OPINIÓN

La salud no tiene precio, pero tiene costos

No es posible tener un sistema de prestaciones privada si el mismo no tiene rentabilidad

El sistema está al borde de colapso total. La nueva realidad económico-sanitaria profundizo más la crisis que nuestro sector venia padeciendo desde hace años. La pandemia, que nos afecta hace más de un año y medio agravó aún más la crisis y de no tomar medidas en lo inmediato muchas de los prestadores privados del país cerraran sus puertas. Al menos nueve clínicas privadas han cerrado en el conurbano en época de pandemia; sin ir más lejos, el viernes se anunció el cierre de la única clínica privada en la localidad de San Pedro, provincia de Buenos Aires.

Hace más de 20 años el sector viene protegido por un paraguas protector como es la Ley de Emergencia Sanitaria, la cual ha permitido que la mayoría de los prestadores privados no hayan sido embargados por deudas, la mayoría impositivas, en muchos casos millonarias e impagables. Las instituciones privadas se han financiado hasta ahora con esto, pero ya ni con eso alcanza para evitar el cierre masivo que puede ocurrir.

El aumento injustificado de ciertos insumos, muchos de ellos que no responden ni siquiera a la alta inflación ni al precio del dólar, por ejemplo, el Midazolam Amp. que en febrero del 2020 costaba $ 29,50 y hoy no se consigue menos de $ 541,25 es decir un 1643% más caro o el Fentanilo que en febrero 2020 salía $ 29 y hoy se paga $ 387, un 1234% de aumento. Hago referencia a estas drogas ya que el 22 de abril de este año el gobierno firmó un acuerdo con la industria farmacéutica en la cual le ponía precios máximos a 5 medicamentos utilizados en pacientes asistidos en Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM). Este acuerdo agravó aún más la situación de los privados, que veníamos pagando un 90% menos en el caso del Midazolam o un 47% menos en el caso del Fentanilo.

En los últimos años el sector ha sufrido producto de la inflación una desactualización generalizada en todas las prestaciones que se brindan tanto a la seguridad social como a la medicina prepaga. ¿Qué significa esto básicamente? que nuestro sector no es formador de precios y dependemos de los aumentos que nos dan los distintos actores que interactúan en nuestro sistema de salud (Obras Sociales Nacionales, Provinciales, de seguridad, sindicales y Medicina Prepaga), consideramos que los precios de las distintas prestaciones están desfasados más de un 50%.

Lamentablemente en estos días el sector privado de la salud en la argentina se encuentra en conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de trabajo ya que se encuentra vencida la paritaria 2021 y no habiéndose llegado a un acuerdo entre los distintos sectores firmantes, el sindicato dispuso medidas de fuerzas para el 1 y 2 del corriente mes, por lo cual el Ministerio dispuso dicha medida.

Al respecto cabe aclara que nuestra Cámara no está en desacuerdo en que los distintos trabajadores encuadrados en CCT 122 del gremio de la sanidad y que abarca a todos los trabajadores en relación de dependencia de los prestadores privados del país tenga el aumento porcentual necesario que equipare mínimamente la inflación anual que estipulamos estará por encima del 50%.

Pero si no hay una actualización de las distintas prestaciones que se han ido desactualizando a través de los años es inadmisible seguir atendiendo pacientes por $ 600 / $ 700 las consultas ambulatorias cuando un kilo de helado sale $ 1200. La cápita de Pami de II nivel se paga menos que un kilo de helado por abuelo mensuales, el IOMA solo actualizo el 10% en todo el 2020 y tiene previsto un 38% para el 2021.

Las obras sociales sindicales no han reconocido ni siquiera lo que la mayoría han conseguido con la cláusula gatillos que les garantizaba llegar al índice de inflación. Eso sí, a muchas les obligan dar salud por $ 1409 mensuales como ser a los monotributistas, al cual le tienen que dar al igual que los beneficiarios en relación de dependencia un PMO que cada vez es más grande y sobre todo los distintos sectores financiadores de la salud que interactúan en el país se tienen que hacer cargo de la judicialización de reclamos que en muchos casos la Superintendencia de Servicio de Salud a través del programa SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.), el cual retiene a todas las Obra Sociales sindicales y Medicina Prepaga entre el 10 y el 15% para apoyar financieramente a los Agentes del Seguro de Salud en el reconocimiento de las prestaciones médicas de baja incidencia, alto impacto económico y las de tratamiento prolongado, no reconoce dichos gasto por no estar dentro del menú reasegurado, generando en los distintos financiadores graves quebrantos.

Cuando los medios hablan de estatización del sistema de salud, nosotros decimos que de no haber una ayuda del Estado a través de subsidios que permitan el pago de parte de los salarios de los distintos trabajadores del sistema de salud privada, de la misma forma que el estado lo hace con los colegios privados, por ejemplo, hasta tanto se fijen valores mínimos de las prestaciones básicas y una actualización automática. De esta manera se permitirá tener un sistema con la rentabilidad sostenida en el tiempo, que permita reinvertir a través de la actualización de equipamiento e infraestructura.

La salud no tiene precio, pero sí tiene costos y no es posible tener un sistema de prestaciones privada si el mismo no tiene rentabilidad. El problema de nuestro sector básicamente radica en que no somos formadores de precios y de no revertirse eso se seguirán cerrando instituciones privadas.

Por otro lado, respecto a la reforma del sistema de Salud considero que habría que realizarla en algún momento, pero no están dadas las condiciones políticas para que la misma salga por consenso, por lo que considero que de hacerse ahora sería un fracaso.

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