La vida democrática supone la representación de todos los sectores de la población. Así, mientras el Poder Ejecutivo representa la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, el Legislativo encarna a todos los sectores, incluidas las minorías. En tanto el rol del Poder Judicial se centra en garantizar y velar por el cumplimiento de la legislación y con ella la representación de los intereses, sean colectivos o individuales. Bajo esa misma impronta, la República se asienta en el principio de división de poderes: un sistema de frenos y contrapesos en base al cual los tres poderes del Estado se controlan mutuamente en el ejercicio de sus facultades, sin intervenir ni suplir la función inherente a cada uno. Todos los órganos de los restantes poderes subsumen su actividad al control judicial. Los tres poderes del Estado ejercen sus funciones en coordinación en pro del fortalecimiento institucional de la República. Sin embargo si uno de ellos es influido y forzado por la voluntad de otro, no existirá representación plena. Este juego de frenos y contrapesos del sistema democrático es elemental. De ahí la importancia de contar con un poder judicial independiente, tal como ha sido recibido en el derecho internacional, que en distintos instrumentos garantiza su independencia , imparcialidad, estabilidad del salario y autonomía financiera e inamovilidad. La estabilidad de los cargos hace al mejoramiento del sistema judicial en cuanto supone la adquisición de experiencia por parte de los jueces y elimina la posibilidad de designación ad hoc de magistrados y funcionarios. En este sentido, la remoción deberá obedecer a causas relacionadas con el mal desempeño, la incapacidad e imposibilidad. Sin embargo desde 1983, las dificultades que atraviesa la consolidación de la calidad democrática, en gran medida derivan de la desproporcionada injerencia del Poder Ejecutivo en desmedro de los otros poderes, en particular en la libertad de acción del Poder Judicial. Nadie quiere mantener los privilegios que el régimen especial actual garantiza a los magistrados o funcionarios del servicio exterior de la Nación. No estamos de acuerdo con que las jubilaciones de los magistrados estén tan escandalosamente por encima del promedio de los aportantes argentinos. Para reparar esto se requiere una reforma integral, que no parece ser esta, la que deja expuesta una clara intención de atropellar a un Poder del Estado para poder, a futuro, manejarlo a su antojo complementando la mitad de su composición con jueces a medida. De nuestro bloque surgió la ley que eliminó las jubilaciones de privilegio a los Legisladores nacionales en el 2002 y que Duhalde mantuvo para el Poder Judicial. Siempre hemos reclamado el pago del Impuesto a las Ganancias para todos los sectores. Pero no somos ingenuos. No tenemos poder suficiente para impedir este atropello, pero sí tenemos autoridad para denunciarlo. No seremos cómplices de garantizar la impunidad de quienes aún deben dar explicaciones a la sociedad argentina en su conjunto. Sé que en la Justicia hay muchos jueces y funcionarios probos. No vengo a defender a aquellos jueces que no pueden justificar sus bienes, que duermen causas, que no avanzan en la búsqueda de justicia, o que son cómplices con sus distracciones. Vengo a defender un poder del Estado que está siendo avasallado con distintas medidas desde el Poder Ejecutivo: desarticulación de Programa de Testigos; propuesta de intervención del poder judicial de la provincia de Jujuy, el cuestionamiento de las prisiones preventivas en casos de corrupción, y ahora, esta reforma jubilatoria con la cual podemos estar de acuerdo en su espíritu, pero no en su texto, que lo único que hará es generar una diáspora masiva y lograr una justicia adepta. Lo que esta ley generará ya lo hizo Cámpora en 1972, provocando que muchos jueces se jubilaran (entre esos mi padre que fue 28 años juez laboral); lo hizo Menem en el ´91 con esta ley que hoy se busca modificar y lo hace ahora el kirchnerismo. El peronismo nos demuestra una vez más que no sabe gobernar si no es con emergencia económica y una justicia adicta. Desde estas bancas seguiremos bregando atentamente por el respeto institucional. (*) Diputada nacional por la Coalición Cívica ARI.