por una administración posterior. Conseguir que baje la evasión y la informalidad de la economía puede ser una señal de madurez que la Argentina no mostró en décadas. Pero va a llevar años.
